Tras la admisión de la acción de inconstitucionalidad por parte de la La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto 168, —que permite la construcción de dos plantas desalinizadoras en Baja California—, el gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid, confirmó que los proyectos siguen en marcha.
Los 11 diputados estatales que promueven esta acción de inconstitucionalidad argumentan violaciones al proceso legislativo en la sesión extraordinaria del 1 de diciembre, donde se aprobó el dictamen número 95, de la Comisión de Hacienda, publicado como decreto 168 en el Periódico Oficial del Estado.
Ante el proceso de revisión, el gobernador de Baja California dijo que aceptará la resolución definitiva de la SCJN.
“Ahora tenemos que esperar cuál va a ser el fallo definitorio de la Suprema Corte de Justicia, y el que sea, tendrá que ser respetado”, dijo Vega de Lamadrid.
El documento aprobado en el congreso de Baja California el 1 de diciembre, —con 13 votos, 12 del PAN y uno del PRD— compromete a los bajacalifornianos con un crédito para seis obras de Asociación Público Privada (APP) por 558 millones de pesos.
“Con la conciencia tranquila de que lo que estoy haciendo es lo que Baja California necesita para seguir siendo un estado con salud, competitivo, atractivo a la inversión y generador de empleos”, expresó el gobernador sobre la admisión de la acción de inconstitucionalidad por parte de la SCJN.
Los 11 legisladores que firmaron la solicitud ante la SCJN contra los proyectos promovidos por el gobernador, son:
- Víctor Manuel Morán Hernández y Catalino Zavala de Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
- Alejandro Arregui, Bernardo Padilla, Blanca Patricia Ríos, Marco Antonio Corona y Edgar Benjamín Gómez del Partido Revolución Institucional (PRI)
- Luis Moreno Hernández, del Partido Encuentro Social (PES)
- Josefina Agatón, del Partido del Trabajo (PT)
- Jorge Eugenio Núñez del Partido de Baja California (PBC)
- Miguel Antonio Osuna Millán del Partido Acción Nacional (PAN)
Además de las plantas desalinizadoras de Rosarito y San Quintín, el proyecto del gobernador contempla una planta potabilizadora en Tecate, infraestructura para la Policía Estatal Preventiva (PEP), un edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y un sistema de pluviales en Mexicali.
