“¿Cuándo ocurrió el evento y a qué hora?”, le pregunta a Mariana* el funcionario en una comisaría de Lima, Perú.

Ella no sabe qué responder. “Te ponen trabas para todo. ¿Qué día y a qué hora me agredió? No sé qué día y a qué hora. Son 16 años de violencia física y psicológica. Es fuerte lo que le cuesta a una mujer que ha sido víctima de violencia por parte de pareja tomar la decisión de hacer una denuncia”, explica Mariana con un tono de voz que denota seguridad, aunque lo matiza con gestos de desconcierto.

Estas dificultades y el miedo a la hora de denunciar casos de violencia son muy frecuentes para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género en Perú, pero Mariana, pertenece además al 1.3 millón de personas venezolanas solicitantes de asilo que eligieron esta nación como país de acogida, según datos de la ONU.

Después de años de maltrato físico y psicológico, a Mariana se le hace imposible recordar el inicio de su pesadilla. Cuando intentó formalizar la denuncia, ella solo pensaba en que, si no hubiera huido con sus dos hijos, los tres habrían muerto.

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La denuncia no es un detalle menor cuando se trata de refugiadas. “Para que el Estado peruano otorgue a las migrantes víctimas de violencia de género una calidad migratoria por vulnerabilidad (una forma de legalización de la permanencia en ese país) en la Superintendencia Nacional de Migraciones, lo primero que deben tener es una denuncia”, explica Guadalupe Yépez, coordinadora de Población Vulnerable de la organización Veneactiva, ONG que ayuda a personas migrantes.

“Además de acudir a las comisarías, el caso debe ser llevado a la fiscalía para gestionar una orden de protección a la mujer. Luego, la orden de protección debe enviarse a Migraciones para que le otorgue de una forma directa la calidad migratoria por vulnerabilidad a la víctima. Esto es una limitante, porque la mayoría de nuestras migrantes no denuncian, o denuncian y no continúan con el proceso ante fiscalía, entonces no obtienen ningún tipo de medida de protección contra su atacante, ni tampoco el beneficio migratorio”, señala Yépez.

En el caso de Mariana, el funcionario de la comisaría insiste: sin la fecha y hora del incidente, no puede seguir adelante con la denuncia.

La actitud y prejuicios de los agentes que atienden a las víctimas puede ser la primera traba, un factor de inhibición y el primer episodio de revictimización que encuentran las mujeres refugiadas y migrantes cuando intentan buscar protección y justicia del Estado peruano.

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Andrea Pardo, del Movimiento Manuela Ramos, una organización de la sociedad civil que desde hace 40 años defiende y promueve los derechos de la mujer en Perú, explica que a las dificultades que enfrentan las mujeres peruanas para poner una denuncia se suman otros obstáculos para las mujeres extranjeras.

“Si el Estado no funciona para los nacionales es todavía más difícil para los extranjeros”, explica. “A esto se suma la revictimización de la mujer y el componente xenófobo en algunos operadores de justicia. Se necesita que el sistema cambie”.

Un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo de Perú confirma que los funcionarios frecuentemente usan comentarios estereotipados para culpar y descalificar a las mujeres que acuden a denunciar, sobre todo a las venezolanas, como: “Veneca, vete a tu país a reclamar” o “porque se viste así”.

Esto puede explicar por qué solo dos de las siete venezolanas entrevistadas para esta investigación denunciaron las agresiones de género de las que han sido víctimas en Perú.

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Las cifras de extranjeras víctimas de violencia de género entregadas a la Defensoría por las Instituciones del Estado reflejan discrepancias en el volumen de casos atendidos en cada servicio, que estarían relacionados con el miedo a denunciar. Durante el periodo 2019-2020, el Ministerio de la Mujer atendió 3,027 casos; el de Salud, 545; el Ministerio Público, 418, y la oficina de Migración solo 21.

“Las refugiadas se sienten más seguras al acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), porque estos no son una amenaza para su estatus migratorio. En cambio, pueden percibir que tienen más riesgos en las comisarías, el Ministerio Público y más aún en Migraciones. Allí les pedirán un documento y siempre hay algún policía”, explica Patricia Samanie, Comisionada para la Defensa de la Mujer de la Defensoría.

Por esta razón la calidad migratoria es una variable de peso en la decisión de las venezolanas de acudir a las instituciones del Estado. “No es frecuente que denuncien, porque la mayor parte de ellas tienen una situación migratoria irregular. En algunos casos les exigen documentos de identidad porque saben que son venezolanas”, explica Karina Dianderas, una de las coordinadoras de proyectos de la ONG Capital Humano y Social Alternativo, quien aclaró que en Perú “no se pide identificación para hacer una denuncia”.

La experiencia de la criminóloga venezolana Maholy Sánchez, que ha trabajado con el Observatorio Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia del Perú y organizaciones internacionales, y quien está radicada en Perú con su familia con la calidad de refugiada, ilustra otras razones que inhiben la denuncia y resaltan las fallas del Estado como protector. 

