La CIDH instaló este martes un grupo de expertos que investigará violaciones a los derechos humanos en la ola de violencia que deja más de 220 muertos en Nicaragua, en dos meses y medio de protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“Nuestro compromiso es con las víctimas más allá de quienes son los perpetradores”, dijo el italiano Amérigo Incalcaterra, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al leer un comunicado en una sesión pública.
La escalada de violencia que vive Nicaragua desde hace dos meses y medio por la represión a las protestas deja entre 220 y 309 muertos, la mayoría hombres y jóvenes, informaron este martes diferentes organizaciones de derechos humanos.
Según un informe preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), entre el 18 de abril, cuando iniciaron las protestas, y el 2 de julio, se registran 309 muertos, de los cuales 288 están confirmados con nombres, aunque en proceso de verificación de sus familiares.
Los restantes no han sido identificados, según el organismo.
La ANPDH reporta más de 1.500 heridos, 158 secuestrados por grupos paramilitares, 246 civiles excarcelados tras ser detenidos en las protestas y 20 policías liberados de manos de los manifestantes.
Por otro lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) coinciden en contabilizar 220 muertos en las protestas, y tienen una docena más en proceso de verificación.
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De acuerdo con la ANPDH, al menos 24 personas murieron la última semana, “lo que preocupa profundamente”.
“Miramos que la seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis, sin control”, dijo el secretario de ANPDH, Alvaro Leiva, en rueda de prensa.
Señaló que de los 309 muertos reportados por su organismo, 122 son jóvenes de 18 a 30 años y 25 menores de 17 años.
El informe indica que 81% de las víctimas murió por impacto de bala en la cabeza, cuello, tórax y abdomen, y el resto por morteros, arma blanca u otras circunstancias.
A juicio de Leiva, las muertes por la represión reflejan que “no hay voluntad política del Estado por respetar los derechos humanos de los nicaragüenses”.
“Esperamos que el Estado tome conciencia de lo que está sucediendo, tiene que comprender que no es una isla y que debe presentar su justificación sobre todas estas muertes a la comunidad internacional”, dijo Leiva a la AFP.
Consideró que la policía y el ejército tienen la responsabilidad de desmantelar a los grupos parapoliciales, antes de que éstos se salgan de control de las autoridades.
Si no lo hacen “lo vamos a lamentar después cuando veamos más muertes”, advirtió.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes medidas cautelares a 13 directivos y activistas de la CPDH, incluido su secretario ejecutivo, Marcos Carmona.
“La CIDH dispuso medidas cautelares porque hemos estado constantemente asediados y amenazados de muerte por nuestro trabajo”, dijo Carmona a la AFP.
(Con información de AFP).
