Esta semana los legisladores discutirán a profundidad el paquete económico del nuevo gobierno por un monto de 5.8 billones de pesos, que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. El proyecto de presupuesto se presenta conjuntamente como cuestión pública y empresa social. Pública porque propone gastar más sin aumentar impuestos o introducir nuevas tributaciones, y social porque acentúa el trabajo, el capital humano y el bienestar de la población. En las sociedades contemporáneas resulta indispensable que el Estado establezca los medios necesarios para enfrentar las graves problemáticas derivadas del desempleo y la exclusión social, resaltando el apoyo a los jóvenes y adultos mayores.
La política económica del presidente López Obrador propone, de un lado, aumentar el gasto en inversión (Tren Maya, infraestructura carretera del sureste, reconstrucción por los sismos y reconfiguración de refinerías), y del otro, reducir las abultadas percepciones salariales de los denominados órganos autónomos (INE, INAI, CNDH, entre otros), así como del Poder Judicial (SCJN y TEPJF). Se observan importantes modificaciones al denominado Ramo 23 que en el pasado servía para canalizar enormes cantidades de dinero público, con escasa transparencia, hacia los estados, como una manera de control y disputa entre el poder presidencial y el de los gobernadores. En este punto se anticipan confrontaciones porque los dineros públicos canalizados a las entidades federativas serán supervisados por los comisarios políticos designados por el nuevo gobierno.
Aunque se reduce el presupuesto para la Secretaría de Marina y la PGR, que se convertirá en Fiscalía General de la República, se incrementa notablemente el de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispondrá de 93.6 mil millones de pesos con miras a la creación de la Guardia Nacional. Para seguridad nacional se contemplan 2.4 mmdp; para orden público y seguridad interior, 34.2 mmdp, para prevención del delito, 27.8 mmdp y para el Sistema Penitenciario 16.8 mmdp. Lamentablemente, sufrirán reducciones: cultura, ciencia y tecnología (20%), medio ambiente y recursos naturales (32%) y función pública —vital en el combate a la corrupción— (27%). Resalta la perspectiva optimista de las variables adoptadas: tipo de cambio (20 pesos por dólar), inflación esperada (3.4%), precio promedio de barril de petróleo (55 dólares) y tendencias de crecimiento económico (2%) en un contexto de creciente inestabilidad financiera internacional. De estos indicadores depende el tamaño de la deuda y los ingresos para el año fiscal que inicia.
El presupuesto 2019 proyecta una reforma del Estado de Bienestar vigente que otorga especial consideración a los intereses de los grupos más pobres del país. Se orienta a producir innovaciones en las políticas públicas y mayores oportunidades para la población. Una sociedad civil virtuosa, amante del interés general, requiere de participación e instituciones que la alimenten. Atender los problemas de marginación y pobreza quiere decir crear nuevas formas de solidaridad. Por tal motivo, las políticas sociales deben sustentarse en finanzas públicas sanas donde la principal cuestión no es económica o moral, sino política, es decir, pública. Dicho presupuesto hace referencia al futuro que deseamos construir, y en momentos de austeridad, debe realizarse no a través del lente ideológico-partidista sino desde la perspectiva del interés colectivo y en beneficio de México.
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