Ella ha sido víctima de acoso en tres ocasiones. Cuenta que en el autobús en Lima un hombre “comenzó a rozar sus partes íntimas con mis piernas, hasta el punto en que tuvo una erección”. Cuando llegó a la estación para subirse a otro bus, su agresor la siguió, relata Sánchez: “Me asusté tanto que al momento de bajarme tuve que llamar a mi esposo y decirle que me esperara en el paradero”.

Pese a la gravedad del incidente, Sánchez no denunció. “Falta de tiempo, falta de permiso laboral y miedo a que eso influyera en mi regularización migratoria”, son las razones que enumera. “Además, las jornadas laborales eran de 10:00 a 22:00 horas, con 15 minutos para el almuerzo y seis días a la semana”, agrega.

“Si yo que soy profesional no denuncié, que quedará para las demás”, concluye la criminóloga.

AUSENCIA DE CAPACITACIÓN A AGENTES DEL ESTADO

Los Centros de Emergencia Mujer atendieron a 1,332 mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género entre enero y septiembre de 2021, como parte del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA): esto representa 82.4 por ciento del total de extranjeras asistidas, según datos de programa.

Sin embargo, muchas mujeres no logran acceder a estos servicios por desconocimiento, porque el sistema está colapsado, o porque temen ser deportadas por su condición de refugiadas o migrantes sin un documento que acredite su estancia legal en el país.

“La realidad de estas mujeres es vivir en el desamparo total, sin la familia, sin la pareja y sin redes de apoyo. Son muy vulnerables y están muy desasistidas”, asegura Ailín Navas, una psicóloga venezolana que vive en Perú y pertenece a Veneactiva.

Mariana, por ejemplo, consiguió apoyo de algunos amigos venezolanos y vecinos peruanos que le dieron techo y cobijo.

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Las venezolanas no ven como una alternativa los 20 hogares de refugio creados por el Estado para las mujeres sobrevivientes de violencia. “La mayoría de estas migrantes no optan por ir a estos centros porque necesitan trabajar, no solo para mantener a su familia en Perú, sino también para apoyar a los que dejaron en Venezuela”, dice Patricia Garrido, coordinadora del programa AURORA, quien precisa que estando allí no pueden salir a trabajar y esta regla no es susceptible de ser flexibilizada.

Aunque Mariana logró concretar su denuncia e iniciar un proceso judicial por la custodia de sus hijos, lamenta no haber recibido asistencia. “La vida aquí es una locura, no puedes parar. Yo sé que necesito terapia y mi hijo también. Pero paso todo el día trabajando, y tampoco tengo plata”, confiesa. 

La representante de la Defensoría del Pueblo explica que Perú dispone de Centros de Salud Mental comunitarios gratuitos en todo el país, que atienden a sobrevivientes de violencia de género, pero no hay información sobre su existencia, ni los servicios que ofrecen, además estuvieron cerrados durante la pandemia por covid-19 y tampoco cuentan con suficiente personal capacitado.

“Se necesita un tipo específico de profesionales para esta atención, y no los hay en Perú”, dice Samanie.

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Con base en la información aportada por las propias instituciones, el estudio de la Defensoría del Pueblo desnuda otras fallas en la gestión del Estado que afectan a las extranjeras sobrevivientes de violencia de género. Migraciones, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y la propia Defensoría no poseen protocolos específicos para la atención especializada de mujeres refugiadas y migrantes sobrevivientes de violencia ni un plan de articulación interinstitucional con otros entes del Estado para desarrollar programas de ayuda para estas personas, y sus funcionarios y funcionarias carecen de información y de capacitación en este tema en particular.

Las funcionarias del programa AURORA y la Defensoría confirmaron a Amnistía Internacional la falta de capacitación y de coordinación entre instituciones.

“No se cuenta con un Plan de Articulación Interinstitucional aprobado entre todas las instituciones del SNEJ (el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar) que aborde de manera específica el tema de atención a las personas migrantes o refugiadas víctimas de violencia basada en género”, dice el reporte sobre el Ministerio Público incluido en el documento de la Defensoría.

EXPUESTAS Y DESPROTEGIDAS EN CUALQUIER LUGAR

La calle, el trabajo y hasta la escuela suelen ser lugares riesgosos para las mujeres y niñas venezolanas. “El espacio público resulta muy amenazante para las migrantes”, apunta Karina Dianderas, y agrega que “esto ocurre porque hay una cosificación del cuerpo de las venezolanas. Son miradas y observadas todo el tiempo, dejan de ser personas”.

Esto es producto de diferencias culturales que se expresan en violencia “basada en la hipersexualización de la mujer venezolana”, explica la criminóloga Maholy Sánchez.

Luisana*, modelo venezolana de 29 años de edad, fue violada por un médico gastroenterólogo en una consulta privada. “Él la sedó para hacerle una endoscopia. Me pidió que fuera a comprar una bebida para que me alejara del consultorio, y mandó a su asistente a comprar comida. En ese momento aprovechó”, cuenta Luisa*, madre de la víctima, que es cabeza de una familia de tres mujeres y una niña venezolana que se refugiaron en Perú en 2018.

