Guanajuato, Puebla o Tamaulipas no hubieran podido convertirse en las entidades con el mayor número de tomas clandestinas en el último sexenio, de no haberse presentado condiciones propicias que incluyen la omisión y hasta la complicidad de las autoridades locales en diversos niveles.

Incluso, hoy, tras la abrupta maniobra encabezada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el problema, sabemos que el robo de combustible en los ductos parece ser solo la puesta en escena de un delito mucho mejor organizado: el robo directo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

En los últimos 9 años, la mitad del gobierno de Juan Manuel Oliva y todo el gobierno de Miguel Márquez, Guanajuato saltó a la palestra nacional como uno de los escenarios predilectos del robo de combustible. No solo eso: la maniobra criminal tuvo la suficiente fuerza para dar a luz a un cartel local que nunca fue tocado bajo el pretexto de que se trataba de “un delito federal”, no obstante que la actividad criminal ha incluido una creciente violencia reflejada en el incremento de homicidios dolosos, delito que ese sí es de índole local.

Da la casualidad de que esos mismos nueve años son los que ha ocupado la Procuraduría de Justicia de Guanajuato y por lo tanto la función de perseguir los delitos que se cometan en el territorio de la entidad, un individuo: Carlos Zamarripa Aguirre, quien a lo largo de ese periodo acumuló suficiente poder incluso para influir en las decisiones de todo el PAN de Guanajuato y el estamento empresarial asociado a ese partido.

Originalmente habíamos expuesto que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez estaba tomando la decisión de ratificar a Zamarripa, junto con su escudero Alvar Cabeza de Vaca, como parte de un compromiso con su antecesor, Miguel Márquez Márquez, quien le allanó todos los posibles obstáculos para hacerse con la candidatura y con la gubernatura de Guanajuato.

Sin embargo, la cosa pareciera aún más grave. Mi nueva impresión es que el verdadero factor de poder en Guanajuato es Carlos Zamarripa, quien ha logrado hilvanar diversos respaldos para mantenerse en el poder por otros nueve años con el carácter de Fiscal General.

Cualquier político con un mínimo sentido de sobrevivencia sabría que aupar a un funcionario en el mando de un área estratégica como la seguridad y el monopolio de la persecución de los delitos por un periodo que excede su propio mando constitucional, producirá una transferencia de poder inédita que operará directamente en su contra.

Hoy Zamarripa aún necesita del favor político de Sinhue, pero a la vuelta de los años que vienen, no muchos, el horizonte se modificará sin que haya necesidad de ser un profeta, Un funcionario cuyo mandato incluirá todo el sexenio y casi cuatro años más del siguiente gobierno, será sin duda alguna el centro del poder en Guanajuato.

Ya hoy vemos a los diputados de Acción Nacional, todavía dependientes de la línea del gobernador y su hombre fuerte Juan Carlos Alcántara, haciendo malabares para justificar sus votos a favor de Zamarripa como el próximo y primer fiscal carnal de Guanajuato,

Vemos a los empresarios de Guanajuato, tan indignados con AMLO por las consecuencias del combate al robo de combustibles, aceptando con sumisión un hecho antinatural en la democracia: imponer a un individuo con poder incontrolado para que dure casi dos décadas en un cargo de central importancia para la vida en sociedad, pese a no haber mostrado eficiencia en el cargo.

Esa curva de poder seguirá modificándose en beneficio del superpolicía guanajuatense y en detrimento de sus autoridades civiles. Pronto veremos a diputados panistas, empresarios, grillos de todos los partidos y a los propios medios de comunicación orbitado en torno a la esfera de poder de Zamarripa.

Ya hoy el procurador tiene una importante influencia en el gabinete, gracias a sus acuerdos añejos con Juana de la Cruz Martínez, el cuadro originalmente olivista que ha pervivido en los gobiernos de Márquez y Diego como la más conspicua representante de lo que queda del empresariado yunquista de Guanajuato, cuya cabeza visible es Elías Villegas Torres. Por si fuera poco, en un acto absolutamente extraconstitucional, Zamarripa es el dueño de la Secretaría de Seguridad a través de su compadre Cabeza de Vaca.

Pues bien, a la sombra de todo este poder, que se ha venido fortaleciendo a lo largo de esos nueve años, creció el cártel de Santa Rosa de Lima, algo que en su origen parecía una exageración pero que hoy es una realidad innegable.

Hace seis años, Zamarripa convenció a Miguel Márquez de invertir 3 mil millones de pesos en el sistema de video vigilancia Escudo, con el cual se prometió blindar a Guanajuato. ¿No era posible entonces que, con esa infraestructura, en coordinación con las fuerzas federales desplegadas en el estado, combatir con más eficacia el robo de combustibles? Pues ocurrió precisamente lo contrario. ¿No da esto en qué pensar?

Hoy empieza a asomar la parte oculta del iceberg, esa que todos veíamos menos las autoridades. La estructura del robo de combustibles no solo tenía un paraguas de omisión desde el gobierno local, sino también una estructura de venta y aprovechamiento a través de gasolineras legalmente establecidas, propiedad de algunos de esos mismos empresarios que hoy salen a desgarrarse las vestiduras por la situación.

Y esto no es una especulación, no hay que olvidar la clausura de una estación de servicio en la ciudad de Guanajuato hace dos años, propiedad el ex político Marco Antonio Vergara Larios quien entre otros cargos fue funcionario de la Secretaría de Seguridad en el gobierno de Vicente Fox Quesada.

En medio de todo este panorama, algo queda claro. El robo de combustibles, quizá la operación criminal de mayor calado en México en los últimos años, fuera del tráfico de drogas, tuvo en Guanajuato un escenario ideal, casi paradisiaco. Y eso no ocurrió por casualidad.

Así que ¿otros nueve años a Carlos Zamarripa? ¿En serio? Gracias PAN, tendremos mucho que lamentar en el futuro por este atropello a Guanajuato, a sus ciudadanos y a los principios que antes defendían como partido. Sus consecuencias irán más allá de hacer colas en las gasolineras.