TANTO REPUBLICANOS COMO DEMÓCRATAS quieren cambiar la ley para dificultar que las compañías de redes sociales eliminen publicaciones. ¿Eso crearía más o menos libertad de expresión? Aquí las reflexiones de dos expertos en el tema.
DEJEN EN PAZ LA SECCIÓN 230
Por Matthew Feeney
EN 1996, EL CONGRESO aprobó la Ley de Decencia en Comunicaciones, la cual incluye la Sección 230. La ley da a los servicios interactivos de computación una inmunidad contra responsabilidades ante casi todos los daños creados por terceros. Ha promovido la innovación y el espíritu emprendedor, permitiendo que las compañías incipientes experimenten con nuevas ideas y productos sin tener que emplear un equipo grande de abogados cuya tarea es vigilar los foros, secciones de comentarios y páginas de eventos. Desgraciadamente, esta ley ampliamente incomprendida sufre un ataque bipartidista.
En el centro de la Sección 230 se halla la responsabilidad personal. La ley declara que tú —no el servicio que usas para compartir contenido— eres responsable de lo que publicas. Hay pocas excepciones, pero en gran medida la Sección 230 impone la responsabilidad de las publicaciones en línea al agente apropiado: el usuario.
La ley abraza la libertad de expresión y asociación. En Estados Unidos somos lo bastante afortunados para gozar de una libertad de expresión que no tiene paralelo en algún otro país. El “discurso de odio” no es una categoría legal, y la gente tiene la libertad de expresar incluso las peores ideas. Somos afortunados por gozar de tanto una libertad de expresión amplia como de la capacidad para disociarnos del contenido horrendo pero legal. El hecho de que la expresión sea legal no significa que se le pueda forzar a un público o lugar reticentes.
Hoy, muchos conservadores parecen resueltos a afectar la responsabilidad personal y la libertad de asociación, en gran medida a causa de un supuesto sesgo anticonservador en Silicon Valley. Dicho sesgo se ha convertido en materia de fe para el movimiento conservador moderno, aunque he hallado poca evidencia de ello. Sí, algo del contenido conservador ha sido eliminado por error. Pero la izquierda política tiene sus propias quejas en ese aspecto, indicando que los errores de los gigantes tecnológicos son más al azar y menos sistemáticos. Pero incluso si los gigantes tecnológicos albergan un sesgo contra los conservadores, las reformas propuestas a la Sección 230 estarían mal informadas.
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Legisladores republicanos han presentado una variedad de proyectos de ley para enmendar la Sección 230. Ninguno de ellos cumpliría la meta de aumentar el discurso conservador en línea mientras tienen el pase constitucional. Por ejemplo, mira la Ley para Detener la Censura de los Gigantes Tecnológicos, propuesta por Kelly Loeffler, senadora republicana por Georgia. El proyecto restringiría las protecciones de la sección 230 para los servicios interactivos de computación que moderan el contenido de una manera de “punto de vista neutral”.
El proyecto de la senadora Loeffler comete un error común que se presenta con regularidad en los debates sobre la sección 230. Los críticos de los gigantes tecnológicos son dados a poner en la mira la Sección 230, cuando el blanco más probable de sus propuestas sería la Primera Enmienda en sí.
La moderación del contenido está protegida por la Primera Enmienda. El Congreso no podría aprobar un proyecto de ley constitucional que le exija a un periódico publicar un artículo de opinión escrito por un negacionista del Holocausto. Incluso si se pudiera forzar a los sitios de redes sociales a albergar toda expresión legal, ¿ello produciría un internet que los conservadores recibirían bien? Difícilmente. Videos de decapitaciones, spam, pornografía, videos de asesinatos y otras atrocidades, todos están protegidos por la Primera Enmienda. Facebook, Twitter, YouTube y muchísimos otros servicios han tomado la decisión comprensible de restringir dicho contenido legal. Si las protecciones de responsabilidad de la Sección 230 se supeditan a una política de moderación de contenido con un “punto de vista neutral”, los usuarios pueden esperar un internet que se asemeje cada vez más a 8chan y Pornhub.
Otras propuestas republicanas ampliarían el alcance del gobierno a expensas de la libertad de asociación. Josh Hawley, senador por Misuri, presentó la Ley para Acabar con el Apoyo a la Censura en Internet. El proyecto supeditaría las protecciones de la Sección 230 en las grandes plataformas a una certificación de neutralidad de la Comisión Federal de Comercio (FTC), la cual exigiría una falta de sesgo político.
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Los senadores republicanos John Kennedy, Lindsey Graham, Roger Wicker, John Thune, John Cornyn y Marsha Blackburn han escrito o propuesto en conjunto proyectos de ley sobre la Sección 230 en el último año, al igual que los senadores demócratas Brian Schatz, Joe Manchin, Richard Blumenthal y otros. No te preocupes por todos los miembros de la Cámara de Representantes que también han presentado proyectos sobre la sección 230.
Incluso si hay un sesgo político en Silicon Valley, la reforma a la Sección 230 no es una solución necesaria. Hay alternativas a los gigantes tecnológicos. El internet es mucho más grande que Google, Facebook y Twitter.
