*Ante controversias de Chihuahua, que decida el Poder Judicial: AMLO
El Fondo Minero, descrito por los industriales del país, como la “veta de oro” para la nueva administración federal no sólo es motivo de controversias constitucionales sino la oportunidad de acceder a considerables cantidades de dinero, alrededor de 11 mil 360.7 millones de pesos entre 2014 y 2017 en el país, que ahora básicamente servirán para capitalizar el programa de las “tandas” del bienestar.
Hoy a temprana hora, en su cotidiana conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura con el manejo de ese fondo, “no cuadran las cifras reportadas la SEDATU y las obras ejercidas por los estados, hay una diferencia de mil 500 millones de pesos, por eso mejor entregárselo directamente a la gente que vive en comunidades mineras”.
Aun cuando, el Jefe del Ejecutivo continúa sin precisar la forma en que se garantizará el nuevo esquema de trabajo, insistió en que los gobiernos estatales desviaron esos recursos sin beneficiar a las poblaciones.
Cuestionado sobre lo estipulado en la Ley Federal de Derechos, en cuanto a la obligación de que los recursos del Fondo Minero se destinen a obras físicas vinculadas con infraestructura y medio ambiente, y no en programas sociales, López Obrador resumió que es cuestión de interpretación.
“Sostengo que sí es posible que el dinero de los derechos que se cobran por la extracción del mineral se regresen con créditos sin intereses a la gente y que se vaya formando un fondo revolvente para reactivar la actividad económica y que sobre todo, se personalice el apoyo, que le llegue a la gente que vive en las zonas mineras”.
Destacó la falta de garantías para que lo recibiera la gente, “ni siquiera estaba enterada de que existía ese fondo”, el dinero se quedaba en el camino y esto es lo que ha llevado a una controversia constitucional.
“El gobierno de Chihuahua y gobiernos municipales llevaron a una controversia en contra de la decisión que tomamos de entregar los créditos de manera directa. Va a resolver el Poder Judicial, estamos esperando esa decisión y lo que nos ordenen, así lo haremos”.
Al respecto, no sólo gobiernos estatales y municipales –como el de Chihuahua— se han inconformado, también Zacatecas y Guerrero, además de los propios industriales minerometalúrgicos, pues deja fuera a los corporativos de proyectos sensibles acordes con las comunidades y que antes, directamente se veían cristalizados.
La construcción de caminos, introducción de agua potable, electrificación, viviendas, clínicas y escuelas que solían erigirse entre empresarios y gobiernos en poblados mineros, ya no se llevarán a cabo, pues la iniciativa presidencial se enfoca en otorgarlos como créditos a los habitantes.
En cambio, deja intacta la fórmula fiscal para la industria a través del cobro de un impuesto especial a las mineras de 7.5% sobre sus utilidades, más 0.5% de la venta de oro, plata y platino.
Presidentes y directores de clúster mineros, cámaras y asociaciones empresariales han cuestionado que lo recaudado en el Fondo Minero se convierta en créditos a la palabra, cada uno por alrededor de 6 mil pesos para impulsar pequeños negocios en las comunidades mineras y sea el gobierno federal, quien decida qué tipo de obra o proyecto es necesario hacer en los municipios.
La decisión del control único del Fondo Minero por el Ejecutivo Federal, se fundió en el crisol de la incertidumbre, en la que a decir de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) se encuentra ahora el sector.
En un comunicado de prensa, la Cámara manifestó desde que comenzó el año, su preocupación porque la minería nacional enfrente un 2019 incierto, debido a que los proyectos serán sometidos a consultas públicas y no descartan que en los sindicatos se provoquen situaciones similares a lo acontecido en la industria maquiladora.
