Asunción Gutiérrez Padilla, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado (CDHEA), declaró que se está analizando una recomendación general para prohibir la expedición de cartas de no antecedentes penales ya que en la actualidad se sigue utilizando como requisito en algunos empleos, lo que estigmatiza a las personas que han pasado por un proceso de reclusión, impidiendo así su reinserción social.
“Este tema se está analizando para una posible recomendación general, ya que este año hemos emitido siete recomendaciones generales y estamos inspeccionando con cuales haciendo menos logramos un mejor resultado”.
Por ello, se exhortaría al Poder Judicial del Estado para que se deje de emitir la carta de antecedentes no penales y con ello contribuir a la función de los Centros de Reinserción Social (CERESOS).
“Estamos negándole a los cerezos uno de sus principales fines, que es reinsertar en la sociedad a quienes estuvieron privados de su libertad”, comentó el ombudsman.
Anteriormente las comisiones habían señalado que lo recomendable es que no se expidieran, ya que estigmatizan a las personas que han pasado por un periodo de internamiento y al no poder acceder a un empleo terminan por delinquir.
“No es un tema de leyes, es un tema de aterrizarlas cuanto a que se cumpla con dichas leyes”, refirió.
Sobre la tema, el 31 de agosto de 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un pronunciamiento sobre la violación a los derechos humanos por sus antecedentes penales:
“El Estado debe asegurarse que una vez que las personas salgan de la cárcel, puedan ejercer plenamente sus derechos, su libertad, su realización personal y la de su familia con un enfoque de prevención social, Porque para que exista una reinserción efectiva, la obligación del Estado es evitar que sean estigmatizadas y se les ofrezca la oportunidad de vivir en igualdad, como un miembro más de la comunidad; y uno de los elementos clave para ello es que se protejan sus datos personales”, señala el documento.
Abunda en que negarles oportunidades por tener antecedentes penales puede motivar efectos negativos y contrarios a lo que se busca con la reinserción efectiva, es decir que puede alentar la reincidencia delictiva, que es lo contrario a la reinserción social.
El pronunciamiento propone que deben cancelarse de oficio los antecedentes penales de todas las personas independientemente de la gravedad de delito por el que se les condenó, reformándose el artículo 27, fracción V, inciso G) de la Ley Nacional de Ejecución Penal a fin de que la cancelación de los antecedentes penales se lleve a cabo en todos los casos, sin excluir ningún tipo de delito.
Insiste CDHEA en evitar traslado de presuntos delincuentes en cajas de patrullas
Por otra parte, Asunción Gutiérrez Padilla agregó que seguirán buscando que se cumpla la recomendación que se realizó en anteriores gestiones para que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal evitaran trasladar a las personas detenidas en las cajuelas de las patrullas, ya que exhibían su identidad aún sin ser sentenciados y además representa un riesgo de sufrir un accidente durante los traslados.
“Son un riesgo para la integridad física y así quedó demostrado en un caso donde se cayó y murió un delincuente. Además, esta acción atenta contra la presunción de inocencia ya que al ir expuesto en el cajón a la simple vista ya se es acreditado como posible delincuente”, declaro.
Para ello, se reunió en días pasados con el regidor presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo capitalino para abordar el tema con el compromiso de que la corporación policíaca tome cartas en el asunto y se cumpla la recomendación.