Aunque Luisana despertó cuando el médico todavía la manoseaba, pensó que tenía una confusión producto de la sedación. Su caso fue denunciado en el Ministerio Público, pero casi un año después no hay avances.

Este no es un hecho aislado. “Tengo compañeras que han sido víctimas de intentos de violación, algunas se han regresado [a Venezuela] porque las han llegado a violar”, contó Sánchez.

La respuesta del Estado en la mayoría de los casos demora o ni siquiera llega.

Si bien las venezolanas están expuestas a los peligros de la calle, el espacio laboral es quizás uno de los más riesgosos. Su condición migratoria y sus necesidades económicas las hacen más vulnerables ante los posibles empleadores.

Según el estudio “Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo: venezolanas viviendo y trabajando en Lima, Perú”, “13 de las 15 participantes (en la investigación) relatan situaciones de acoso y hostigamiento sexual al menos en uno de los trabajos que han tenido en Perú y todas hacen referencia a otras mujeres venezolanas migrantes con experiencias similares”.

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Testimonios recabados para esta investigación revelan que el acoso en el trabajo es recurrente. “Mira, nos gusta tu perfil, pero si tú quieres entrar a la empresa tienes que tener algo conmigo”. Esa fue la condición que le puso a Francia* el joven que la entrevistaba para un puesto de asistente de ventas en una empresa en Lima.

Fue la segunda mala experiencia de la venezolana de 27 años de edad. “Eso de hacer propuestas sexuales es muy común para conseguir trabajo aquí. Es superlamentable sentirte en desventaja por ser mujer, y peor aún, por tu nacionalidad”, afirma Francia, quien no denunció por desconocimiento de las leyes y de las vías para hacerlo. 

La violencia contra las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas puede incluso derivar en dinámicas en las cuales algunas se ven forzadas a mantener relaciones sexuales con sus empleadores o con sus caseros para no perder sus trabajos y la vivienda donde están con sus hijos, una práctica llamada “sexo por supervivencia”.

Nereida Arrieta, enfermera, relata que dos meses después de llegar a Perú fue empleada por un médico para asear y realizar otras labores en una clínica en Arequipa.

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“Ellos me aceptaron con mi hija, me daban casa y comida. Los primeros tres meses se tornó todo muy bonito. Él me ubicó, se encargó de que yo estuviera bien, con todos los implementos que implican un hogar… Y yo creo que eso lo confundió”, cuenta.

Nereida relata que su empleador la besó sin su consentimiento. Aunque luego se disculpó, el ataque se repitió. “Él me dijo que como me estaba dando todo, yo tenía que ser su mujer. Y si no aceptaba, así no le servía”, explica. 

Así, sin más, Nereida se quedó sin empleo y sin techo. Salió huyendo de Arequipa, después de que el médico la amenazara. Aunque contó su historia a las autoridades, la respuesta fue una caución o medida de alejamiento para ambos. Fue revictimizada al colocarla en igualdad de condiciones que su perpetrador.

RECOMENDACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PERUANO

Mariana, Maholy, Luisana, Nereida y todas las mujeres en Perú tienen derecho a una vida libre de violencia, sin importar su estatus migratorio. Deberían de poder denunciar la violencia que viven a diario y recibir atención sin ser revictimizadas o discriminadas por quienes tienen el deber de protegerlas. Sin embargo, las organizaciones y mujeres entrevistadas coinciden en que en la práctica esto no sucede.

El gobierno peruano debe fortalecer la sensibilización y capacitación de agentes estatales para garantizar que cesen de usar estereotipos basados en género o en la nacionalidad de las denunciantes, y que conozcan los mecanismos legales existentes como la calidad migratoria por vulnerabilidad.

Además, es fundamental que difundan ampliamente información sobre los derechos de las mujeres refugiadas y migrantes de acudir a los servicios y programas para sobrevivientes de violencia de género sin importar su estatus migratorio, de forma que la falta de documentación nunca sea una barrera adicional para recibir la atención y protección que necesitan.

En su caso, Mariana, tras lograr separarse de su agresor, tiene un presente esperanzador. Cuenta con trabajo y apoyo para el cuidado de sus hijos, y retomó su vocación por el teatro.

“La vida me cambió del cielo a la tierra, yo volví a nacer. Tengo energía para hacerlo todo. Recuperé la confianza en mí”, cuenta con entusiasmo. “Es como que Dios me dio otra oportunidad pues”. N

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*Los nombres de las mujeres entrevistadas fueron cambiados para resguardar su identidad. Ronna Rísquez, autora de este reportaje, es una periodista venezolana independiente, quien colaboró con Amnistía Internacional para la realización de esta investigación. Amnistía Internacional es un movimiento integrado con más de 10 millones de personas que activa el sentido de humanidad dentro de cada una de ellas y que hace campaña en favor de cambios que permitan que todo el mundo disfrute de sus derechos humanos.