La mañana de este sábado, integrantes del Colectivo “Buscando personas, verdad y justicia” y del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) acudieron a las instalaciones del velódromo del Complejo Tres Centurias de Aguascalientes para llevar a cabo una brigada de búsqueda de sus seres queridos que se encuentran en calidad de desaparecidos desde hace más de cinco años.
Lo anterior, luego de que hace varios días los familiares recibieron información, fotografías y más indicios de que en una zona del complejo deportivo –que en la anterior administración estatal fungió como pensión para los vehículos de la Fiscalía General del Estado- podría haber restos de personas desaparecidas de Aguascalientes y Jalisco en el periodo de 2010 y 2015.
Con la esperanza de encontrar indicios sobre sus seres queridos, los familiares y activistas rodearon un pozo soldado en su parte superior de láminas de acero oxidado, pero que por unas rendijas se pudo ingresar una cuerda, calculando la profundidad en más de 50 metros.
Por lo anterior, se informó al servicio de emergencias 911 para que al lugar pudieran acudir los bomberos y elementos de Protección Civil, con maquinaria y equipo especializado para poder retirar la superficie de acero y descender hasta el fondo del pozo.
Minutos después comenzaron a llegar al lugar elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal e incluso varias unidades de la Guardia Nacional, quiénes acordonaron el lugar para preparar la zona que se iba a intervenir.
Pronto, los minutos se volvieron horas y no llegaban al lugar los bomberos ni los elementos con la maquinaria necesaria para iniciar los trabajos de búsqueda.
Únicamente arribaron al lugar agentes del ministerio público de la Fiscalía General del Estado, quiénes comenzaron a realizar observaciones con linternas Spotlight de alto alcance, para luego tomar fotografías y alejarse del lugar sin dar información a los familiares y activistas sobre lo que habían observado.
Pasado el mediodía, el comportamiento de los elementos policíacos, que en un inicio había sido de acompañamiento y empatía, se modificó al extender el cordón de seguridad hasta el acceso al estacionamiento, alejando así a los medios de comunicación a más de 50 metros de distancia del lugar donde se realizaría la búsqueda, advirtiendo que en caso de no acatar la medida no se iniciarían las labores, a pesar de que hasta ese momento tampoco habían llegado los bomberos con el equipo de rescate.
Tras tras tensas discusiones, jaloneos y empujones entre los policías municipales y los medios de comunicación, se desalojó la zona, dejando al interior únicamente a los familiares de las personas desaparecidas.
En ese instante se presentó en el lugar un particular de nombre Salvador López, quien dijo ser el director administrativo del Velódromo Aguascalientes, quien ordenó que las corporaciones policíacas se fueran del lugar, ya que se trataba de una “propiedad privada” a la que no tenían acceso para ingresar y realizar los trabajos de búsqueda.
Lo anterior, a pesar de que el velódromo es una infraestructura pública, dependiente del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), y de que durante la semana se informó al secretario general de gobierno del Estado, Juan Manuel Flores Femat, y a la Fiscalía General del Estado sobre la realización de los trabajos de búsqueda en la zona.
Al tiempo que desalojaban a los medios de comunicación, el presunto funcionario público afirmó a los familiares que si decidían quedarse ya no se les dejaría salir, por lo cual tuvieron que suspender la brigada de búsqueda que se tenía proyectada para este día.
Por lo anterior, la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), Violeta Sabás Díaz de León, informó que se presentará una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEA) por las vulneraciones que se tuvieron por parte de las instituciones policíacas y de procuración de justicia para permitirles realizar las acciones de búsqueda.
Asimismo, la integrante del observatorio, Mariana Ávila Montejano, advirtió sobre el riesgo que existe de que los presuntos indicios del lugar puedan ser manipulados por terceras personas, ya que se retiró el cordón de seguridad que habían establecido los elementos policíacos para proteger el pozo que se iba a intervenir.
“La autoridad quiere trabajar de manera ilegal, o no sabemos lo que esté ocultando, porque se retiraron y no van a continuar labores hasta que nosotros nos retiremos, entonces al no haber condiciones para nosotros nos vamos a retirar en este momento y vamos a exigir la búsqueda e investigación en este espacio”, concluyó.
Hasta el término de esta redacción, ni la Fiscalía General del Estado ni el Gobierno Estatal se han pronunciado al respecto.
