EN RESPUESTA a la operación de la policía civil de Río de Janeiro que, hasta el momento, se ha saldado con la muerte de 28 personas, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, ha dicho que “el número de personas muertas en esta operación policial es condenable, al igual que lo es el hecho de que, una vez más, esta masacre se haya producido en una favela.
“La fiscalía estatal de Río de Janeiro debe llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente y efectiva sobre estas atrocidades, de acuerdo con las normas internacionales, para que los agentes estatales que ordenaron esta masacre, la cometieron o participaron en ella rindan cuentas de sus actos y se enfrenten a la justicia”.
También dijo que “es fundamental que la investigación sea llevada a cabo de manera imparcial y autónoma por alguien que no sea la policía estatal de Río de Janeiro, para cumplir las normas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la favela Nova Brasilia, por la que Brasil recibió una condena internacional”.
Agregó que es totalmente inaceptable que las fuerzas de seguridad sigan cometiendo graves violaciones de derechos humanos como las ocurridas en Jacarezinho contra residentes de las favelas, unas personas en su mayoría negras y que viven en la pobreza.
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“Incluso aunque las víctimas fueran sospechosas de asociación delictiva (lo cual no se ha demostrado), las ejecuciones sumarias como estas son totalmente injustificables. La policía tiene el poder de detener, pero los tribunales tienen el deber de procesar y juzgar a los sospechosos de cometer delitos”.
La masacre de Jacarezinho es la mayor jamás cometida por policías en la ciudad de Río de Janeiro, y supera incluso a la masacre de Vigário Geral de 1993, en la que murieron 21 personas, señala la organización internacional.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil suspendió las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro el 5 de junio de 2020, pero el gobierno estatal ha incumplido sistemáticamente la decisión del máximo tribunal del país, y las operaciones no han cesado. La sociedad civil ha monitoreado de forma constante estas operaciones y ha denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas en las favelas. N
