Tras el tiroteo de 2019 en Christchurch, los neozelandeses se unieron para hacer que sus leyes de control de armas fueran más estrictas. Sin embargo, un año después, el entusiasmo ha decaído.
El 15 de marzo de 2019, un pistolero entró en dos lugares de culto musulmanes en Christchurch, Nueva Zelanda, y asesinó a 51 personas. Comenzó en la mezquita de Al Noor, continuó en el Centro Islámico Linwood y fue implacable; la más joven de sus víctimas fue un niño de tres años, mientras que la mayor tenía 77. Cuarenta y nueve personas resultaron heridas. La policía encontró cinco armas en la escena: dos semiautomáticas, dos rifles y un arma de fuego de palanca. El presunto pistolero, Brenton Tarrant, un australiano de 28 años, había obtenido una licencia para portar armas en Nueva Zelanda en noviembre de 2017, y había adquirido esas armas de manera legal.
La respuesta política de Nueva Zelanda se produjo rápidamente. Briana Spainhour, de 20 años, directora de organización regional del movimiento Marcha por Nuestras Vidas, una organización dirigida por estudiantes y formada a raíz de los asesinatos en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, dijo: “A ellos les tomó unos cuantos días hacer algo para lo que, en Estados Unidos, hemos trabajado durante toda mi vida”.
En una semana, la primera ministra Jacinda Ardern anunció que se prohibirían todos los rifles de estilo militar semiautomáticos y de asalto. El 10 de abril, todos los legisladores del Parlamento neozelandés, excepto uno, votaron a favor de la primera de dos rondas de cambios en las leyes de armas de ese país, en los que se prohibían las armas semiautomáticas, así como sus cargadores y refacciones. En junio, se anunció un esquema de seis meses de amnistía y recompra, al igual que una segunda ronda de leyes que incluía un registro de armas con el fin de permitir que la policía vigilara atentamente todas las armas del país, cuya cantidad se calcula en 1.5 millones.
Philippa Yasbek, cofundadora del grupo de cabildeo Gun Control NZ, señala: “Evidentemente, ninguna recompra hará que todas las armas de fuego desaparezcan de la comunidad, pero al hacerlo se genera una diferencia bastante importante en la seguridad en general”.
Añade que la narrativa relacionada con las armas en Nueva Zelanda ha sido reescrita: “En realidad, la posesión de armas no es un asunto privado, pues nos afecta a todos, no solo a las personas que las poseen”.
Sin embargo, una vez que se dispara un arma, se produce el culatazo. El apoyo casi unánime que obtuvo Ardern tras la masacre se ha desvanecido, y el grupo de cabildeo a favor de las armas de Nueva Zelanda y la oposición política de Ardern han arremetido contra las leyes de control de armas de ese país, incluida la propuesta de registro de armas.
Tras el incidente de Christchurch, Nueva Zelanda ha seguido un plan de acción rápida redactado en Australia. Estrictas medidas de control de armas, establecidas tras la masacre de Port Arthur en Tasmania, donde murieron 35 personas en 1996, restringieron el acceso a las armas de fuego para los australianos, y 650,000 armas fueron entregadas a las autoridades. Entre 1979 y 1996, se produjeron 13 tiroteos masivos en ese país. Tras las reformas, han ocurrido solo dos.
Alexander Gillespie, catedrático de legislación internacional de la Universidad de Waikato en Hamilton, Nueva Zelanda, señala que las leyes promulgadas tras el incidente de Christchurch “fueron aprobadas muy rápidamente”, pero “si ha habido algún momento de urgencia, ese momento es ahora, ya que nunca antes había ocurrido una masacre como esta en Nueva Zelanda”.
Esta contundencia fue popular. En abril de 2019, menos de un mes después de la masacre, 61 por ciento de los neozelandeses estaban de acuerdo con las nuevas leyes, además de que 19 por ciento pensaban que estas no tenían un alcance suficiente, de acuerdo con un estudio realizado por la encuestadora neozelandesa Colmar Brunton. “La magnitud de la masacre que ocurrió no solo fue grande según los estándares de Nueva Zelanda, sino que lo fue también según los estándares internacionales, por lo que, en términos de haber actuado rápidamente debido a que algo terrible había ocurrido, las medidas fueron totalmente adecuadas”, señala Gillespie.
Chris Cahill, presidente de la Asociación de Policías de Nueva Zelanda, está de acuerdo en que el impulso fue clave para poner en marcha un esquema de recompra, y los organismos de aplicación de la ley supervisaron 600 eventos de recolección antes de la fecha límite del 20 de diciembre, con un costo para los contribuyentes de 102 millones de dólares neozelandeses (64 millones de dólares estadounidenses). Afirma que Nueva Zelanda “ciertamente es más segura; se han entregado 56,000 armas de fuego, y se han modificado otras 3,000, que son las más peligrosas. Se trata de rifles de asalto semiautomáticos, que constituyen la gran mayoría, además de ser las armas más serias y más peligrosas, por lo que es una medida que ha hecho que Nueva Zelanda sea más segura, aun si no estamos de acuerdo en cuántas más armas todavía están sueltas por ahí”.
