CÉSAR CASAS nació en una familia de empresarios “de cierto renombre y con poder público” en Orizaba, Veracruz. Aunque se preocupaba por las personas en situación de vulnerabilidad, era extremadamente clasista y no trataba bien a la gente que los asistía. Adonde iba, César era reconocido como “el hijo de alguien”, pero sus valores y educación venían de la gente que trabajaba en su hogar y lo había criado. Ante esta realidad contrastante, siempre presente, resolvió hacer algo para eliminar las brechas “que hacen que alguien esté por encima de la ley”.
Inmerso en el mundo de los negocios, se interesó en la defensoría de los derechos humanos. Ideando cómo crear un mundo con igualdad de oportunidades, se propuso empoderar económicamente a las personas en situación de vulnerabilidad.
Como actual presidente de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT+ —que forma parte de una red mundial de cámaras de comercio y acaba de ganar el premio a la mejor cámara LGBT+ del mundo—, trabaja de cuatro formas: 1) vía la institución comprometida con la diversidad: crean espacios libres de discriminación con corporativos multinacionales y gobiernos; 2) por medio del talento diverso, emplean personas en situación de vulnerabilidad en espacios libres de discriminación; 3) a través de la cadena de suministro incluyente: empresas multinacionales y gobiernos consideran en sus compras a proveedores minoritarios o a empresas en situación de vulnerabilidad, y 4) mediante el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, que vinculan “con posibles fondeadores, con benefactores, como la pieza clave que hace falta”.
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La discriminación hacia la comunidad LGB (lesbianas, gays y bisexuales) se estima en 80 billones de dólares en México, lo que equivale, dice Casas, al producto interno bruto de cinco estados del país.
“Hay una correlación entre un derecho ganado, en temas de diversidad, con el producto interno bruto —explica—, pues se estima que, por cada derecho ganado, el producto interno bruto per cápita aumenta 400 dólares. Y en el tema trans, se estima que son 1,200 dólares per cápita, cuando hay un derecho ganado para la comunidad trans”.
—¿Qué supone ampliar estos derechos y evitar la discriminación?
—Cuando nosotros trabajamos, buscamos la equidad. Hay grupos de personas que viven un privilegio que tienen acceso a cualquier trabajo, en condiciones normales pueden trabajar en cualquier empresa. Hay personas que ni siquiera pueden llegar a un proceso de reclutamiento, lo que hacemos es aminorar esa brecha y esas barreras que impiden que las personas no empecemos la carrera al mismo tiempo.
Una de las formas para hacerlo —agrega— es creando espacios que no tengan esas barreras para contratación, promoción y desarrollo de las personas. Otra es vía su red de negocios, que les permite a grupos en situación de vulnerabilidad o LGBT+ poder desarrollar proyectos hasta que lleguen al punto de comercializarlos: “Es un poco irlos acompañando para que lleguen a ese punto y después favorecer las condiciones para que se hagan estas negociaciones con grandes compradores o con compradores en general”.
Cada mes la Federación Mexicana de Empresarios LGBT+ realiza eventos en los que capacitan a los corporativos en temas de diversidad e inclusión. El año pasado hicieron una feria de reclutamiento a la que acudieron 15,000 personas, y el próximo 28 de junio la celebrarán en el Monumento a la Revolución de CDMX y tendrán su venta anual Empower LGBT.
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