El diputado Fernando Rocha Amaro planteó que las personas que denuncian actos de corrupción sean protegidas por la ley bajo el mismo esquema que los periodistas y defensores de derechos humanos, al advertir que hoy enfrentan riesgos reales por atreverse a señalar irregularidades.
Señaló que quienes presentan denuncias formales suelen ser blanco de amenazas, represalias, campañas de desprestigio e incluso agresiones físicas, sin que existan mecanismos suficientes para garantizar su seguridad. “No se puede pedir valentía cuando el Estado no ofrece protección”, expuso al defender su propuesta.
La iniciativa, explicó, busca reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que cualquier persona que denuncie hechos de corrupción ante las instancias correspondientes sea reconocida legalmente como defensora de derechos humanos y pueda acceder a medidas de resguardo.
Rocha Amaro argumentó que denunciar la corrupción no es un acto individual, sino una acción en defensa del interés colectivo, ya que este fenómeno impacta directamente en la calidad de los servicios públicos, limita la igualdad de oportunidades y frena el desarrollo social.
Sostuvo que la corrupción no solo debilita a las instituciones y erosiona la confianza ciudadana, sino que también alimenta la impunidad y profundiza la desigualdad, afectando derechos básicos como el acceso al agua, la salud, la educación y un medio ambiente sano.
Finalmente, afirmó que la propuesta busca cerrar la brecha entre el discurso y la realidad, al brindar respaldo legal a quienes se atreven a señalar abusos, y colocar la protección de la dignidad humana como un eje central de la vida pública en Durango.
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