El procedimiento electoral desde nuestro régimen de comicios es un sistema público en el espacio público de la deliberación. La responsabilidad del administrador de la elección es asegurar equidad y justicia en el proceso. Los actores en competencia por el poder público tienen a su disposición la información que les permite hacer con calidad su política electoral y estar al pendiente del contrincante. El Instituto Nacional Electoral provee a partidos y candidatos de los materiales, sistemas, información…, procesadas jurídicamente para ofrecer la definitividad de los actos electorales.
El Instituto Nacional Electoral da información a la ciudadanía sobre cuestiones electorales ordinarias y relevantes, incluye presupuestos de educación cívica y electoral. Brinda por vía de sus atribuciones constitucionales, legales y normativas, una cobertura electoral imparcial y equilibrada. No censura argumentos, ni pautas mediáticas, ni materiales electorales a menos que constituyan un incentivo claro y directo para la violencia. Construyó un Reglamento de elecciones que posibilita una cobertura noticiosa imparcial, exacta y equilibrada, así como programación de temas actuales, distribuye a los partidos y candidatos tiempo en casi 4000 frecuencias de radio y televisión, los tiempos del Estado mexicano, para sus programas de acceso directo sobre una base libre y no discriminatoria.
Las encuestas en sus diversos rubros están normadas, en exceso, empero sin poner el riesgo la libertad del ciudadano y del diálogo. Los materiales electorales han sido y se homologan para construir el sistema Nacional de Elecciones. Como pocos países en el mundo democrático el Estado provee a los partidos políticos, no solo la calidad de entidades de interés público, sino que los financia de manera amplia. Más todavía el Estado mexicano les concede franquicias postales y telegráficas, es decir hay la posibilidad de hacer política epistolar.
La calidad de una campaña es un conflicto si en ella se recurre a tácticas poco éticas para desacreditar a otros candidatos o para perturbar el proceso. Empero, las reglas de juego han merecido el consenso de los partidos políticos que de manera dialogada y por etapas han empoderado sus atribuciones y prerrogativas, las campañas políticas sientan las bases para la relación más importante en cualquier democracia, se refiere a la relación de partidos, candidatos y ciudadanos.
La neutralidad de los órganos de alta dirección en el diseño institucional actúa de manera colegiada, así como los trabajadores del servicio profesional y de la rama administrativa, saben que las campañas electorales están diseñadas para ser eventos públicos en el espacio público, en las que la disputa puede ser tan estridente como sea necesaria, con una sola limitante, el respeto a la alteridad. Sabe que son encuentro de voces ruidosas que usan símbolos, significados y significantes para ganar simpatía electoral. No es difícil que un administrador electoral permanezca neutral durante el periodo de campaña, deben mantenerse neutrales e imparciales, precisamente porque así lo han protestado, esto ha sido un avance en el servicio electoral que ha merecido los ojos de la comunidad internacional.
Otra razón. La CPEUM deja claro en su artículo 134, aun sin ley reglamentaria, cuál debe ser el comportamiento de los servidores públicos, establece con clara pedagogía la diferencia entre propaganda e información gubernamental, ello no merece discusión ni pareceres, se debe honrar el principio de legalidad.
Las encuestas de opinión pública como parámetro para medir el apoyo electoral. No son horóscopos electorales, no adivinan quien triunfará. Constituyen, eso sí, un instrumento científico de la estadística para definir y redefinir el curso de las campañas, para afinar detalles que los actores políticos muestran con debilidad, sirven para elaborar mensajes para los electores.
Un tema esencial es la Seguridad, son los partidos políticos, sus candidatos, sus estrategias, tácticas, los que son capaces de hacer campaña en una atmósfera libre de miedo e intimidación. La autoridad administrativa, la jurisdiccional, especialmente el Estado mexicano debe ser garantes de una elección libre y justa. Los candidatos deben poder desplazarse libremente y reunirse con los electores sin temer por su seguridad física o por la de sus simpatizantes. Los votantes deben poder desplazarse, física y virtualmente, para asistir a los mítines de campaña sin temor. Los observadores, cuando lo hay en términos de la norma, o la calidad de todo ciudadano de ser un vigilante y auditor de las campañas, son un activo político de buena información de los acontecimientos de los procesos electorales. La inseguridad afecta los resultados electorales. La autoridad electoral debe garantizar que todos los partidos y candidatos no se repriman en microclimas de temor y miedo. La aplicación de la ley asegura la actividad en medio de climas de libertad incondicional. Asegurar un clima electoral para los electores para que se sientan en libertad de votar es una cuestión significativa de la integridad.
¡El Estado debe garantizar este escenario!
