El transporte público en Aguascalientes está colapsado. De ello podríamos recibir innumerables testimonios.

Un usuario, a las seis de la mañana, esperando una saturada ruta 50; una persona discapacitada contando los pesos que le permitan abordar un taxi para llegar al hospital, mientras impasible contempla las unidades que no se dignan a levantarlo; un estudiante de tecnológico soportando el hambre para resguardar los 15 pesos que le habrán de asegurar un asiento en la combi; habitantes del oriente esperando por horas un taxi que, debido a la inseguridad, no habrá de ruletear en esas calles; un chofer con jornadas de más de doce horas diarias sin seguridad social; operadores de taxi que por más de 30 años han esperado una concesión y que, aún hoy, debajo de sus canas, arrugas y lágrimas, albergan la esperanza de recibir ese “patrimonio” para dejar “aunque sea algo” a su esposa o hijos. Un patrimonio que, dicho sea de paso, pertenece al estado y no a los particulares.

Ya no hablemos de las condiciones de las unidades, sus horarios, la incapacidad para atender a personas con discapacidad o de la displicencia con la que las autoridades permiten que las unidades circulen fuera de norma, que se violenten los derechos laborales de los operadores y que el sistema de transporte público incumpla con la normatividad.

No es extraño que el transporte sea siempre un tema en la agenda política. Quienes siguieron las campañas gubernamentales en 2016 pudieron darse cuenta que fue uno de los aspectos más abordados. En mayor o menor medida, se volvió un tema de agenda para todos los candidatos, con excepción de la del Revolucionario Institucional por una razón era muy sencilla: el gobierno estatal, emanado de su partido, había pasado su administración sin mostrar la más mínima intención de mejorar el sistema de transporte.

Nosotros decidimos dar el primer golpe. Habilitamos el Todxs Bus, un camión que circulaba por las principales vialidades de la capital brindando traslado gratuito a estudiantes y a quien decidía subirse a él. Ello servía para difundir una de nuestras propuestas de gobierno: la gratuidad en el transporte público para estudiantes, lo cual representaría un apoyo directo para la economía familiar (sin ningún intermediario y sin costos de operación), pues los hogares más vulnerables llegan a destinar hasta el 40 por ciento de sus ingresos mensuales al transporte.

Días después, el equipo de Acción Nacional asestó otro golpe, mucho más mediático y -debo decirlo- bastante menos costoso: presentó las unidades que, dijo, circularían en Aguascalientes tras el triunfo de su candidato.

Desde entonces, el enfoque y la visión quedaron claras: uno ponía el acento en el sentido social del transporte público; el otro, en su modernización.

En el mensaje de toma de protesta del gobernador escuché con gusto y cierto asombro ideas con profundo sentido social. Muchas de sus líneas, por su contenido, parecían dichas por nosotros, lo que reforzó en nosotros la creencia –que el ciudadano habrá de juzgar – de que habíamos ganado en el discurso y la agenda de gobierno.

Con mayor gusto escuché que el transporte público sería un tema prioritario del gobierno del estado. Tardó un año en llegar al Congreso la propuesta de gobierno para crear la Ley de Movilidad, pero del dicho al hecho hay mucho trecho: no es lo mismo el mensaje que el programa de gobierno. Eso lo hemos entendido a cabalidad durante los cinco meses que nos ha llevado analizar la ley y fortalecerla.  

La propuesta del Ejecutivo, que se han encargado muy bien de difundirla, tiene una clara comprensión del problema y la decisión de modernizar el sistema de transporte. Entiende (aunque ya no se percibe claridad en las acciones delineadas) que el sistema de movilidad debe priorizar al peatón y al ciclista, dejando en última instancia al vehículo particular, así como que el transporte es un derecho primario, del cual depende el ejercicio de otros esenciales, como la salud o la educación.

