Detener la instalación de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito, aún es posible, según el académico de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Adán Fausto Castillo Benítez.
En una visita a Tecate, el candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jaime Martínez Veloz, prometió que, de ser elegido, cancelará el contrato del proyecto.
La obra podría cancelarse mediante terminación anticipada por rescisión; terminación anticipada por causas de fuerza mayor y por razones de interés general o causas justificadas, explicó un exfuncionario estatal que solicitó anonimato y que participó en la planeación del proyecto.
El aspirante a la gubernatura argumentó la cancelación del proyecto por el impacto ecológico, y porque su fin es abastecer de agua a Estados Unidos, objetivo incluido en los primeros anteproyectos de la planta, aunque esto ha sido desmentido por el gobierno estatal.
Castillo Benítez, especialista en desarrollo urbano y medio ambiente, indicó que la cancelación del proyecto está dentro de las facultades del gobernador, aunque tendrán que pagarse los daños y perjuicios o fianzas establecidas en el contrato.
El proyecto, agregó, se desarrollará bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), lo que implicaría costos económicos.
Comparó la situación que pudiera originarse, con lo que ocurre con el aeropuerto de Texcoco.
Observó que la instalación de una desalinizadora provocaría severos daños ambientales porque el complejo proceso de la desalinización requiere de mucha energía calórica, para lo cual se recurriría a combustibles de origen fósil.
“La contaminación que se genera por los combustibles fósiles, además de la que provocan los residuos de la desalinización que se regresan al mar, es muy costosa. Considerando que se afectaría un entorno de por sí frágil, sería menos costoso el pago el económico”, evidenció.
El especialista estimó que la propuesta de Martínez Veloz, es “viable y necesaria, además de que buena parte de los proyectos de punta en el estado, se usan para el mercado norteamericano”.
Datos difundidos por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, señalan que el costo del proyecto es de 463 millones 100 mil dólares , y la proyección de beneficiados alcanza el millón 738 mil 304 habitantes.
Establecen además que “el proyecto propuesto consiste en el diseño, construcción y operación de una planta desaladora con capacidad de producción de 2 mil 200 litros por segundo o 50 millones de galones diarios de agua en Playas de Rosarito, Baja California.
El proyecto también incluye la construcción y operación de un acueducto de dos tuberías de 29 kilómetros de longitud, con un diámetro de 42 pulgadas, para transportar el caudal de la desaladora a los tanques de almacenamiento ‘El Florido’ y al Tanque ‘3’, ambos ubicados en Tijuana, Baja California.
El presidente de Consolidated Water, Rick Mactagger, giró un comunicado a sus accionistas para informar que el pasado 31 de diciembre se venció el plazo para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) busque líneas de crédito para ayudar a garantizar el pago de las contraprestaciones.
