La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) inició un procedimiento formal para revocar la licencia colectiva de uso de armas de fuego otorgada a NSU Protección, también conocida como Shield Seguridad Privada, empresa propiedad de Mario Abeyta Ruiz y su hijo, Mario Abeyta Meléndrez.
Tras la notificación, realizada en abril de 2025, se desató una disputa legal que pone bajo la lupa la operación de la compañía en el ámbito de la seguridad privada.
El 21 de abril, NSU Protección promovió un juicio de amparo (expediente 957/2025) ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora con la intención de frenar la medida. Sin embargo, el juzgado declaró improcedente la solicitud inicial.
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Frente a esta resolución, adversa para NSU Protección, los propietarios recurrieron al Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, que revocó el fallo y otorgó una suspensión provisional, lo que significa que, por el momento, la decisión de la SEDENA queda sin efectos mientras se resuelve el juicio de fondo.
NSU Protección es una empresa que ofrece servicios de seguridad como protección a personas con escoltas y custodia y traslado de valores, así como vigilancia fija y móvil.
NSU PROTECCIÓN, EN EL OJO DEL HURACÁN
Más allá de los aspectos jurídicos, el caso ha generado preocupación política a nivel local debido a los antecedentes de sus propietarios. Fuentes cercanas a actores políticos en Sonora han señalado que Mario Abeyta Ruiz mantiene presuntos vínculos con el exgobernador Guillermo Padrés, quien ha enfrentado procesos judiciales por corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
De confirmarse estas conexiones, el caso de NSU Protección podría convertirse en un ejemplo emblemático de concesiones indebidas otorgadas durante administraciones pasadas y de cómo ciertas figuras relacionadas con el poder político habrían accedido a licencias y contratos con beneficios extraordinarios.
Aunque la compañía cuenta con permisos federales para la portación de armas otorgados por la SEDENA, ha enfrentado diversos problemas regulatorios. En abril de 2021, por ejemplo, fue suspendida temporalmente en Baja California Sur por operar sin los permisos estatales correspondientes.
Asimismo, en enero de 2024 una docena de sus elementos fueron detenidos en el Estado de México por portar armas y documentos apócrifos durante operaciones contratadas por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que provocó fuertes cuestionamientos sobre sus procesos internos y supervisión. N
