Una juez de Los Ángeles falló el lunes contra una solicitud del gobierno estadounidense para detener indefinidamente a niños migrantes junto con sus representantes, mientras son procesados por entrar ilegalmente al país, y así no separarlos.
El fallo se conoció poco después que una corte en San Diego que había ordenado al ejecutivo a reunir a familias separadas en la frontera extendiera el plazo para hacerlo.
A finales de junio, el presidente Donald Trump echó atrás esta muy criticada política, que formó parte de su plan de “tolerancia cero” migratoria: todo indocumentado que cruza la frontera es procesado criminalmente.
Más de 2,300 niños fueron separados de sus familias a lo largo de varias semanas y alojados en centros administrados por el Departamento de Salud (HHS).
El juez Dana Sabraw, de San Diego, ordenó a finales de junio que para este martes 102 niños menores de cinco años fueran entregados a sus representantes y que para el 26 de julio los mayores de esa edad.
Varias centenas de los niños separados ya se han reunido con sus padres, pero en una audiencia este lunes, Sarah Fabian, abogada del gobierno, dijo que solo 54 del primer grupo estarían de vuelta con sus familias en el plazo dado el 26 de junio.
El gobierno argumenta que necesita más tiempo para verificar y confirmar sus identidades, incluso con pruebas de ADN.
Sabraw dijo el lunes que había visto “progreso real” y entendía que algunos casos requerían “tiempo adicional”.
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“El juez intervino para manejar este desastre de la administración”, señaló Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), que presentó la demanda.
“Cínico intento”
Trump llegó al poder con la promesa de deportar a millones de indocumentados -a los que se ha referido como criminales- y controlar el flujo en la frontera con México mediante un gigantesco muro que aún no comenzó a ser construido.
Al prohibir la separación de familias, Trump aclaró que mantendría la “tolerancia cero”.
De allí el pedido del Departamento de Justicia a la jueza Dolly Gee para que revisara el acuerdo de Flores de 1997, una decisión judicial que impide a las autoridades retener a un menor indocumentado por más de 20 días.
La solicitud llegó a finales de junio, luego que el presidente Donald Trump prohibiera la muy criticada separación de familias en la frontera, como parte de su política de “tolerancia cero” migratoria.
El gobierno argumentó que estos juicios duran más de 20 días por lo que pedía autorización para mantener a los niños detenidos con sus padres por el tiempo que lleve el proceso.
Gee catalogó la solicitud del gobierno como un “cínico intento” para “trasladar la responsabilidad al sistema judicial tras más de 20 años de inacción del Congreso y por una orden ejecutiva poco meditada”.
“Lo cierto es que los niños que se benefician de las protecciones del acuerdo de Flores, y que ahora están bajo custodia son inocentes”, indicó la magistrada. “Están sujetos a las decisiones que toman adultos sobre los que no tienen control. Al implementar el acuerdo, sus mejores intereses deben ser lo principal”.
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El DOJ lamentó el fallo e indicó en un comunicado que continuará “haciendo esfuerzos de buena fe que nos permiten no solo hacer cumplir la ley, abordar la crisis de inmigración ilegal en nuestra frontera y proteger a nuestra nación y sus ciudadanos, sino también proteger la seguridad de los niños bajo custodia”.
En total, unos 11.800 menores migrantes están actualmente retenidos por las autoridades estadounidenses tras haber atravesado ilegalmente la frontera. Cerca de 80% son adolescentes que llegaron solos al país.
