Como ningún otro presidente en la historia reciente, Andrés Manuel López Obrador enfrenta la oposición de varios gobernadores del país.
Es una crisis que se profundizó con la pandemia de coronavirus.
Desde el inicio de su gobierno, el 1 de diciembre de 2018, AMLO, como se conoce al presidente en México, enfrenta un creciente rechazo de mandatarios locales a sus decisiones.
Algunos incluso se oponen a participar en las reuniones de seguridad que legalmente se realizan cada día.
Otros no aceptaron formar parte del nuevo sistema nacional de salud, algunos pretenden cambiar las reglas para repartir los impuestos y varios pretenden revisar el Pacto Federal, que es el origen de la República Mexicana.
El viernes 29 de mayo, siete gobernadores acordaron aplicar su propia estrategia para salir de la emergencia sanitaria, al margen de las medidas ordenadas por el gobierno federal.
Los estados que aplicarán sus normas para reabrir actividades son Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima y Michoacán.
En lo que va de la pandemia 93,435 personas se han contagiado de COVID-19 y otras 10,167 han muerto, según datos de la Secretaría de Salud.
“No queremos dividir”
El argumento de los mandatarios es que las disposiciones de la Secretaría de Salud para reanudar las actividades en el país no corresponden con la realidad de los estados.
Las medidas, como un semáforo para determinar quiénes y cómo vuelven a la normalidad, se toman “de manera unilateral”, afirman los mandatarios.
“Parece ser que tuviera un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos”, afirma el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
Los gobernadores aseguran que no pretenden dividir al país. “No constituimos un frente opositor al gobierno de México ni al presidente”, insiste Aureoles.
Pero algunos especialistas ven una creciente confrontación que se agudizó en esta pandemia.”Es una rebelión”, afirma el politólogo y exconsejero electoral Eduardo Huchim a BBC Mundo.
“Es algo que no ocurría antes, pero ahora hay un frente de siete gobernadores, entonces es una lectura válida decir que existe una rebelión”.
BBC Mundo solicitó entrevistas sobre el tema a los gobernadores de Jalisco, Chihuahua y Yucatán, pero no hubo respuesta.
Presidencia imperial
Durante casi todo el siglo pasado los gobernadores solían tener una actitud de sumisión ante el presidente en turno, recuerda Huchim.
Así ocurrió en los 70 años que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó al país.
Los gobernadores acataban sin cuestionar las decisiones presidenciales. “Cuando alguien quería asomar la cabeza se la cortaban con el recurso de la desaparición de poderes” dice el analista.
“También estrangulaban a los estados con el reparto de las participaciones fiscales que entrega la Secretaría de Hacienda”, parte del gobierno federal.
Los presidentes eran las figuras con mayor poder político del país, inclusive por encima de los gobiernos locales. Uno de los ejemplos más claros fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
En su gobierno (1988-1994) 19 de los 32 gobernadores abandonaron su cargo, algunos porque recibieron la orden de incorporarse al gabinete presidencial y otros porque fueron destituidos.
En ese período ningún mandatario local se oponía al presidente. El único caso fue Roberto Madrazo, quien en 1995 se negó a renunciar como pretendía el entonces presidente Ernesto Zedillo.
La situación cambió a partir de 2000 cuando el PRI perdió el poder y el conservador Vicente Fox asumió la presidencia.
La mayoría de los mandatarios locales eran militantes del PRI, pero a pesar de ello no existió un escenario como el que ahora enfrenta López Obrador, coinciden especialistas.
Historia de desencuentros
La oposición de algunos gobernadores empezó en los primeros meses del gobierno de López Obrador.
Todos los días la primera actividad del presidente es reunirse con su Gabinete de Seguridad para analizar el comportamiento de la delincuencia en el país.
Una práctica que se repite en todos los estados. Oficialmente los gobernadores deberían encabezar estas reuniones, pero no todos han cumplido la disposición.
En diciembre pasado, López Obrador informó en una de sus conferencias matutinas que los mandatarios de Guanajuato, Nayarit y Querétaro nunca habían participado en esos encuentros.
En respuesta, el gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, dijo que no planea asistir a las juntas del gabinete de seguridad. “No he estado ni iré a esas reuniones”, dijo.
El estado, por cierto, es el que registra el mayor número de homicidios en el país, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Otro desencuentro ocurrió con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular con que se atendía a la población que no cuenta con servicios de seguridad social.
Los gobernadores de Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco no aceptaron participar en el nuevo sistema.
“Es un error desmantelar los sistemas de salud estatales”, dijo el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro.
“La idea de plantear políticas públicas desde la Federación y considerar que todos los estados están en las mismas circunstancias es un error”.
Viejos pactos
El siguiente episodio ocurrió cuando iniciaba la fase más crítica de la pandemia de coronavirus.
Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila demandaron a López Obrador que se revisara el pacto fiscal con la Federación.
Se trata de un acuerdo firmado en los años 70 para que todos los impuestos federales que se cobran en el país se destinen a una bolsa común.
El dinero se reparte entre los estados según las necesidades de cada uno y no con base en su recaudación.
Por varias décadas algunas entidades, sobre todo las que generan más riqueza, han rechazado el pacto pues argumentan que reciben menos de lo aportado.
Es una vieja discusión que no tenía sentido revivir a mitad de la emergencia sanitaria, dice el analista Huchim. Hacerlo ahora, añade, es una muestra de la rebelión de algunos mandatarios.
López Obrador aceptó revisar el acuerdo, pero después de superar la contingencia sanitaria.
También durante la fase 3 de la epidemia otros gobernadores como el de Chihuahua, Javier Corral, promovieron revisar las reglas del Pacto Federal.
Es un documento firmado en 1824 donde las entidades aceptaron formar parte de la república. Por eso el nombre oficial del país: Estados Unidos Mexicanos.
Ahora la pandemia puso en evidencia que el modelo actual del federalismo en el país se agotó, asegura el gobernador de Chihuahua, Corral.
“Chihuahua se rasca con sus propias uñas porque, además, no hemos tenido recursos extraordinarios o adicionales” para atender la emergencia de salud, critica.
Política y elecciones
¿Por qué la rebeldía de los gobernadores ante López Obrador?
Una respuesta es la necesidad de algunos mandatarios de crear un contrapeso a la fuerza política del presidente, dice Alberto Aziz Nassif, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide).
El partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional, tiene siete gubernaturas y la mayoría legislativa en el Congreso.
Es la primera vez desde 1994 que un solo partido obtiene el control del Senado y la Cámara de Diputados.
Antes de la pandemia, explica el analista, los mandatarios no habían logrado encontrar un tema para formar un frente, hasta ahora que coinciden en la revisión del pacto fiscal.
“Aprovechan el momento muy difícil para el país y para el gobierno federal para plantearlo y lograr tener una agenda común”, dice Aziz a BBC Mundo.
No es todo: el próximo año hay elecciones intermedias en México para renovar la Cámara de Diputados y 15 de las 32 gubernaturas.
Así, los gobernadores que se han opuesto a las decisiones presidenciales buscan mejorar la posición electoral de los partidos políticos donde militan.
“Está clara la apuesta de algunos de ellos para decir: mientras más duro sea mi reclamo voy a quedar bien con mi gente, con el estado” explica el investigador del Cide.
“Todos buscan liderar a la oposición, que está muy desvalida, a ver quién puede ser quien encabece esa posibilidad. En ese contexto hay que ubicar las demandas” de los gobernadores.
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