Tijuana y San Diego son ciudades profundamente interconectadas, con miles de personas cruzando la frontera diariamente para fines laborales, educativos y comerciales. La dinámica que se produce en el sector socioeconómico y cultural ha formado una identidad transfronteriza que abre un panorama amplio para abordar de forma colaborativa los retos en común y que van más allá de los límites geopolíticos.
Sin lugar a duda, la educación es un pilar crucial para fortalecer la cooperación binacional y fomentar el desarrollo positivo en ambos lados de la frontera. Con ella, es posible propulsar la competitividad de nuestros talentos y generar resultados en beneficio de toda la ciudadanía de la región transfronteriza.
Ciertamente son bastantes las y los tijuanenses que expresan un marcado interés en estudiar en San Diego, gracias a la calidad de sus programas de estudio y a la posibilidad de obtener un mejor ingreso al concluirlos. Lamentablemente, el escenario resulta sustancialmente complicado cuando no son residentes del estado de California.
Según datos del Immigrant Legal Resource Center, en los colegios comunitarios de California, un estudiante residente californiano de tiempo completo llega a pagar un monto aproximado de $312 dólares por semestre en cuotas de matrícula; mientras que, un no residente aún siendo ciudadano, cubre costos de alrededor de $2,592 dólares. Todo esto sin contar costos de vivienda y transporte que aumentan el gasto significativamente.
La situación se torna todavía más desafiante para los estudiantes sin ciudadanía estadounidense. En su caso, la posibilidad académica en San Diego depende de un extenso proceso para obtener una visa de estudiante, aunado a los gastos mencionados anteriormente y a los largos tiempos de espera para cruzar de un país a otro, en ambos sentidos.
Es evidente que estudiar en Estados Unidos no es una opción sencilla, pues engloba múltiples implicaciones procesales y financieras para su acceso. Y a pesar de los esfuerzos emprendidos por las instituciones educativas competentes, hasta la fecha no existe una alternativa enteramente viable que permita a las y los tijuanenses acceder a la educación en San Diego.
Algunas instituciones han mostrado avances con programas colaborativos, como el establecido entre la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la University of California San Diego, que han firmado acuerdos para promover el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes con el objetivo de desarrollar programas de investigación conjuntos. Permitiendo así, robustecer el ámbito de la investigación sobre los asuntos acontecidos en la región y la articulación de medidas idóneas de solución.
Pese a estos y otros esfuerzos, aún prevalece un grado importante de marginación y ausencia de oportunidades para las y los tijuanenses, especialmente para el sector estudiantil de bajos ingresos. De ahí nace la imperativa necesidad de diseñar políticas para garantizar los principios de igualdad y de equidad en la educación y la precisión de mantener la perspectiva de que la región transfronteriza requiere del trabajo binacional para asegurar un desarrollo recíproco.
Impulsar el talento es sembrar en tierra fértil para cultivar profesionales con preparación, con ello daremos un gran paso para el crecimiento económico y el progreso en mejores condiciones de vida en la frontera. N
