Con 20 votos a favor, el Congreso del Estado de Aguascalientes designó a Luis Enrique Pérez de Loera como persona titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), cargo que desempeñará por un periodo de cuatro años, del 16 de enero de 2026 al 15 de enero de 2030.
Luego de su toma de protesta, el presidente electo defendió su perfil y rechazó que exista un conflicto de interés derivado de su trayectoria dentro del servicio público, al señalar que la función de la CEDH es la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a las figuras de poder.
“Un conflicto de intereses no lo encuentro; el proceso es el mismo y la intención es la misma: defender al ciudadano en sus derechos contra el poder”, expresó.
Pérez de Loera destacó que su experiencia en materia de derechos humanos se consolidó durante su paso por la Dirección de Asuntos Internos del municipio de Aguascalientes, área en la que, dijo, la atención a posibles abusos de autoridad formaba parte de su labor cotidiana.
“Durante los seis años que estuve en Asuntos Internos fue mi comida diaria. La atención a los derechos humanos contra las figuras de poder; en ese momento era la policía municipal y ahora serán todas las demás instituciones”, señaló.
De acuerdo con su perfil curricular, Pérez de Loera cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad La Concordia (Aliat) y actualmente se desempeña como director general jurídico en la Secretaría de Desarrollo del Estado, cargo que ocupa desde marzo de 2023. Asimismo, ha ocupado distintos puestos dentro de la administración municipal, principalmente en áreas de control interno y servicios públicos.
Previo a la designación, la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), defendió el proceso y rechazó que la elección comprometa la autonomía de la CEDH.
“Desacreditar a alguien antes de saber cómo va a trabajar no es de alguien que crea en los derechos humanos. Hay que darle oportunidad a quien gane, sea hombre o sea mujer”, señaló.
Sobre los cuestionamientos relacionados con una posible filiación partidista, la legisladora sostuvo que el criterio principal debe ser la capacidad y trayectoria de la persona designada.
“Yo iría más por un tema de capacidad y de lo que ha hecho en donde ha estado. La militancia no define el trabajo de una persona en un cargo como este”, afirmó.
