Dentro de los subgrupos de la comunidad LGBT+, siempre las personas transexuales y transgénero han sido las más afectadas.
EL CAMINO RECORRIDO por la comunidad LGBT+ para el reconocimiento pleno de sus derechos no ha sido sencillo; peor aún, no ha concluido en la gran mayoría de países. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce como derechos funcionalmente centrales —en un Estado constitucional— el derecho a votar y a ser votado, así como la libertad de expresión y el derecho a la información. Dichos derechos tienen una doble virtud, una dimensión individual y una dimensión social. Lamentablemente, estos derechos, así como otros más, se han visto mermados para la comunidad LGBT+ a causa del terrible cáncer social de la discriminación.
Los efectos siempre negativos de la discriminación son básicamente tres; el primero, y quizás el más grave, es la vida en violencia, siendo el caso más extremo el asesinato. El segundo es la restricción para acceder a derechos o la negación de ellos. Y, finalmente, el aislamiento. Por citar tan solo algunos datos, mencionaría que la “Encuesta nacional de derechos humanos, discriminación y grupos vulnerables 2015”, realizada por la UNAM, reporta que la cuarta parte de la población mexicana rechaza las muestras públicas de homosexualidad y estaría de acuerdo en que se penalizaran, en tanto que casi 40 por ciento se manifiesta en contra de aprobar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
Ahora bien, dentro de los subgrupos de la comunidad LGBT+ siempre las personas transexuales y transgénero han sido las más afectadas, así como los más invisibilizados en los movimientos reivindicatorios. Otro ejemplo, la “Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México” (EDIS-CdMx 2013) indica que 71.2 por ciento de las personas reconoce que la población trans es discriminada, y de esa cifra, 42 por ciento opina que la discriminación es alta. Asimismo, 4.2 por ciento de la población trans manifestó recibir golpes tan solo por su condición, y 3.8 por ciento, ser excluidas o excluidos por su actividad sexual o simplemente por vivir su propia vida. El 20.8 por ciento de la población enfrenta discriminación y rechazo social por su forma de vestir, y 13.8 por ciento, por su forma de ser.
Derivado de estas terribles situaciones, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco del proceso electoral federal 2017-2018, y gracias al impulso inamovible de las consejeras electorales Adriana M. Favela Herrera y Dania Paola Ravel Cuevas, decidió emprender una serie de acciones con la finalidad de garantizar el acceso a derechos políticos y el ejercicio libre de discriminación de diversas actividades propias de las elecciones. Fue así como, en sesión extraordinaria del 22 de diciembre de 2017, se aprobó por unanimidad de los integrantes con derecho a voto del Consejo General del propio INE, mediante el acuerdo número INE/CG626/2017, el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”.
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El documento aprobado —me atrevería a catalogarlo como inédito en la historia de la democracia mexicana— estableció una serie de medidas de inclusión de aplicación inmediata a su aprobación y progresivas, así como la adopción de ajustes razonables, con la finalidad de erradicar las prácticas de desigualdad de trato y garantizar condiciones de igualdad para la emisión del voto y la participación política de las personas trans (travestis, transgénero y transexuales). Dichas medidas se dieron transversalmente en tres actividades:
Tomando en cuenta el potencial informativo y educativo que tiene la capacitación electoral a los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla el día de la votación, y que esta se realiza en la modalidad formativa en cascada, se estableció la inclusión dentro de la información que se dio, la relativa al ejercicio del voto y derechos político-electorales sin ningún tipo de discriminación, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, como lo es el colectivo de personas trans. Se hizo énfasis en la inclusión y trato igualitario a todas las personas. Se diseñó un cartel de orientación ciudadana que se tituló “¿Quiénes pueden votar?”, para informar sobre el derecho al sufragio de todos los ciudadanos que cuentan con su credencial para votar y estuvieran inscritos en la Lista Nominal de Electores, sin distinción de ningún tipo: por identidad de género, orientación sexual, expresión de género, apariencia, discapacidad, edad, origen étnico, situación de migración o cualquiera otra característica personal y social. Se incluyó en los materiales didácticos que se utilizan como herramienta de consulta en la jornada electoral contenidos relativos al voto de las personas trans. Estas acciones tuvieron un impacto trascendental como estrategia de difusión en materia de respeto de las personas trans, toda vez que, como lo menciona la “Memoria del proceso electoral federal 2017-2018”, publicada por la Dirección del Secretariado del INE, más de 2.7 millones de ciudadanos cumplieron con los requisitos para ser funcionarios de casilla; todas estas personas recibieron información relativa a la no discriminación de personas trans.
PROMOCIÓN DEL VOTO LIBRE Y RAZONADO
Por lo que hace a la promoción del voto libre y razonado, se incorporó en las campañas de difusión la imagen gráfica de las personas de la diversidad sexual; asimismo, se instrumentaron estrategias focalizadas con la finalidad de incentivar el ejercicio del sufragio en este sector de la población y visibilizar a la comunidad LGBT+.
Finalmente, pero de una gran relevancia, se establecieron diversas disposiciones para ser llevadas a cabo el día de la jornada electoral; como fue la relativa a que todas las personas ciudadanas trans que tuvieran credencial para votar vigente y estuvieran inscritas en la Lista Nominal de Electores pudieran emitir su voto el día de la elección. En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentados en ella pudo ser causa para impedir el voto. Asimismo, se instruyó evitar cuestionar a la persona sobre su identidad o realizar actos intimidatorios que invadieran su privacidad y significaran un trato desigual (miradas detenidas e incómodas, preguntas impertinentes sobre sus características físicas o apariencia, gestos y comentarios denigrantes y estereotipados).
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Para la verificación de la implementación del Protocolo trans se realizaron algunas acciones. Una de ellas fue el monitoreo a medios de comunicación y conversaciones en redes sociales. Después de la jornada electoral se detectaron seis comentarios positivos en noticieros y nueve en redes sociales, así como cuatro comentarios negativos respecto a las medidas contenidas en el protocolo.
Otra historia que bien merece la pena traer a colación en este mes del orgullo LGBT+ es la de la credencial para votar. De entrada, en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del INE los funcionarios han sido capacitados en materia de inclusión y no discriminación de manera tal que el trato a la ciudadanía sea igualitario, sin distinguir expresión de género u orientación sexual. Asimismo, en el nuevo modelo de credencial para votar ya es opcional la visibilidad del dato “sexo”, por lo que cualquier persona que desee que no aparezca su sexo podrá solicitarlo al momento de tramitar su credencial o al renovarla. Lo anterior con la finalidad de fortalecer la erradicación de estigmas cuando la apariencia de una persona no corresponde con el sexo que le fue asignado al momento de nacer.
Todavía hay mucho por hacer. Los esfuerzos en México por el acceso a todos los derechos fundamentales para las personas de la comunidad LGBT+, al igual que la democracia, han sido una lucha de muchas personas, de infinidad de organizaciones de la sociedad civil, de marchas, de aliados estratégicos, de algunas instituciones públicas, de varias empresas nacionales y extranjeras que reconocen la diversidad como una de sus fortalezas. Entre estas, doy testimonio personal de lo que se ha hecho en el INE en favor de la comunidad LGBT+, y lo hago con más énfasis en estos tiempos que existe en el ambiente público un fantasma para golpear la autonomía electoral; si permitimos esto, como daño colateral también saldrá afectada esa lucha por el reconocimiento de nuestros derechos.
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Juan Carlos Cuervo es consultor independiente en materia de no discriminación y participación ciudadana.
