La presidenta de la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, María de Jesús Melgar, informó que el juicio político contra el exgobernador Gabino Cué Monteagudo, se encuentra en proceso de dictaminación.
En entrevista, la legisladora por Morena, indicó que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEO), entregó un informe sobre los resultados de las auditorías practicadas al exmandatario, las cuales aún se encuentran en proceso de solventación.
Ante lo cual, dijo, en los próximos días los integrantes de la Comisión se reunirán para analizar el caso y llegar a un dictamen respecto al juicio político, por lo que afirmó, se requiere la participación de los cinco representantes de los partidos: Morena, PRD, PAN, PT y PRI.
Destacó que los legisladores de los organismos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, así como el que ella misma representa, han mostrado su disposición a participar en las reuniones, así como en los procesos que han permitido llegar a este momento.
Sin embargo, señaló que es público que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha evadido participar en los encuentros legislativos de la Comisión, para analizar lo referente a este caso específico.
Explicó que en dado caso que la propuesta de dictamen estuviera a favor del juicio político contra el exmandatario, por primera vez en la historia, el Congreso oaxaqueño se constituiría en un Gran Jurado, el cual analizaría la sanción.
“La máxima pena consistiría en una inhabilitación por un periodo máximo de 10 años”, aseguró, al tiempo que confió en que la actual Legislatura tiene tiempo todavía de concluir este procedimiento, a un mes y días de que se termine el periodo.
El juicio político que lleva a cabo la LXIII Legislatura inició el 29 noviembre de 2016, luego de que el entonces senador Benjamín Robles Montoya, interpusiera una demanda ante el Congreso contra Cué Monteagudo, por la presunta malversación de recursos por más de 10 mil millones de pesos.
El actual diputado federal y delegado en Oaxaca del Partido del Trabajo, ratificó la denuncia en febrero de 2017 y la Comisión Instructora ha dado seguimiento al caso hasta llevarlo al punto del dictamen.
