El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reveló que se han identificado más de 800 casos en los que familias de personas desaparecidas han sido defraudadas por falsos gestores que les cobran por trámites y apoyos que en realidad son gratuitos.
“Es un grupo de abogados que se dedican a litigar, que cobran a las víctimas por trámites que no deben tener ningún costo. Los apoyos son absolutamente gratuitos y no hay necesidad de contratar despachos. Eso es lucrar con el dolor de la población, y no se debe permitir”, señaló el funcionario.
Jiménez Lona explicó que, aunque las autoridades tienen detectado al despacho que opera en la región del Bajío, hasta el momento no hay denuncias formales, pues las familias acceden de manera voluntaria a contratar estos servicios.
“La importancia es acompañarlos, asesorarlos y que no se dejen engañar”, añadió.
A nivel nacional, organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos han denunciado prácticas de revictimización y fraude contra familias que buscan justicia.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Víctimas (CEAV), los apoyos económicos y legales deben ser totalmente gratuitos, pero en estados como Guanajuato, Jalisco y Veracruz se han detectado esquemas de abogados o supuestos gestores que piden dinero a cambio de acelerar trámites.
En Guanajuato, la Procuraduría de Derechos Humanos ha emitido múltiples recomendaciones a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, precisamente por las irregularidades en la atención a familias.
Aunque la cifra de 800 casos de fraude es alarmante, autoridades estatales han insistido en que es indispensable que las familias denuncien para que se pueda proceder legalmente contra los responsables.
