A pocas semanas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el norte de México, seguimos con indignación por la muerte de 40 migrantes, los 27 heridos y las 15 mujeres que pudieron salvarse, al parecer porque un agente de migración abrió la celda.
Tragedias como esta, provocadas directamente o por omisiones del Estado mexicano, siguen un patrón. Primero vienen las acusaciones entre políticos e instancias que no quieren tomar la responsabilidad, seguido por anuncios de políticos que quieren tapar el horror con promesas de cambios en las políticas, respeto a derechos humanos, justicia para las familias de los muertos y curitas para los heridos.
Para los hijos de Roberto González Hernández, cuyo padre se fue de Guatemala para enviarles dinero para la escuela; para la madre de Edin Josue Umaña, cuyo hijo se fue de Honduras para escapar de la violencia y enviarle dinero para su enfermedad; y para la novia de Julián David Villamil, quien esperaba reunirse con él, estas acusaciones y promesas no sirven de nada. Sus familiares seguirán muertos y el impacto permanecerá toda su vida.
Si el gobierno mexicano realmente quisiera hacer algo para prevenir una situación parecida, hay acciones que podría tomar en el corto plazo, más allá de realizar una investigación profunda y transparente a través de una comisión especial, y garantizar reparación a todas las familias de las personas que fueron víctimas de este homicidio del Estado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el cargo de Marcelo Ebrard, debería dejar de aceptar la expulsión de personas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela desde Estados Unidos a México, sea bajo “Quédate en México”, Título 42, Título 8 o el veto de asilo (Asylum Transit Ban) que la administración Biden está planeando iniciar el 11 de mayo.
CADA CUAL SU RESPONSABILIDAD
La falta de implementación de la ley de asilo en Estados Unidos no debería ser la responsabilidad de México —si el gobierno estadounidense no quiere garantizar acceso a protección entonces debería buscar alternativas desde aquel lado de la frontera donde más del 80 por ciento de las familias migrando tienen familiares y redes de apoyo, y donde hay más recursos, empleos y servicios.
Si Estados unidos quiere el apoyo de México, debe ayudar con el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), a construir más albergues y programas para el acceso al empleo e integración en México, no con programas para fortalecer la contención migratoria que acaba en secuestros, abusos y muertes.
La Secretaría de Gobernación, a cargo de Adán Augusto López, debería publicar la política migratoria con relación a las personas aceptadas de regreso y atoradas en México, conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en octubre de 2022.
¿Qué documento migratorio les van a dar, dónde deberían buscar un techo, comida, trabajo, salud y educación para sus hijas e hijos? ¿Qué instancias van a apoyar a los cientos de albergues de la sociedad civil que están haciendo todo lo posible para proporcionar ayuda humanitaria? ¿Cómo pueden las personas migrantes y solicitantes de protección acceder a los programas de parole (libertad condicional) del gobierno estadounidense, si México y Estados Unidos las excluyó, poniendo fechas límite de entrada a territorio mexicano?
¿Y EL CONGRESO MEXICANO?
El Congreso de la Unión, en su totalidad, pero con énfasis en las comisiones de Asuntos Migratorios y Asuntos Fronterizos, Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Asuntos Indígenas debería derogar los artículos 97 y secciones de los artículos 98 y 111 (relacionados con las revisiones migratorias dentro de México y el límite de 36 horas para la detención migratoria), que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los fallos 275/219 y 388/2022 de mayo de 2022 y marzo de 2023.
Las y los congresistas deberían tomar en cuenta las agendas legislativas que la sociedad civil tiene años promoviendo con el fin de armonizar las leyes mexicanas en materia de derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
La Cámara de Diputados debería asignar mayor presupuesto a la COMAR para que pueda cumplir con su mandato. Además, llamar al canciller Ebrard, secretario López, subsecretario Encinas y el comisionado Garduño a comparecer para explicar por qué no han implementado los cambios necesarios a nivel de políticas y prácticas para proteger a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en México, por qué no tienen una política publicado sobre la entrega de documentación migratoria, por qué no han construido los albergues y la infraestructura necesaria, por qué siguen deteniendo a las personas migrantes masivamente y por qué no han eliminado la corrupción y la violencia que permea en el Instituto Nacional de Migración.
UNA MIGRACIÓN HUMANA
El Instituto Nacional de Migración (INM), vergonzosamente aún bajo el cargo de Francisco Garduño, debería dejar de detener a las personas migrantes en cárceles migratorias, sabiendo que, bajo la ley de México, la detención tiene que ser el último recurso.
Debería poner centros de apoyo de migrantes y solicitantes de asilo en los puntos de entrada internacional en el país con personal de la COMAR, incluyendo aeropuertos. Y debería abrir las puertas de las estaciones migratorias para ayudar a las personas con información, documentación migratoria y canalizaciones a instancias de bienestar, salud, educación y a organizaciones de la sociedad civil.
Debería dejar de convertir las líneas de autobuses en agentes migratorios, que prohíben la venta de boletos a cualquier persona que carece de un documento migratorio o de identidad mexicano. Y debería tener programas de regularización migratoria permanente con autorización para trabajar en vez de programas mezquinos con requisitos burocráticos y multas.
Para disminuir las extorsiones de parte de sus agentes, las muertes de personas que están escondidas en camiones de carga, la violencia en contra de las mujeres, las masacres y secuestros, y la discriminación y xenofobia en contra de la población mexicana indígena y afrodescendiente, debería dejar de realizar revisiones migratorias, declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte en mayo de 2022.
El titular del INM obliga a sus agentes a actuar en contra de la Constitución mexicana y la Ley de Migración, y debe tomar la responsabilidad de los resultados.
NO SON TEMAS PARTIDISTAS
El Instituto Nacional de las Mujeres debería asegurar que la política migratoria tenga una perspectiva de género, incluyendo acciones específicas para garantizar la protección de las mujeres migrantes, conforme a la sentencia de la Suprema Corte de octubre de 2022.
¿Qué ha hecho para apoyar a las mujeres que perdieron a sus esposos o parejas quemados vivos en la estación migratoria de Ciudad Juárez? ¿Están dándole seguimiento a las 15 mujeres que estuvieron en esa estación migratoria cuando se quemó, el 27 de marzo? ¿Sabe que no fueron registradas como víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)?
Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador debería dejar de militarizar el tema migratorio, ya que, dando facultades a la Guardia Nacional para acompañar al INM en revisiones migratorias, ha aumentado la extorsión y abusos en contra de la población migrante.
Si el presidente quiere establecer una nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería para proponer políticas migratorias está bien, pero México requiere de una entidad operativa, con mecanismos de rendición de cuentas, para implementar las políticas. Hay cantidad de propuestas en ese sentido, desde la reforma del INM, hasta su reemplazo con algo más eficaz y humano.
No son temas partidistas, de derecha ni izquierda, de la oposición o de la 4T. Son obligaciones sin cumplir que han trascendido partidos y sexenios. Dejen de polarizar y pónganse a trabajar. N
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Gretchen Kuhner es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C. (IMUMI). Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.