Luego de que familiares de “Magui” -adolescente de 14 años asesinada por su pareja sentimental en enero de 2020- se manifestaran la mañana de este lunes en el Palacio de Justicia para exigir una mayor sanción contra el presunto feminicida, el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, señaló que el caso se encuentra cerrado y concluido de forma definitiva, luego de que en octubre se emitiera la sentencia en contra del imputado.
“Se llevó todo el proceso, no hubo ninguna irregularidad, los familiares podrían darles cuenta de todas las audiencias que se llevaron a cabo, el proceso ya culminó, el juez de adolescentes ya le impuso la sentencia, le puso la sanción más alta que contempla la legislación, que son cinco años, que en estos casos no se puede reducir por buena conducta”.
Aunque los familiares acusaron diversas irregularidades en el armado de la carpeta de investigación, descartó dicha situación, ya que las indagatorias del personal ministerial se llevaron de acuerdo a lo que marca la ley, lo que permitió aportar al juez los elementos suficientes para que se dictara la sanción al presunto responsable, Daniel “N”.
“Las irregularidades que señalan, quizá sea sólo la percepción de algunas personas que estuvieron mal asesorando a la familia, porque este proceso está concluido, desde luego sé que la familia no está conforme con la sentencia, pero en la Fiscalía del Estado hicimos todo lo que estaba en nuestra parte, se cumplió con cabalidad en el marco de la ley y no hay nada qué hacer”, añadió.
Figueroa Ortega agregó que la medida de internamiento de cinco años que otorgó el juez se dio en base a lo que señala la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes, en la que no se incluye el delito de feminicidio, por lo que se otorgó la mayor penalidad para un menor de edad, que es de cinco años de internamiento preventivo.
“No es una situación que nosotros digamos que está bien o que está mal, nosotros lo que decimos es que la fiscalía, desde el primer momento en que fuimos a levantar el cadáver de la jovencita iniciamos nuestras investigaciones, dimos con el joven, recuperamos el arma, se llevaron a cabo todas las entrevistas sobre el caso que nos llevaron al responsable, la causa de muerte, todo se hizo con pulcritud y legalidad”.
A pesar de que los familiares y la defensa legal ya interpusieron un amparo ante la justicia federal, el fiscal aseveró que podría resultar improcedente, ya que la aplicación de la justicia se llevó a cabo conforme a lo que señalan las legislaciones y ordenamientos en la entidad.
“El tiempo dará la razón, lo único que les puedo decir es que, al momento del proceso, la sanción que se aplicó fue la que se tenía prevista, y de acuerdo a las reglas constitucionales, debe de ser al momento en que ocurrió el hecho”, hizo hincapié.
Finalmente, subrayó que la única posibilidad de que las sanciones para menores infractores puedan aumentar, tendrían que venir a partir de reformas aprobadas por los legisladores federales y locales, pero que no podrían ser aplicables para el caso de “Magui”, por el principio de no retroactividad de las leyes.
“Si la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes aumenta las sanciones de privación o de internamiento, evidentemente las sanciones se elevarán, pero no hay situaciones que permitan aumentar el tiempo de la medida de internamiento, más adelante los legisladores podrán incrementar la sanción de 5 a 10 años de internamiento, pero a este muchacho no se le podría aplicar porque no puede ser retroactivo”, concluyó.