En estos meses de análisis, los diputados hemos tenido la oportunidad de compartir impresiones y retroalimentar la ley con usuarios del transporte, concesionarios, trabajadores, organizaciones civiles, estudiantes y los que serán los encargados de ejecutar la ley, los integrantes de la recién creada Coordinación de Movilidad.

Han sido muchas las reuniones, varias de ellas complicadas, pues se han confrontado las visiones por la modernización y el sentido social del transporte –no siempre complementarios. Tras ello, y habiendo concluido ya la cuarta parte de la administración estatal, y a unos meses de concluir la actual legislatura, estamos en condiciones de presentar ante el pleno una fortalecida Ley de Movilidad que está en condiciones de enfrentar los grandes retos del transporte, sin dejar de entender que una cosa es lo plasmado en la ley y otra la ejecución.

Con gran muestra de apertura de los demás diputados y los representantes de gobierno, logramos nutrir en múltiples aspectos la Ley, con la convicción que tenemos de garantizar la visión social en el transporte. Son muchos los aspectos y tendremos la oportunidad de mencionarlos posteriormente a mayor detalle. Por el momento, y todavía sin cantar victoria (pues aún falta que el pleno la apruebe), mencionaré brevemente tres aspectos esenciales que contiene el dictamen que habrá de ser sometido a votación de los 27 diputados.

• Seguridad social para los operadores. La normatividad sobre seguridad social es muy amplia y estricta, sin embargo no se ejecuta. Los trabajadores del transporte público en Aguascalientes carecen en gran medida de este derecho. Nuestras estimaciones son que cerca del 70 por ciento de los operadores de urbanos cuentan con este derecho, mientras que son menos de la tercera parte los que lo gozan en el taxi y la combi. Nuestras modificaciones a la Ley de movilidad refieren a los derechos garantizados en la Ley Federal del Trabajo (materia que desde lo local no podemos modificar), pero condiciona su cumplimiento para que los titulares puedan contar con su concesión.

Para que un solicitante pueda adquirir su concesión, tendrá que mostrar el alta de sus trabajadores ante el Seguro Social. También deberá hacerlo en el pase de revista anual, cuando pretenda renovar su concesión o cuando haya una denuncia de por medio. Si incumple con este requisito será amonestado, posteriormente suspendido y a la tercera infracción perderá su concesión.

• Tarifas preferenciales. Las familias más vulnerables destinan hasta el 40 por ciento de sus ingresos en el transporte público, lo cual se agrava en tres sectores: estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Las modificaciones a la propuesta del ejecutivo continúan garantizando que estos grupos cuenten con el 50 por ciento de descuento en el servicio de camiones urbanos y combis. Ello representa un fuerte y trascendental crecimiento en las zonas en las que los urbanos no llegan y que muchas de ellas coinciden con las áreas más desprotegidas del estado.

Aunado a ello, se crea un fondo estatal para que se puedan entregar tarifas preferenciales extraordinarias a las personas -ya no grupos- más necesitadas del estado. Estas tarifas podrán ir hasta el 100 por ciento de descuento en el pasaje. En cuanto al servicio de taxi, bajo la coordinación del DIF, los concesionarios tendrán la obligación de otorgar viajes gratuitos de asistencia para adultos mayores y personas con discapacidad, teniendo un tope de hasta 40 mil viajes de asistencia al mes en el estado.

• Observatorio ciudadano y sistema de denuncias. Se considera la conformación de un observatorio ciudadano, integrado por cinco representantes de Instituciones de Educación Superior en el Estado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, tres representantes de los estudiantes, tres de organizaciones empresariales y tres de organizaciones no gubernamentales. El observatorio tendrá la facultad de diseñar, junto con la Coordinación de Movilidad, el sistema de denuncias de los usuarios; podrá requerir la información que considere necesaria sobre el transporte público, auditar con expertos externos la propuesta de tarifa técnica (los costos del servicio) que sirve de base para el establecimiento de la tarifa que los usuarios pagan y podrá denunciar ante la Contraloría del Estado a los servidores públicos que no estén desempeñándose adecuadamente.