El Poder Ejecutivo del estado de Coahuila firmó un acuerdo con la Federación para colaborar en contra del delito de lavado de dinero, esto mediante el intercambio de información entre dependencias estatales y federales, cercando el paso en materia financiera para los integrantes del crimen organizado.
El intercambio de datos entre ambos niveles de gobierno se ha planteado realizarse entre el Ejecutivo estatal, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), buscando la prevención y un combate efectivo en contra del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo.
#Coahuila y el @GobiernoMX firmaron hoy el Convenio de #Colaboración para el Intercambio de Información entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera de la @SHCP_mx,lo que representa un gran avance en la lucha contra el crimen organizado pic.twitter.com/CXFCe05GPN
— Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila) April 16, 2019
Según declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, las políticas anticrímenes realizadas en el estado de Coahuila han sido tomadas como ejemplo en otras entidades del país, como el prohibir la instalación de casinos, los cuales son instalaciones implementadas usualmente para el lavado de dinero.
Santiago Nieto mencionó también que el hecho de que Coahuila cerrara casinos y otras actividades vinculadas con el delito de lavado de dinero fue un mensaje importante para disminuir y prevenir actividades consideradas vulnerables ante la ley, lo cual se espera repetir en otras entidades federativas.
Para la firma del acuerdo se presentó el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien señaló que este convenio busca robustecer las acciones en materia de fiscalización y el cumplimiento de estas. También se busca que la Unidad de Inteligencia Financiera se instale adecuadamente en el estado de manera neutral, técnica y administrativa, logrando fundar castigos en materia penal en contra de funcionarios públicos, contribuyentes o proveedores.
También puedes leer: Opinión | El silencio de las minorías
