EL PASADO 1 de septiembre el ministro de Comunicaciones de Cuba, Jorge Luis Perdomo, ofreció una entrevista a la cadena internacional de televisión Russia Today, en la que realizó afirmaciones sobre el acceso a internet en Cuba causantes de una ola de críticas en medios y redes sociales.

Uno de los momentos que más controversia generó sobrevino cuando el entrevistador, el periodista del oficialismo cubano Oliver Zamora, le preguntó a Perdomo si detrás de las limitaciones de acceso a internet en el país había existido alguna motivación política, es decir, un “deseo del gobierno de que los cubanos no accedieran a determinados contenidos”.

El ministro, sonriendo, respondió que “no ha existido nunca ninguna motivación política para bloquearle a la población cubana el acceso a la información y al conocimiento”.

Luego defendió los esfuerzos de la Revolución desde sus inicios para fomentar la cultura y el conocimiento entre la población y cerró su respuesta aseverando que “las limitaciones de Cuba en el acceso a internet y a las redes globales en los últimos años, así como las que tenemos hoy, se deben única y exclusivamente a las limitaciones económicas que hemos tenido”.

Para el alto funcionario, al igual que para otros dirigentes del país, realizar este tipo de afirmaciones es sencillo. A diferencia de otros países de la región, que han desarrollado sus redes de telecomunicaciones con la inversión directa de grandes capitales transnacionales, Cuba lo ha hecho con su propia empresa estatal.

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Además, las sanciones estadounidenses contra el régimen de la isla disuaden a las empresas de ese país de invertir en telecomunicaciones. A todo ello hay que sumar el hecho de que la precaria economía cubana tiene dificultades constantes para acceder a divisas que le permitan comprar equipos importados.

Por ello, ha sido común que altos funcionarios del gobierno hayan utilizado el argumento de la falta de recursos para encubrir el tema del control político del espectro electromagnético y las telecomunicaciones. 

Según el discurso de dirigentes como Perdomo, si los habitantes del país no pudieron comenzar a conectarse a internet en parques públicos hasta 2015 y no dispusieron de datos en sus celulares hasta 2018, no fue por un afán de protección del sistema de partido único o para controlar la libertad de expresión de los ciudadanos, sino únicamente porque el Estado no pudo proveer ese servicio antes.

Como dijo el ministro Perdomo, “las limitaciones de Cuba en el acceso a internet y a las redes globales en los últimos años, así como las que tenemos hoy, se deben única y exclusivamente a las limitaciones económicas que hemos tenido”.

Sin embargo, la manera cómo se ha gestionado el internet pone de relieve la necesidad de controlar “determinados contenidos” que no alcanzan a ser supervisados por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, como los que circulan en las redes sociales. Ello ha sido desde siempre una preocupación para las autoridades.

En los últimos cinco años ha mejorado significativamente la infraestructura técnica, pero el servicio de internet al que acceden los cubanos se encuentra censurado de manera cada vez más eficaz gracias a la tecnología china, según la información de la empresa de telecomunicaciones del Estado, Etecsa. 

CONEXIONES Y LÍMITES

Internet nunca se concibió como un espacio libre en Cuba. Desde que se reguló por primera vez en 1996 a través del Decreto-Ley 209, se estableció que el acceso a las redes de información tendría un “carácter selectivo” y que la información que circulara por ella tendría que ser “fidedigna”, “en correspondencia con nuestros principios éticos” y que esta no podía “afectar a los intereses ni la seguridad del país”.

En los años siguientes, prácticamente todos los aspectos relacionados con el acceso a la red se regularon de manera estricta, como expone un informe de Reporteros Sin Fronteras de 2003 titulado “Internet bajo vigilancia”.

Se prohibió la venta a particulares de módems, se restringió la venta de computadoras, se permitió la conexión solo a determinados trabajadores estatales y se limitó la consulta a páginas alojadas en servidores locales, dice el informe.

