El Congreso del Estado aprobó que cuatro de los 11 ayuntamientos de Aguascalientes sigan cobrando un gravamen similar al Derecho de Alumbrado Público (DAP), pero con otra figura jurídica y otro nombre en su ley de ingresos.
Se trata de los municipios de Aguascalientes, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Jesús María.
Los tres primeros, modificaron su Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos para cambiar de “derecho” a “servicio” el cobro por el alumbrado público, además de que ahora se denominará Aportación Social del Alumbrado Público (ASAP).
En el caso de Jesús María, de la misma forma, se sustituye el título de los “derechos” para pasar a ser un “servicio público” denominado como “Por el Uso y Mantenimiento de las Luminarias en Áreas Públicas”.
El 4 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el cobro del DAP es un impuesto y no un derecho, acreditando su inconstitucionalidad. Por este motivo, se exigió al Congreso del Estado “no repetir los mismos vicios al legislar en el siguiente año fiscal”.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y abarca a prácticamente todos los municipios de Aguascalientes, a excepción de Cosío que no cobraba dicho gravamen.
Para seguir cobrando el gravamen, los cuatro ayuntamientos suscribieron un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el cual cada municipio podrá disponer de los recursos recaudados para sus acciones de gobierno, sin tener que canalizarlos a la federación, informó la diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia, Karina Eudave Delgado.
“La gente va a seguir pagando normal, nada más que el recurso va a llegar directamente al municipio y no a la federación, para que puedan hacer uso del mismo, pero ahora es con otro nombre y ya no será como derecho, sino como servicio, antes la mayoría se iba a la federación y sólo una parte se regresaba a los municipios”, puntualizó.
La tasa de cobro del impuesto varía según el municipio, pero oscila entre el 4 y el 10%. En el caso de Aguascalientes la recaudación promedio por este concepto es de hasta 150 millones de pesos.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) agregó que dependerá de cada ayuntamiento establecer las acciones para resolver los amparos que pudieran presentarse por personas físicas o morales para evitar el pago del gravamen, como ocurría con el Derecho de Alumbrado Público (DAP).
“Los empresarios son los que se amparaban, pero ya será acción de cada municipio resolver este tema, o en su caso de la Suprema Corte definir si el fallo es a favor de las empresas o del municipio”, concluyó.
