“La afluencia de unidades familiares en gran escala es un fenómeno nuevo que, en el último año, ha tenido un incremento drástico de 600 por ciento”, precisa nuevo informe del DSH, agregando que, solo el mes pasado, los agentes de la Patrulla Fronteriza “aprehendieron” más de 53,000 unidades familiares.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) publicó un “informe provisional de emergencia” describiendo las medidas que proponen sus asesores para responder a las familias de migrantes que están alcanzado la frontera sur de Estados Unidos, donde, en los últimos meses, se ha registrado una “afluencia en gran escala”.

El panel de asesores advierte que, “con la trayectoria actual”, la cifra de detenciones podría superar 500,000 unidades familiares durante el año fiscal de 2019.

El informe asegura que el “incremento drástico” en las detenciones de unidades familiares durante el año pasado “está directamente relacionado” con la postura del gobierno, la cual ha creado “‘factores de atracción’ que incentivan a los migrantes a viajar con menores, lo cual les permite entrar y ser liberados en el territorio de Estados Unidos”.

Los autores del documento hacen énfasis en la necesidad de adoptar nuevas medidas para evitar el “reciclaje” de niños en la frontera, expresión que utilizara Kirstjen Nielsen, la ex secretaria de Seguridad Nacional que dimitió a principios de este mes.

A principios de abril, cuando describió los presuntos anillos de “reciclaje”, Nielsen declaró: “En los últimos meses hemos desintegrado varios de los llamados anillos de ‘reciclaje de niños’, formados por contrabandistas que secuestran menores y los entregan a cualquier adulto para que cruce la frontera presentándose como una familia”.

“Debido a que saben que podemos detener a las familias solo durante 20 días, una vez que entran devuelven al niño y este regresa con otra familia; una familia falsa, otro adulto”, explicó Nielsen.

Para combatir el presunto “reciclaje” de niños, el informe del panel asesor de DHS propone adoptar “medidas reglamentarias de emergencia” para permitir que CBP [la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos] tome fotografías y registre datos biométricos de menores de cualquier edad”.

El panel añadió que esa medida podría “detener el reciclaje de niños en la frontera y… determinar, rápidamente, la legitimidad de las declaraciones de paternidad”.

Sin embargo, los asesores no aclaran cuánto tiempo permanecerán los registros en manos de DHS, y tampoco explican qué sucederá con las fotografías y la biométrica de esos “menores de cualquier edad”, término que apunta a que la medida también podría incluir bebés.

Además de la propuesta de tomar fotografías y obtener los datos biométricos de los niños, el informe sugiere que DHS debe “actuar con prontitud” para limitar el acuerdo Flores de 1997, el cual impide que el gobierno federal detenga menores de 18 años durante más de 20 días.

El documento indica que el “factor de atracción” más importante para quienes solicitan asilo en Estados Unidos es la práctica vigente de poner en libertad a “la mayor parte de los migrantes ilegales que llegan [al país] acompañados de niños” y entregarles una orden para que comparezcan ante un juez de inmigración.

El documento señala que “la crisis se exacerbó por la decisión de un juzgado federal emitida en 2017 para el caso Flores vs. DHS, el cual fue expandido para incluir [unidades familiares] en el requisito de liberación de 20 días establecido en el decreto de acuerdo extrajudicial de 1997 que, originalmente, solo aplicaba a los menores no acompañados”.

Los asesores de DHS afirman que, si bien es probable que solo 15 por ciento o menos de las unidades familiares reciban asilo mediante las órdenes de comparecencia, el largo periodo de espera para procesar las peticiones de asilo se traduce en que los solicitantes pueden permanecer en Estados Unidos hasta dos años, esperando el dictamen.

En su exigencia de una “corrección de Flores”, el panel argumenta que DHS debe “revertir la sentencia Flores que exime a los niños acompañados de un progenitor o familiar que actúa como tutor del menor”.

“Así mismo, DHS debe tener discreción judicial para detener a un pariente cercano que viaje con miembro no parental de la familia, si esto atiende a los mejores intereses del menor”, prosiguen los asesores.

El año pasado, un juez federal de California bloqueó al Departamento de Justicia en su intento de modificar el acuerdo Flores solicitando retener a los niños más allá del límite de 20 días prescrito en dicho acuerdo.

Desde entonces, el presidente Donald Trump y su gobierno han criticado el acuerdo Flores en repetidas ocasiones y, a principios de este mes, el líder estadounidense describió la decisión judicial como “un desastre para nuestro país”. Sin embargo, la declaración de Trump puso en evidencia su ignorancia jurídica, ya que confundió el nombre del caso con el apellido del juez que lo presidió. De hecho, llegó al extremo de ridiculizar la sentencia del “Juez Flores”.

Cabe aclarar que el caso lleva el nombre de “Flores” no por el juez, sino por una adolescente llamada Jenny Lisette Flores.

“Hay decisiones judiciales muy malas. La decisión Flores es un desastre. Juez Flores, quienquiera que seas, déjame decirte que tu decisión fue un desastre para nuestro país. Un desastre, y estamos trabajando en eso”, declaró Trump.

El panel asesor de DHS advirtió que, hasta que el Congreso tome medidas para revocar el acuerdo Flores, DHS debe “actuar con prontitud para limitarlo mediante una reglamentación de emergencia”.

Los autores del informe señalan que sus recomendaciones de emergencia “no son una panacea, por sí solas. No obstante, si no se emprende una acción rápida, nuestros esfuerzos de control de inmigración y control fronterizo seguirán colapsando bajo el creciente peso de las [unidades familiares] procedentes de América Central y otros lugares, y serán un imán para los elementos criminales que pretenden entrar en Estados Unidos, poniendo en peligro a muchos más niños”.

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