Posteriormente, a medida que se fue ampliando el número de usuarios y la información a la que podían acceder, el gobierno cubano, que controla Etecsa, único proveedor de internet en el país, ha recurrido a la censura. 

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En 2017 el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI, por sus siglas en inglés), una entidad que supervisa la censura en diferentes países, luego de medir casi 1,500 sitios web desde ocho ubicaciones en distintos puntos de Cuba, presentó un informe donde exponía que el gobierno cubano mantenía bloqueados al menos 41 sitios web.

Debe aclararse que esta es una cifra inferior a la real. OONI monitorea únicamente una pequeña muestra, pero pueden estar bloqueados otros sitios que no examinó. Por ejemplo, los medios CubaNet y Diario de Cuba no aparecen en la lista publicada como parte del informe del OONI, en 2017, aunque ya estaban censurados en esa fecha.

Entre los sitios que el observatorio catalogó como bloqueos confirmados hay un rasgo común: expresaban críticas al gobierno cubano, ya fuera desde el periodismo (14ymedio, Cuba Encuentro) o como plataformas de activismo relacionadas con los derechos humanos (Damas de Blanco, Cuba Sindical).

Las mediciones más recientes de OONI sugieren que muchos de estos sitios permanecen bloqueados. En ese enlace hay mediciones individuales acerca de las pruebas de sitios web y aplicaciones como Telegram, que también presentan signos de posible bloqueo.

También se identificaron restricciones de webs donde los ciudadanos podían circunvalar la censura de internet usando plataformas como Anonymouse para postear o distribuir información de manera anónima o el servicio de VPN llamado Megaproxy. Al conectar sus dispositivos a un VPN, los usuarios pueden navegar de manera anónima y acceder a páginas bloqueadas.

Un análisis de Amnistía Internacional sobre la censura en la web que toma como base el reporte de OONI sostiene que en Cuba “el bloqueo de sitios de internet con el exclusivo fin de limitar las críticas políticas y restringir el acceso a la información es —naturalmente— contrario al derecho internacional de los derechos humanos y una violación del derecho a la libertad de expresión”.

Dicho artículo da por seguro el carácter político de los bloqueos y plantea que las estrategias del gobierno para censurar internet son una extensión de la vigilancia ciudadana que realizan en el mundo offline. El estudio agrega que saberse vigilado en internet hace más probable la autocensura para consumir o compartir contenidos que puedan ser críticos sobre la gestión estatal.

CHANGE.ORG TAMBIÉN ESTÁ BLOQUEADA

Al igual que Qurium, OONI confirmó el bloqueo de la revista Tremenda Nota en medio del referéndum constitucional celebrado en Cuba en 2019. Ese mismo año, OONI agregó a la lista de plataformas bloqueadas a Change.org, uno de los más conocidos espacios de movilización ciudadana y ciberactivismo.

En 2020 examinó la web del diario 14ymedio y comprobó nuevamente el bloqueo establecido contra el periódico. La semana pasada, la censura otra vez impidió que los cubanos accedieran a sitios noticiosos o redes sociales donde circulaban contenidos sobre la protesta del Movimiento San Isidro, incluida la huelga de hambre de varios activistas por la condena a ocho meses de prisión del rapero Denis Solís.

Las métricas y datos del Observatorio de Internet NetBlocks muestran que redes sociales como Twitter y YouTube y plataformas de mensajería como WhatsApp, así como servidores de Google y Facebook, no estuvieron disponibles de manera permanente durante el fin de semana: desde el viernes en la tarde hasta el lunes por la mañana en las redes operadas por ETECSA.

El reporte también muestra un alto impacto en Cubacel, la red celular operada por la única empresa de telecomunicaciones de Cuba. 

Los hallazgos confirmaron los reclamos de los internautas cubanos sobre interrupciones en momentos en que se adelantaba una protesta de muy alto perfil y que exigía, paradójicamente, respeto a la libertad de expresión y creación artística.

