“Cuando los números hablan, se acaban las discusiones”
Dicho Popular
Con 2 mil 252 homicidios documentados en 2017, el estado de Guanajuato solo fue superado por el Estado de México, con 3 mil 046, y Guerrero, con 2 mil 578 casos.
Ahí está nuestra entidad, ubicada en la vergüenza de ocupar el tercer el sitio como el estado más violento del país. Poco más de mil homicidios por encima de la estadística de 2016.
Eso indican las estadísticas preliminares a nivel nacional y por entidad federativa de homicidios registrados en el país durante 2017, elaborada por el INEGI, que revelan que a nivel nacional hubo un total de 31 mil 174 homicidios.
Estas cifras aparecen desde 2015, documentadas mediante registros administrativos de defunciones violentas, consistentes en actas y certificados de defunciones y cuadernos estadísticos de ministerios públicos en las entidades. Es decir, no están contabilizadas las personas desaparecidas, de manera que la cifra real podría ser muy superior.
Nunca en el país ni en Guanajuato se habían registrado tantas muertes por homicidio, pero en el caso de nuestra entidad eso no es tanto el motivo de preocupación, sino el hecho de que hace diez años, en 2008, el índice era de 295 homicidios, de manera que estamos ante un verdadero problema que crece de manera exponencial y nada indica que estemos cerca de contenerlo. Año con año la cifra aumenta.
La dimensión de nuestra realidad es comparable, por ejemplo, con el estado de Colima, que, en el mismo 2008, registraba solo 57 homicidios y en 2017 contabilizó 848 casos.
Muy lejos estamos de Yucatán, no solo geográficamente, sino en números. Esta entidad peninsular, de 49 homicidios que registraba en 2008, para 2017 registró 50 casos. Es decir: los índices de paz de Yucatán son envidables.
¿Qué pasa en Colima y Guanajuato que no sucede en Yucatán? El estudio del INEGI no se encarga de responder este tipo de preguntas y deja la interpretación de los números fríos al analista.
En el Estado de México el incremento de homicidios en esta década se ha duplicado, mientras que en Chihuahua ha crecido de 2 mil 601 a 2 mil 221, es decir, en esta última entidad, si bien las cifras son alarmantes, los índices no se han disparado en el tiempo, cosa que en Guanajuato sí ha sucedido de manera dramática: el número de asesinatos ha crecido más de siete veces y media.
Funcionarios estatales han dicho públicamente que el 80 por ciento de los homicidios en Guanajuato son derivados del robo de combustible. Entonces, pareciera que no hay de qué preocuparse, mientras uno no se dedique a ello.
La verdad de las cosas es que no se aporta dato alguno para sostener tales afirmaciones. Esos señalamientos soslayan la responsabilidad de las autoridades estatales, cediendo la carga a la federación.
El vecino estado de Querétaro insiste en rebasar a Guanajuato, pues no solo crece exponencialmente más que nuestra entidad, sino que, tan solo cruzando la frontera de los Apaseos, la cifra de homicidios decrece. En 2017 registraron 217; lo mismo sucede con Aguascalientes, con 83 casos. Números envidiables de entidades con las que, se supone, nos correspondería compararnos por obvias razones.
La gran cuestión que nos asalta (nunca mejor dicho) es dilucidar por qué en estas entidades vecinas, con un desarrollo económico similar o comparable al de Guanajuato, no se han disparado las cifras de muertes por homicidio como sucede acá.
¿Es que acaso los territorios queretanos e hidrocálidos no son cruzados por la red nacional de tubos distribuidores de combustible? ¿En esas regiones del bajío, la gente no tiene necesidad de recurrir a la ordeña para mantenerse? ¿Será que sus autoridades policiacas son más eficientes que las nuestras? ¿Allá si interviene la federación? No es posible ofrecer una respuesta concreta a cada pregunta, por lo que ensayar una teoría carecería de sustento, tanto como lo expresado por las autoridades guanajuatenses.
Mientras aquellos que saben de estos temas logran ofrecernos alguna teoría plausible para explicar las causas y efectos de la situación que se vive en Guanajuato, los ciudadanos de a pie, los que salimos a trabajar todos los días, no podemos hacerlo con tranquilidad, por más que nos juren que la mayoría de los homicidios son un asunto de “delicuencia mayor” y que mientras sea entre ellos, no hay problema.
Estas son cifras del INEGI, que discrepan del Sistema Nacional de Seguridad, que, por cierto, nos pone peor. Enfrascados en Guanajuato en la razón teórica, se quedan cortas las explicaciones y las justificaciones.
Hace falta la razón práctica: aquella que permite actuar, que define estrategias y plantea soluciones, incluso la que dé esperanza. No basta solo el cambio de calendario para septiembre. Guanajuato exige vivir en paz, hoy, mañana y siempre.
