El presidente Jair Bolsonaro firmó a la noche del miércoles un decreto que prohíbe las quemas en todo Brasil durante dos meses y que busca frenar la multiplicación de incendios en la Amazonia que provocaron una crisis ambiental y diplomática.
El decreto, con vigencia de dos meses a partir de este jueves, fue firmado por el presidente Jair Bolsonaro, cuestionado por su apoyo a la expansión de actividades agrícolas y mineras en territorios indígenas y áreas protegidas de la mayor selva tropical del planeta.
La firma del acuerdo se da en medio de la preocupación internacional y crispa al gobierno, temeroso por su soberanía sobre un territorio de 5.5 millones de km2. La polémica se exacerbó después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, evocara acordar un “estatuto internacional” a la región, esencial para el equilibrio de los regímenes de lluvia y la retención de carbono.
Las quemas controladas están permitidas por el Código Florestal brasileño en determinadas circunstancias (como prácticas agrícolas y forestales en las que se justifique su uso), desde que sean autorizadas por los organismos de control.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó la posibilidad de organizar al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre una reunión específica sobre la situación en la Amazonia, donde “la situación es evidentemente muy grave”.
El gobierno brasileño, que ha desplegado más de 3,900 militares y brigadistas, cientos de vehículos y 18 aeronaves, aseguró el miércoles por la noche que los focos de incendio estaban disminuyendo, sin dar números.
Los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales mostraron que desde el martes al miércoles por la noche hubo en Brasil 1,628 focos nuevos, totalizando 84,957 desde enero, más de la mitad de ellos (51.8%) en la selva amazónica. Ese número marca un aumento de 75% respecto al mismo periodo del año pasado y constituye un récord de incendios desde 2010.
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El país se encuentra en temporada seca, pero los especialistas afirman que el aumento de los incendios se debe principalmente al incremento de la deforestación impulsada por la industria maderera y las actividades agropecuarias.
“Es muy difícil creer que [el decreto] tenga algún impacto inmediato en el terreno. Quien quema sin licencia, no lo va a respetar”, dijo Rodrigo Junqueira, portavoz del Instituto Socioambiental (ISA), una entidad científica no gubernamental volcada a proyectos sociales y ambientales.
Además, “la vigilancia no podrá ser movilizada, después del desmonte del aparato ambiental”, agregó, en referencia a medidas del gobierno que debilitaron a las instituciones a cargo de esa tarea.
En Porto Velho, la capital de Rondonia, uno de los estados más afectados por los incendios, las humaredas disminuyeron en los últimos días, gracias a algunas lluvias, señalaron reporteros de la AFP.
Pero existen dudas sobre la posibilidad de poner fin por decreto a un fenómeno vinculado al ‘grilagem’, como se denomina la práctica de apropiación ilegal de tierras públicas.
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El fiscal Daniel Azevedo Lobo, de la “fuerza tarea Amazonia” del Ministerio Público Federal, afirma que “en un 70%, la deforestación se debe a la actividad de organizaciones criminales”.
“Hay personas engañadas, personas pobres involucradas (…), pero siempre al servicio de otras, que son las que realmente promueven la deforestación y la apropiación ilegal de tierras”, sostiene.
“En Rondonia y en toda la Amazonia hay grupos organizados, estructurados, que se dedican al ‘grilagem’ y están conectados con grupos de otros lugares. Muchos son madereros y actúan donde la tierra está siendo ocupada ilegalmente. Donde hay ‘grilagem’ hay aserraderos”, detalla.
El fiscal apunta que “la deforestación no es de hoy. Hay un historial de ocupación del suelo en la Amazonia, aunque se intensificó últimamente y el discurso de Bolsonaro no ayuda [a frenarlo]”.