Asimismo, el gobierno cubano bloqueó nuevos medios como de The Miami Herald, El Nuevo Herald, Proyecto Inventario y la revista cultural Rialta, entre otras.

Aunque las solicitudes alojadas en Change.org no tienen fuerza vinculante desde la legalidad, sí constituyen una manera de ejercer presión a las autoridades e involucrar a la ciudadanía en demandas cívicas.

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En Cuba, antes de que Change.org fuera censurada, la plataforma había sido utilizada para pedir la inclusión de la protección de los animales en la Constitución y para reunir firmas a favor del cese de la discriminación ideológica en las universidades del país.

En mayo de 2020, otra plataforma semejante, Avaaz.org, también fue bloqueada, precisamente mientras un grupo de activistas y periodistas independientes solicitaba firmas para derogar el Decreto-Ley 370 que, entre otras cosas, permite sancionar a la población por sus publicaciones en redes sociales. Aunque las firmas fueron entregadas al Parlamento hasta hoy no se conoce ninguna respuesta.

Los propios medios oficiales cubanos, supeditados al Partido Comunista, no han ocultado que el gobierno cubano bloquea información a los usuarios de internet por motivos políticos.

En febrero de este año los portales oficialistas Cubadebate y Razones de Cuba republicaron un texto del periodista estadounidense Reese Erlich sobre los avances en cuanto a conexión “y la doble moral del gobierno de Estados Unidos, que acusa a la isla de restringir el acceso a internet”.

El texto culpa al gobierno estadounidense de bloquear más páginas y servicios a los cubanos, como Amazon y otras webs comerciales, que los que censura el propio gobierno comunista.

En el artículo también se menciona el monitoreo de OONI y su detección de páginas bloqueadas por el régimen. Sobre ello se apunta que “la mayoría (de las páginas bloqueadas) son sitios creados por disidentes apoyados por Estados Unidos, como la bloguera Yoani Sánchez y las Damas de Blanco”.

Luego se especifica que quienes quieran leer dichos sitios “pueden descargar fácilmente una VPN (Red Privada Virtual), que permite el acceso ilimitado a internet”.

Las VPN, como Psiphon, EdgeWise, son gratuitas en Cuba.

¿CÓMO SE BLOQUEA EN CUBA?

Qurium, una ONG dedicada a la defensa de los derechos digitales, protección de datos y la seguridad en internet, recientemente publicó un análisis de las tecnologías utilizadas para bloquear sitios web en Cuba. 

Según concluyó la organización, han existido dos modalidades que en la actualidad conviven. Inicialmente, se utilizó un protocolo para impedir el llamado tráfico “http”. Es decir, cuando una persona desde Cuba escribe la dirección de la página bloqueada mediante este método, no recibe respuesta, lo que causa la impresión de que el sitio no logra cargar y el usuario no tiene la certeza de si se encuentra frente a un episodio de censura o a un fallo en la conexión a internet.

Posteriormente, cuando las webs comenzaron a utilizar el protocolo de tráfico cifrado “https”, se aplicó un nuevo método que bloquea directamente la IP de la web (la dirección que identifica a cada dispositivo electrónico conectado a internet y que permite encontrar lo que está hospedado o guardado en esa computadora, en este caso una página web). 

Cuando esto sucede, los internautas reciben el mensaje de que están tratando de conectarse a una página no segura debido al “ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR”.

Esto significa que la página está bloqueada por un cortafuegos.

Por eso, algunas webs que inicialmente estaban bloqueadas mediante el primer método, por “http”, fueron visibles un tiempo cuando comenzaron a utilizar el protocolo de tráfico cifrado “https”.

Sin embargo, cuando las autoridades actualizaron su herramienta de censura y comenzaron a aplicar el segundo método, las páginas se volvieron de nuevo invisibles.

Así le sucedió, por ejemplo, a 14ymedio, portal noticioso dirigido por la periodista Yoani Sánchez. El diario ha estado bloqueado desde las primeras horas de su lanzamiento, pero una vez que los responsables del medio agregaron el protocolo de tráfico cifrado a su dirección de dominio pudo ser leído en Cuba durante algún tiempo, hasta el 24 de febrero de 2019, cuando Sánchez anunció que las autoridades habían bloqueado el sitio de nuevo.