Esa cifra aún está en duda. En una evaluación encargada por el gobierno en 2019 y realizada por la empresa de consultoría KPMG se calculó que la cantidad de armas actualmente prohibidas que aún están en manos privadas en Nueva Zelanda podría ser de entre 50,000 y 170,000.
Y no todas las personas están felices con la recompra. El Consejo de Propietarios Autorizados de Armas de Fuego (COLFO, por sus siglas en inglés), que representa a algunos de los propietarios legales de armas de fuego, cuya cifra se calcula en 250,000 personas, señala que el esquema de recompra no compensa equitativamente a las personas que han entregado sus armas, además de haber satanizado a los propietarios respetuosos de la ley. De acuerdo con Nicole McKee, vocera de COLFO, “Hasta tres semanas antes del final del periodo de compensación, seguían añadiendo cosas que se prohibirían sin obtener realmente esa información de la gente. Pensamos que hay todavía una cantidad bastante grande de personas respetuosas de la ley y que, sin saberlo, están en posesión de artículos prohibidos”.
Añade que “no es que COLFO esté en contra de esto, sino que estamos a favor de un cambio efectivo para obtener buenos resultados”.
A Phil Cregeen, secretario de la Asociación de Tiro Deportivo de Nueva Zelanda, le enfurece que la recompra se haya centrado en armas distintas a las semiautomáticas de estilo militar, y afirma que muchos propietarios que entregaron sus armas no recibieron una compensación justa. Los pagos iban de 95 por ciento del precio al menudeo para las armas nuevas o casi nuevas, hasta 25 por ciento de aquellas que estaban en malas condiciones.
“Las reformas propuestas actualmente por el gobierno no están basadas en pruebas, sino que parecen haberse basado en un programa impulsado por una ideología política”, afirma Creegan. Y añade: “Muchos de nuestros miembros se sienten víctimas por ser usados como chivos expiatorios por un acto de terrorismo, en un intento del gobierno de encubrir las fallas que permitieron que ocurriera el ataque”.
Las licencias de posesión de armas de Nueva Zelanda se conceden por diez años a cualquier solicitante considerado “apto y honorable” por la policía. No existen límites sobre cuántas armas de fuego de “categoría A”, que abarca a la mayoría de rifles y escopetas, puede poseer una persona a la que se le otorga la licencia. Esta categoría incluyó alguna vez el rifle AR-15, que presuntamente usó Tarrant. El registro de armas propuesto tiene la intención de ser una forma de seguir la pista a todas las armas del país, y no solo a cada uno de sus dueños. El gobierno ha argumentado que un registro será muy importante para lograr cualquier cambio de gran magnitud. Sin embargo, COLFO se opone a él.
“Queremos que el registro desaparezca”, afirma McKee. “Nos preocupa seriamente la seguridad de los propietarios de armas de fuego al tener un registro que puede ser violado”, añade, y señala una filtración de datos ocurrida en diciembre pasado, en la que los detalles sobre los propietarios de armas que participaron en la recompra fueron publicados en línea durante un breve tiempo.
Para que el Proyecto de Ley sobre Legislación de Armas pase el umbral de 60 votos en el parlamento, que cuenta con 120 escaños, necesita el apoyo del Partido Nueva Zelanda Primero, que está en coalición con el Partido Laborista de Ardern. Winston Peters, líder de Nueva Zelanda Primero, cuyo acuerdo con los Laboristas llevó al poder a Ardern en 2017, es conocido por mantener sus cartas ocultas, y una vez más, tiene el futuro de Ardern en sus manos. El aniversario de los asesinatos de Christchurch dirigió la atención y las emociones del público hacia el tema de las armas. Ardern se postulará para la reelección en septiembre, y es probable que las reformas de las leyes de armas sean un tema de campaña. Una Comisión Real de Investigación sobre la tragedia presentará su informe a finales de abril.
Mientras tanto, la primera ministra ha tratado de mantener el sentido de urgencia sobre el control de armas que unió a la nación el año pasado. En un reciente documento no clasificado del gobierno, Ardern señaló que Nueva Zelanda enfrentaba ahora “un mayor riesgo” de sufrir otro ataque terrorista, y solicitó más dinero para impulsar los esfuerzos antiterroristas dirigidos a “evitar que una tragedia como esa vuelva a ocurrir”.
—
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
