CUATRO PAÍSES de Oriente Medio, encabezados por Irán, hicieron un uso “despiadado y escalofriante” de la pena de muerte en 2020 “a pesar de la pandemia de covid-19, dominando el récord mundial de ejecuciones”, dio a conocer Amnistía Internacional a través de un informe  publicado este miércoles.

El grupo de derechos humanos con sede en Londres registró 483 ejecuciones en 18 países en 2020, un 26 por ciento menos que las 657 de 2019 y la cifra más baja registrada en la última década.

“Aunque hubo una tendencia general hacia la disminución, algunos países mantuvieron o incluso aumentaron el número de ejecuciones llevadas a cabo, lo que indica un escalofriante desprecio por la vida humana en un momento en el que la atención mundial se centraba en proteger a la gente de un virus mortal”, señaló la organización.

Entre los países que llevaron a cabo ejecuciones en 2020 se encontraba Egipto, que triplicó su cifra anual de ejecuciones respecto al año anterior, y se encontraba también China, que anunció que se castigarían los actos delictivos que afectaran a las medidas de prevención de la covid-19, lo que dio lugar a que al menos un hombre fuera condenado a muerte y ejecutado. 

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Mientras tanto, el gobierno de Trump reanudó las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años, “con la escalofriante cifra de 10 ejecuciones en menos de seis meses”. India, Omán, Qatar y Taiwán también reanudaron las ejecuciones.

“Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente al covid-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La pena de muerte es un castigo abominable, y llevar a cabo ejecuciones en medio de una pandemia subraya aún más su crueldad inherente. La lucha contra una ejecución es difícil en los mejores momentos, pero la pandemia provocó que muchas personas condenadas a muerte no pudieran acceder a asistencia letrada en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo tuvieron que exponerse a riesgos considerables —y, sin embargo, absolutamente evitables— para la salud. El uso de la pena de muerte en estas condiciones es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos”.

Las restricciones relacionadas con la pandemia tuvieron preocupantes repercusiones en el acceso a asistencia letrada y en el derecho a un juicio justo en varios países, entre ellos Estados Unidos, donde abogados de la defensa dijeron que no habían podido realizar trabajo fundamental de investigación o reunirse en persona con sus clientes, dio a conocer Amnistía Internacional.

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LOS CINCO PAÍSES CON MÁS EJECUCIONES

China clasifica todas sus ejecuciones y condenas a muerte como secreto de Estado e impide el escrutinio independiente. Por tanto, las cifras de que dispone Amnistía Internacional sobre todas las ejecuciones de las que se ha tenido noticia no incluyen las llevadas a cabo en China, advirtió la organización. 

Sin embargo, se cree que China ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte una vez más a este país en “el verdugo más prolífico del año”, por delante de Irán (+246), Egipto (+107), Irak (+45) y Arabia Saudí (27). Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí llevaron a cabo el 88 por ciento de todas las ejecuciones de que se tuvo conocimiento en 2020.

Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales, y se convirtió en el tercer país que más ejecuciones llevó a cabo en 2020. Al menos 23 de las personas ejecutadas habían sido condenadas a muerte en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada. Se observó un repunte de las ejecuciones en octubre y noviembre, cuando las autoridades egipcias ejecutaron al menos a 57 personas (53 hombres y 4 mujeres).

Aunque las ejecuciones registradas en Irán siguieron estando por debajo de las de años anteriores, el país utilizó cada vez más la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios, lo cual contravenía el derecho internacional.

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“Muchos países de la región de Asia y Oceanía siguieron violando el derecho y las normas internacionales que prohíben el uso de la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional. Pese a ello, se impuso la pena de muerte para delitos de drogas en China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, por corrupción en China y Vietnam, y por blasfemia en Pakistán. 

“En Bangladesh y Pakistán se impusieron condenas a muerte en tribunales establecidos mediante legislación especial y que normalmente utilizaban procedimientos diferentes de los empleados por los tribunales ordinarios. En Maldivas seguían condenadas a muerte cinco personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito”.

Estados Unidos fue el único país de las Américas donde hubo ejecuciones en 2020. En julio, el gobierno de Trump llevó a cabo la primera ejecución federal en 17 años, y cinco estados ejecutaron a un total de siete personas.

LA CIFRA MÁS BAJA EN UN DECENIO

En el mundo, “se supo que al menos 483 personas habían sido ejecutadas en 2020 (sin contar a los países que clasifican los datos sobre pena de muerte como secreto de Estado, o sobre los que existe información limitada: China, Corea del Norte, Siria y Vietnam). Por escalofriante que resulte esta cifra, es el número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional en al menos un decenio”. 

Representa una disminución del 26 por ciento respecto a 2019, y del 70 por ciento desde el máximo de 1.634 ejecuciones alcanzado en 2015.

Según el informe, la disminución del número de ejecuciones se debió a una reducción en algunos estados retencionistas y, en menor medida, en algunas interrupciones de las ejecuciones producidas como respuesta a la pandemia. N