Simultánea a la censura de 14ymedio, apenas unas horas antes del referéndum por la nueva constitución cubana en febrero de 2019, la revista sobre grupos marginalizados Tremenda Nota sufrió también un bloqueo para tráfico cifrado.

La censura coincidió con la publicación de un artículo que cuestionaba a la Asamblea Nacional de Cuba y a la diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela Castro Espín, por ignorar una encuesta que arrojó resultados favorables acerca del derecho a la igualdad de las personas LGBTIQ.

Las conclusiones de esta encuesta fueron ignoradas cuando se debatió incluir o no en la nueva Constitución la garantía del matrimonio igualitario.

Además de Tremenda Nota, entre los medios de nicho que han sido censurados por motivaciones políticas, está la revista de periodismo narrativo El Estornudo. En 2018, la plataforma fundada dos años antes anunció que su página ya no era visible en el territorio cubano.

El Estornudo publica materiales críticos sobre la gestión estatal y sus líderes, así como retratos de la cotidianidad cubana. Además, algunos de sus periodistas han sido citados por autoridades policiales después de publicar artículos o al retornar del extranjero.

Actualmente en Cuba los sitios web de CubaNet, El Estornudo y Rialta se pueden ver desde sitios espejos proporcionados por Qurium.

Además de las páginas ya mencionadas, las autoridades cubanas han sido insistentes en bloquear otros medios como CiberCuba, ADN Cuba y Periódico Cubano. Es decir, todos los medios que hacen diarismo han sido censurados.

También han impedido que sea visible la página de la Asociación Pro Libertad de Prensa, un sitio que se dedica a documentar agresiones contra periodistas del país y hacer informes sobre la situación de la libertad de prensa.

Los bloqueos de IP no están reservados solo para medios de prensa nacionales. Gatopardo, una de las revistas narrativas más reconocidas de América Latina, dejó de verse en Cuba en enero de 2019.

La publicación no abordaba de manera regular el contexto nacional y podía consultarse sin trabas, hasta que Abraham Jiménez Enoa, cofundador de El Estornudo, estrenó una columna allí. Ocho meses después de la primera entrega de “Desde el malecón”, Gatopardo dejó de abrir en Cuba.

CONEXIÓN CHINA

En Cuba todos los servicios de telefonía e internet son proporcionados por una única compañía de telecomunicaciones de propiedad estatal, Etecsa.

Bloquear el acceso a sitios webs por parte de la empresa es, por consiguiente, una decisión gubernamental.

A su vez, Etecsa tiene como principal proveedor de su infraestructura de fibra óptica y conexiones wifi a Huawei, como muestran múltiples publicaciones de la revista de la empresa de telecomunicaciones.

Huawei es una empresa china que, aunque pertenece formalmente a sus trabajadores, ha sido acusada de ser instrumentalizada por el gobierno de su país.

Otras dos empresas chinas, ZTE y TP Link, también son proveedores clave de equipos para conectarse a internet en la isla. “China domina el sector de las telecomunicaciones en Cuba y representa un reto para las empresas estadounidenses que quieran entrar en el mercado”, asegura un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado en 2019.

Así, no resulta extraño que Cuba utilice tecnología del país asiático para estos fines.

A pesar de que no se puede determinar con precisión, OONI ha encontrado trazas de código chino en el software y las interfaces que se emplean para los portales de acceso a las conexiones wifi.

Por su parte, Qurium ha reportado que el uso del encabezado V2R2C00-IAE en algunas respuestas de “Filtrado web” sugiere la presencia de un producto NIP (sistema de detección de intrusiones de Huawei). Esto significa que la organización ha encontrado patrones de censura china en Cuba.

