El secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, reconoció esta mañana que existe un mercado negro en la entidad donde circulan armas de fuego, mismas que han provocado un aumento en los asaltos usando este tipo de objetos.
Esto, en relación a los hechos ocurridos el día de ayer en donde asaltaron a una mujer afuera de un banco al norte de la ciudad y fue despojada de cerca de 100 mil pesos en efectivo, debido a que fue amenazada con un arma de fuego, aunque no se logró precisar si era real o de juguete.
“Del asalto del banco no se puede especificar (el tipo de arma) porque manifestó que la apuntaron con arma de fuego, han habido casos que traen armas de juguete como cuchillos y son los que utilizan para robo tipo tumbador, difícilmente por la presión de la persona que se encuentra en ese momento pudiera definir si el arma es real o en su caso pueda ser de utilería o juguete”, expresó.
Incluso, declaró que hoy en día existen réplicas de armas de fuego tan exactas que es complicado para los mismos elementos identificar si son reales o no a simple vista.
“En internet se trabaja mucho eso, muchas de las veces las industrias que se dedican a vender réplicas les ponen algunos colores vivos para poder distinguir entre armas reales y de utilería, deben de tener una regulación a fin de que se pueda distinguir entre un arma real y una de juguete”.
En cuanto al uso legal de las mismas, explicó que es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional tramitar permisos tanto para tener armas de fuego en un domicilio, como de poder portarlas en espacios públicos.
“Una compra legal es a través de la secretaría de la defensa nacional donde te pide requisitos para acreditar por qué motivo requieres de un arma, son diferentes tipos de licencias el poseer un arma en el domicilio que constitucionalmente está permitido y el portar el arma es diferente”.
Por parte de la policía municipal, si a una persona se le detecta la mera portación de un arma se presenta ante la Procuraduría General de la República, en cambio, si se determina que fue utilizada para cometer un delito que va desde una amenaza hasta el disparo de la misma, la Fiscalía General del Estado será la que solicite el arma y se realizaría una investigación al respecto.
