ESTADOS UNIDOS pidió a México investigar la posible violación de derechos sindicales en una fábrica de autopartes de una subsidiaria estadounidense en el país. Esta es la segunda solicitud de este tipo en el último mes, en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).
Este pacto, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en julio de 2020, prevé un mecanismo específico de vigilancia de derechos sindicales y el gobierno de Joe Biden ha reiterado que defenderá los derechos de los trabajadores.
La representante comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, y el secretario de Trabajo, Marty Walsh, anunciaron que solicitaron formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que revise si a los trabajadores de la planta de autopartes de Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas, se les han negado sus derechos de libre asociación y negociación colectiva.
“El Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM) fue creado para resolver los conflictos laborales de manera expedita, y este anuncio demuestra nuestro compromiso de utilizar las herramientas del acuerdo para defender a los trabajadores en Estados Unidos y en el exterior”, dijo Tai, vía comunicado de prensa.
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“La capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de asociación y negociación colectiva sin represalias es esencial para la creación de sindicatos independientes en México”, añadió Walsh.
El 12 de mayo, Estados Unidos presentó su primera demanda formal en virtud del TMEC por acusaciones de “graves violaciones” de los derechos de los trabajadores durante la reciente votación sindical en una planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato.
Ahora, la solicitud es en respuesta a una demanda formal presentada contra Tridonex, una subsidiaria de Cardone Industries Inc, con sede en Filadelfia. Firmada por organizaciones laborales, incluida la federación laboral estadounidense AFL-CIO y el sindicato de trabajadores industriales SNITIS de México, la demanda asegura que los trabajadores fueron “acosados y despedidos por intentar organizarse en el SNITIS, un sindicato mexicano independiente”, en lugar de hacerlo con el sindicato respaldado por la dirección de la empresa.
Además, señala que la abogada de los trabajadores, Susana Prieto Terrazas, fue encarcelada durante un mes bajo cargos falsos por el gobernador de Tamaulipas.
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El presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, anotó vía comunicado de prensa que el TMEC requiere que “México ponga fin al reinado de los sindicatos protegidos y sus acuerdos corruptos con los empleadores”.
El TMEC establece que México tiene 10 días para aceptar una revisión a fin de determinar si se produjo una infracción y, si ocurrió, 45 días a partir de este miércoles para remediarla. Si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo sobre la resolución del problema, Estados Unidos puede solicitar que un panel se pronuncie al respecto. N