Desde el pasado 17 de octubre, internautas cubanos han denunciado fallas en varias de las VPN que usaban para burlar la censura. Las denuncias surgieron tras la caída del servicio de mensajería Telegram, una de las más populares en el país donde por esos días se compartía una invitación a una protesta nacional.     Un programador cubano residente en la isla, que pidió anonimato por temor a represalias, explicó que tras las pruebas que él mismo ha realizado para determinar por qué comenzaron a fallar los VPN, ha encontrado evidencias de bloqueo por DPI (deep packet inspection o inspección profunda de paquetes). Cuando se hace un bloqueo por DPI se puede detectar cuando una conexión utiliza VPN y le bloquea el acceso.

El experto también comprobó que en el caso de algunas VPN que eran mucho más complejas de bloquear, la alternativa de las autoridades cubanas fue impedir el acceso a páginas relacionadas al servicio para que fuera difícil encontrarlas y descargarlas. Así ocurrió con una de las VPN más populares, NordVPN, según explicó.

“Esto no es un trabajo de un día o dos”, dijo. “Lleva mucha labor de prueba y error montar semejante infraestructura de bloqueo”. A su juicio, Cuba está usando tecnología para controlar la web ya desarrollada por otros países, principalmente por China.

EL CONTROL NO ES SOLO PARA INTERNET

Un informe de Freedom House publicado recientemente sobre libertad en la red en Cuba concluyó que el Estado no solo se involucra directamente en la censura de sitios públicos, sino que también se inmiscuye en el control de las redes particulares.

El informe cita el caso de S-NET, una red comunitaria de computadoras que compartían contenidos, la más grande de su tipo en el país, que fue declarada ilegal por el gobierno en 2019.

Sus integrantes, aunque intentaron dialogar con las autoridades, se vieron forzados a entregar su infraestructura para que la red pasara a ser un apéndice de los oficiales Joven Club de Computación y Electrónica.

“Esta medida le costó a S-NET su autonomía ideológica y administrativa ganada con tanto esfuerzo como una red comunitaria no política”, dijo la organización.

El Estado cubano también ha privado a miembros de la sociedad civil de conexión a internet e incluso de su servicio telefónico. Así han evitado que periodistas independientes, disidentes o activistas reporten o participen en determinados eventos, expongan sus experiencias en foros internacionales o denuncien represión.

Se ha convertido en una práctica usual del gobierno obstruir selectivamente las comunicaciones de determinados ciudadanos por el tiempo que estimen. 

Por ejemplo, el 30 de junio una veintena de ciudadanos reportaron que, a pesar de pagar por su conexión, se les había cortado su servicio de datos móviles. Con esta medida, según denunciaron, el Estado buscaba acallar en la web las denuncias de arrestos domiciliarios y detenciones que sufrieron varios activistas para que no participaran en una protesta.

La manifestación había sido anunciada tras el asesinato de Hansel Hernández, un joven afrocubano que murió por los disparos de un policía.

El ministro Perdomo nunca fue cuestionado por estos hechos en la entrevista que ofreció a Russia Today. Sin embargo, el funcionario sí ahondó en la necesidad de que cada país pueda mantener una versión propia del internet, de manera que la red no sea dominada por el discurso “hegemónico” que supuestamente se quiere imponer a Cuba ni por las transnacionales estadounidenses que quieren “globalizar la cultura”.

“La internet tiene un reto y es que cada país pueda aportar su cultura, sus valores, su idiosincrasia. Con este enfoque estamos trabajando”, dijo el ministro. 

Pocos días después de la entrevista, la página Cuballama, especializada en llamadas y envíos a Cuba, y un portal de noticias asociado a esta página llamado Cubacomenta, que difunde información crítica sobre la situación en el país, fueron bloqueados por el gobierno.

Estas dos páginas estuvieron cinco años sin poder ser vistas en Cuba y luego fueron desbloqueadas. Se desconoce la razón, pero las propias organizaciones internacionales que investigan estos temas catalogan el bloqueo como “incoherente”. N