España exige a Airbnb retirar 66,000 anuncios por incumplir la normativa de alquiler turístico.
El Ministerio de Consumo intensifica la lucha contra la crisis de vivienda y advierte que “no hay excusas para no actuar”.
El gobierno de España ha ordenado a Airbnb bloquear casi 66,000 anuncios de alojamientos vacacionales por no cumplir con la legislación vigente, en un movimiento sin precedentes en medio de la creciente crisis de vivienda que afecta al país. Según informó el Ministerio de Consumo este lunes, muchos de los anuncios retirados no incluían el número de licencia obligatorio o presentaban datos incorrectos sobre los propietarios.
En total, se trata de 65,935 alojamientos publicados en la plataforma, de los cuales 5,800 serán eliminados de forma inmediata, según confirmó el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
“Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda. Deben actuar, no hay excusas para no actuar”, sentenció el ministro durante una comparecencia ante los medios.
CRISIS DE VIVIENDA QUE MOVILIZA AL GOBIERNO Y CIUDADANÍA
El anuncio del gobierno español se produce en un contexto de tensión social creciente por el alza en el precio de la vivienda y los alquileres, que muchos atribuyen a la proliferación de pisos turísticos. En ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y destinos turísticos costeros, miles de ciudadanos han salido a protestar contra lo que consideran una “turistificación” que encarece y restringe el acceso a la vivienda habitual.
Según el Ministerio, varios de los anuncios afectados no detallaban si el alojamiento era gestionado por particulares o por empresas, mientras que otros incluían números de licencia falsos o no registrados oficialmente. Además, subrayan que Airbnb fue notificada previamente sobre estos incumplimientos, pero optó por apelar la medida judicialmente.
AIRBNB RESPONDE Y ANUNCIA APELACIÓN
La plataforma digital respondió a la decisión mediante un portavoz, afirmando que apelará la orden y cuestionando la autoridad del Ministerio para dictaminar sobre los alquileres de corta duración. Según la compañía, el gobierno ha utilizado “una metodología indiscriminada” que incluyó anuncios que —aseguran— no requieren licencia para operar.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio recientemente la razón al Ejecutivo, lo que avala la actuación del Ministerio de Consumo y marca el inicio del proceso de eliminación de los anuncios ilegales. El gobierno ha anticipado que emitirá dos órdenes adicionales para completar la retirada de las cerca de 66.000 publicaciones infractoras.
BARCELONA Y OTRAS CIUDADES TOMAN DRÁSTICAS MEDIDAS
España no es el único país europeo en endurecer su postura frente al fenómeno Airbnb, pero sí uno de los que ha avanzado más en regulaciones municipales. Barcelona, por ejemplo, anunció en 2023 un plan para eliminar todos los 10,000 apartamentos con licencia turística en la ciudad para el año 2028, con el objetivo de priorizar la oferta de vivienda habitual para residentes.
La primera fase de la medida del gobierno español afecta a anuncios ubicados en todo el país, incluyendo la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña.
UNA BATALLA LEGAL EN EXPANSIÓN
Mientras el gobierno insiste en defender el derecho a la vivienda, el conflicto con Airbnb parece escalar hacia un nuevo capítulo legal. Las próximas decisiones judiciales y administrativas marcarán el ritmo de esta ofensiva regulatoria que podría transformar el modelo de negocio de los alquileres turísticos en España.
El caso se ha convertido en un referente europeo en la lucha por equilibrar el turismo con el derecho a la vivienda, en un país donde la tensión entre residentes y plataformas digitales de alojamiento ha alcanzado niveles críticos. N
