En México, desaparecer no es un hecho aislado ni excepcional: es parte de un sistema que se alimenta de la violencia, el miedo y la impunidad. Así lo afirmó el doctor Jairo Antonio López Pacheco, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, durante la conferencia “Economías del castigo e impunidad estatal: desaparición y búsqueda en el México contemporáneo”, impartida en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Durante las Jornadas Académicas del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, expuso cómo es que estas dinámicas se han arraigado en el país hasta volverse parte de la vida cotidiana.
López Pacheco explicó que detrás de la desaparición de personas opera lo que denomina “economías del castigo”: estructuras económicas y de poder que funcionan tanto en el ámbito legal como en el ilegal, y que encuentran en la violencia una herramienta de regulación. Es decir, pensar la violencia desde su dimensión política: la economía detrás de la violencia en los territorios permanece, por ello las personas siguen despareciendo y la sociedad sigue sujeta a un ciclo de violencia.
“Estas economías se basan en el control y en el miedo, y lo más grave es que ese dinero termina filtrándose hacia lo que llamamos economía legal”, advirtió. La violencia tiene un carácter utilitario y está estrechamente ligada a la economía: el Estado interviene en la regulación de los recursos que sostienen el flujo de las drogas mediante el prohibicionismo.
Sin embargo, el capital generado por este sistema no se queda en los territorios donde se produce la violencia: se desplaza a otros espacios. El investigador invita a cuestionar el origen de ciertas inversiones inmobiliarias y empresariales.
A estas dinámicas se suman las llamadas “geografías del terror”, en las que la violencia no solo destruye vidas, sino que alecciona a comunidades enteras, las desmoviliza y las obliga a adaptarse.
“Nosotros aprendemos a vivir en medio de la violencia; si no, no podríamos vivir. Y al hacerlo, terminamos legitimándola”, sostuvo.
Para López Pacheco, uno de los grandes dramas del país es que la impunidad es la norma: al menos nueve de cada diez casos de desaparición permanecen sin justicia. “Eso es un mensaje abierto del Estado que dice: desaparezcan, no pasa nada”, denunció.
Pero el costo de esa impunidad no se mide en estadísticas, sino en historias.
“El gran drama de México hoy no es solo que haya miles de familias buscando a sus seres queridos, sino que todos los días sale una familia nueva a buscarlos”, señaló.
En medio de ese abandono institucional, las familias de personas desaparecidas se han convertido en actoras políticas, aunque no en el sentido tradicional. Su presencia en el espacio público, explicó, confronta los discursos oficiales que justifican la violencia y busca restituir el valor moral de las vidas arrebatadas.
“Las víctimas movilizadas buscan a víctimas del sistema. No luchan por otra cosa que por encontrar a quienes les arrebataron y por dignificar sus memorias”, expresó.
El académico criticó duramente el enfoque de las autoridades frente a la desaparición, en especial las estrategias de “prevención” revictimizantes que responsabilizan a las familias.
“Les dicen que vigilen que sus hijos no consuman drogas, o que si tienen tatuajes es más fácil identificarlos si desaparecen. Esas no son políticas de prevención; son mecanismos de estigmatización y criminalización”, afirmó.
En contraste con esa narrativa, López Pacheco recordó que toda persona tiene derecho a ser buscada, sin importar su edad, género, origen o condición social. “Cuando las autoridades dicen que alguien desapareció ‘por algo’, lo que hacen es reforzar la exclusión y justificar la violencia”, dijo.
El investigador subrayó que la desaparición no es solo un fenómeno delictivo, sino estructural: responde a redes de poder y economías que se benefician del castigo y el control social.
“La violencia atroz sobre los cuerpos no es un accidente; es parte de la forma en que se regula el territorio”, explicó, y señaló que estos mecanismos también operan desde el Estado.
“La prevención no puede descansar en responsabilizar a individuos ni en negar que el fenómeno existe. Tiene que atacar la impunidad estructural. ¿Cómo una sociedad puede aceptar que haya 130 mil personas desaparecidas y eso no sea un mayor problema?”
