LIMA.— El presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, afrontará una denuncia más. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano aprobó este viernes 11 de noviembre, con 11 votos a favor y 10 en contra, el informe final que recomienda acusarlo por traición a la patria e inhabilitarlo por cinco años al haber deslizado la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia.
En enero, Castillo desató la controversia al responder una pregunta del periodista Fernando del Rincón de CNN en Español sobre la posibilidad de darle una ruta de acceso a su vecino país al mar. “Es un clamor de Bolivia… Ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, apuntó.
Su declaración provocó que un grupo de abogados denunciara a Castillo por haber infringido diversos artículos de la Constitución de Perú. Además, adjuntaron diversas pruebas como un video del presidente cuando asistió como dirigente a una actividad en La Paz en 2018 y las constantes visitas del expresidente boliviano Evo Morales a Lima para impulsar su proyecto Runasur, que tiene entre sus banderas promover una salida al mar.
En los últimos meses se llamaron a audiencias en el Parlamento para que los acusadores y Castillo expusieran sus argumentos. Sin embargo, la oposición no acogió los del presidente y aprobó por un ajustado margen este viernes su denuncia.
El siguiente paso es que el informe sea derivado a la Comisión Permanente, órgano integrado por el presidente y los vicepresidentes del Congreso y los voceros de las bancadas, donde también debería recibir el visto bueno y así llegue a la última instancia: el Pleno. El Pleno está conformado por los 130 congresistas que deberán evaluar dos escenarios: el antejuicio político y el juicio político.
CASTILLO, CONTRA LAS CUERDAS
Con el primero se permitiría levantar la inmunidad presidencial de Castillo para que sea procesado por la Corte Suprema del Perú. Por su parte, el segundo tiene tres sanciones: destitución, inhabilitación o suspensión. En este caso, solo se necesitaría 66 votos para sacar al maestro de la presidencia.
“No nos amilana a nosotros. Aquí estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano. Espero que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano. En estos momentos coyunturales, la población es el principal testigo de lo que se viene haciendo ¿quién está o no trabajando por el Perú?”, apuntó Castillo tras conocerse la decisión.
La defensa legal del presidente izquierdista tiene una carta para tratar de anular la denuncia antes de que sea inhabilitado. El próximo martes 15 cuando exponga un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional para que se deje sin efecto la acusación por traición a la patria porque habrían incurrido en la vulneración de varios derechos de Castillo Terrones.
Castillo afronta una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía General de Perú, que lo señala de ser el presunto jefe de una organización criminal en el Estado por los casos Puente Tarata y Petroperú. Además, una tercera moción de vacancia presidencial en marcha.
El presidente de Perú también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un “presunto encubrimiento” para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.
UN GRAVE ERROR
En breves declaraciones a Newsweek En Español, el constitucionalista Omar Cairo indicó que “la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales comete grave error”. “Es un informe que carece de seriedad porque propone medidas impracticables. Propone que se le someta a juicio político al presidente para que se le imponga sanción de inhabilitación por cinco años y esto es imposible, [pues] no propone la destitución presidencial”, apuntó.
Además, el experto agrega que el referido documento está “tan mal hecho” debido a que, por un lado, el Congreso pretende inhabilitar de la función pública al jefe de Estado por cinco años y, por otro, suspenderlo, lo cual deja abierta la posibilidad de que retorne a la presidencia una vez culminado el proceso penal. “Castillo mostrará esta decisión parlamentaria para presentarse como víctima ante la misión de la OEA”, finalizó.
La misión diplomática llegará este 20 de noviembre y tendrá dos días para reunirse con diversas instituciones para realizar un diagnóstico de la crisis política en Perú. Esto a petición del presidente Castillo el 19 de octubre pasado. N
