Durante las últimas semanas, en Newsweek Coahuila se ha dado un seguimiento puntual al caso FICREA. El resumen de los datos y de los hechos es el siguiente:
- El Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila invirtió, a valores actualizados, alrededor de 150 millones de pesos en FICREA, S.A. de C.V.
- FICREA defraudó a sus clientes, incluido el Tribunal, y en 2014 se decretó su quiebra y el inicio del concurso mercantil.
- Al Tribunal Superior de Justicia se le reconoció como acreditado en el concurso mercantil, y a la fecha han recuperado 26 millones de pesos, que han sido devueltos en cinco pagos.
Frente a lo anterior, la Auditoría Superior del Estado detectó un número importante de irregularidades:
- El dinero se invirtió aparentemente fuera de norma, pues la calificación de los instrumentos de inversión de FICREA no estaba en el nivel mínimo establecido por la normatividad vigente.
- Hay evidencia compilada, respecto de que las y los funcionarios administradores del tribunal, alertaron a sus superiores de las irregularidades y riesgos de tener el dinero en FICREA.
- Los órganos de gobierno del Tribunal no sólo no retiraron el dinero, sino que además incrementaron los montos invertidos.
A partir de estos y otros numerosos hechos, la Auditoría Superior del Estado ha interpuesto una querella ante la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Reyes Flores, quien, en entrevista a Newsweek en Español, confirmó que esta investigación se encuentra abierta y que de contarse con los elementos suficientes, no habrá impunidad.
Adicionalmente, por datos obtenidos a través de una solicitud de información al Tribunal Superior de Justicia, se corroboró que el costo del despacho que contrató el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, ha cobrado por concepto de honorarios una suma de 8.4 millones de pesos, entre 2015 y 2016; es decir, prácticamente el 30% de los 26 millones recuperados por el Tribunal, de tal suerte que en realidad, lo que se ha logrado reingresar al Fondo para la Administración de la Justicia es una suma de aproximadamente 17.7 millones de pesos, descontando el costo del despacho mencionado, el cual, al parecer del síndico de la quiebra de FICREA, está de más, pues no va a obtener más allá de lo que ya le reconoció como crédito a la institución.
El TSJ no va a recuperar mucho más dinero; en la perspectiva del síndico de la quiebra, el mejor escenario es que llegaría al 40% de los 150 millones que tiene reconocidos, es decir, el monto máximo serían 60 millones, menos los honorarios que le seguiría cobrando el despacho. Por lo que la pérdida mínima del Tribunal será de 81.6 millones de pesos (equivalentes al presupuesto anual que derrocha el gobierno municipal en publicidad, por ejemplo).
Al respecto cabe la pregunta ¿qué racionalidad hay en el hecho de que, habiendo perdido ya al menos 90 millones de pesos; habiendo recuperado hasta ahora sólo 26 millones; además se contrate a un despacho que le ha costado, hasta ahora parcialmente, 8.4 millones de pesos a la institución? Esto es una situación que la Auditoría Superior del Estado también debería revisar.
El presidente del Tribunal, cuando ocurrió todo este desastre era Gregorio Pérez Mata, quien no ha dicho a nuestro medio una sola palabra sobre este tema, y a quien se ha intentado entrevistar por distintos medios sin haber logrado aún contacto para saber por qué la actuación del TSJ fue tan laxa y tan relajada ante un daño patrimonial de la magnitud que se ha documentado.
La denuncia que interpuso el Auditor Superior del Estado ante el Fiscal Anticorrupción es en contra de “quien resulte responsable”; y en esa lógica, lo esperable sería que se le cite a Pérez Mata y a quienes formaban parte del Comité que autorizó las inversiones a FICREA, al menos en calidad de testigos, y expliquen por qué, si no hubo dolo, al menos por cuáles razones se cometieron todos los “errores” que ha documentado la Auditoría Superior del Estado.
Combatir la corrupción, erradicarla y prevenirla tiene qué ver con establecer no sólo sanciones penales y administrativas, sino con dar el mensaje a las y los políticos de que su actuación está siendo revisada escrupulosamente; y ante la ciudadanía, el mensaje debe ser relativo a que no se permitirá el desvío de los recursos que deben estar siempre y al 100% destinados a la garantía de sus derechos.
Gregorio Pérez Mata tendría mucho qué explicar, más allá de las declaraciones “banqueteras” a los medios de comunicación. Pero esto no puede ser solo un asunto noticioso, y tendría que encauzarse por las vías institucionales conducentes.
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