La Consejería Jurídica de Presidencia solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) posponer el análisis y discusión de la primera parte del plan B, programada para este 4 de mayo, para resolver impugnaciones pendientes de la Ley General de Comunicación Social, expedida en mayo de 2018.
“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, el alto tribunal proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022”.
De acuerdo con la Consejería, la petición se hace para evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica.
¿A qué ley se refiere Presidencia?
La Ley General de Comunicación Social, expedida en mayo de 2018, fue impugnada por Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado, bajo el argumento de “vicios en el procedimiento legislativo”.
Las impugnaciones fueron admitidas, pero desde entonces no hay una sentencia sobre el tema.
De acuerdo con el gobierno federal, la Suprema Corte actuó de manera diferenciada en los casos, pues en 2018, aunque aceptó a trámite la acción de inconstitucionalidad, no consideró la suspensión porque consideró que la Ley General de Comunicación Social no tenía carácter electoral y era una norma general y abstracta.
“Esto es contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022″.
Ante esto, el gobierno federal pidió a la SCJN resolver los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos. N