Parler, MeWe, Mastodon, Gab, Minds, BitChute, LBRY, el Sistema de Archivo Interplanetario y muchos otros les dan a los usuarios la oportunidad de conectarse entre sí y compartir ideas. Un puñado de estas compañías, como Parler, BitChute y Gab, surgieron en respuesta al supuesto sesgo anticonservador. Algunos de estos servicios usan políticas de moderación del contenido centralizadas similares a aquellas utilizadas primero por Facebook y Twitter, mientras que otros abrazan políticas de moderación del contenido descentralizadas.
La retórica que retrata a los gigantes tecnológicos teniendo un control absoluto de la expresión en línea tergiversa el estado de la situación y solo ofrece una hipérbole inútil. Compararlo con el autoritario gobierno chino y aseverar que cuando Twitter bloquea las ligas a un reportaje, esto constituye “interferencia electoral”, solo les resta valor a las afirmaciones conservadoras. Twitter y Facebook no pueden encarcelarte o bloquearte por usar a sus competidores, y una compañía privada que bloquee el acceso a contenido embarazoso para una figura política solo es “interferencia electoral” si todo caso en el que canales de TV, periódicos y revistas deciden rechazar un artículo o reportaje también es “interferencia electoral”. Si es tal el caso, el término ha perdido todo significado útil.
REFORMEN LA SECCIÓN 230 AHORA
Por Will Chamberlain
Algunas pendientes son en verdad resbaladizas. Hace dos años, Twitter prohibió en su plataforma al conspirólogo Alex Jones afirmando que su cuenta había “violado su política de comportamiento abusivo”. Este mes, Twitter restringió las cuentas de Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca; la cuenta oficial de la campaña del equipo de Trump, e incluso de The New York Post, por la publicación de unos correos electrónicos que sugerían fuertemente que Hunter Biden usó su influencia y envió sobornos al exvicepresidente Joe Biden. En otras palabras, Twitter hace una interferencia a favor de la planilla Biden-Harris.
Algo está mal, y parece que finalmente hay la fuerza para usar una legislación para meter al redil a estos arrogantes gigantes tecnológicos. Las acciones recientes de Twitter han traído al frente las quejas de toda la vida contra la Sección 230 de la Ley de Decencia en Comunicaciones. Al hacerlo, también ha traído al frente a los defensores del estatuto, quienes insisten en que “funciona” y que no hay un “arreglo rápido” a un acuerdo querido y desequilibrado en favor de los gigantes tecnológicos.
Esto está mal. La Sección 230 “funciona” solo en la medida en que les da a las plataformas tecnológicas una carta blanca para administrar sus plataformas sin restricciones del agravio legal. En los primeros días del internet, eso era defendible, para crear un espacio para la innovación, la experimentación e incluso la protección. Pero las redes sociales ahora son un mercado maduro, y el escudo a la responsabilidad en la Sección 230 ahora hace más para promover la censura que otra cosa.
La Sección 230(c)(2) protege a las plataformas de redes sociales contra la responsabilidad si actúan “de buena fe” para restringir o eliminar material que consideren como “objetable”. Esta estipulación tiene tres problemas básicos: no define “de buena fe”, les permite a las plataformas eliminar contenido “por lo demás objetable” y les da a las plataformas una carta blanca para determinar qué constituye un contenido “objetable”.
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El Departamento de Justicia, encabezado por el procurador general Bill Barr, ha ofrecido una propuesta legislativa para abordar estos problemas. Primero, la propuesta del Departamento de Justicia revisa la Sección 230(c)(2)(A) para reducir el rango de contenido removible. Esto significa que las plataformas ya no podrán tener discreción total para eliminar contenido meramente “objetable”. Segundo, requerirá que las plataformas tengan una “creencia objetivamente razonable” de que el contenido es removible. Tercero, el Departamento de Justicia propuso revisiones que definen lo que significa “de buena fe” en el contexto de la moderación de contenido. Para que se entienda que las plataformas actúan “de buena fe”, la definición del Departamento de Justicia les exigirá apegarse a sus propios términos de servicio, abstenerse de restringir el acceso a material con bases engañosas o que suenen a un pretexto, aplicar sus términos de servicio de manera equitativa y notificar a cualquiera cuyo contenido la plataforma desea eliminar.
La Sección 230 no se diseñó para dar una inmunidad general a las compañías que usan su poder para censurar el discurso político. Aun cuando monitorear el contenido publicado por sus usuarios es importante, el gobierno federal debe garantizar que no cubra a quienes cubren al público de los pensamientos e ideas de unos y otros. De costa a costa, los estadounidenses demasiado a menudo reportan que las plataformas en línea etiquetan su contenido como inapropiado, a pesar de apegarse a los términos de servicio de la plataforma. Y cuando los medios de comunicación reportan este fenómeno, las plataformas a menudo mueven la portería, haciendo cambios inexplicables a sus políticas de por sí arbitrarias.
La propuesta del Departamento de Justicia ofrece protecciones reales y sustanciales que beneficiarían a todos los estadounidenses que usen las redes sociales. Por ello es que es el enfoque correcto.
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En respuesta, los defensores de los gigantes tecnológicos dan dos argumentos principales. Primero, argumentan que, siendo compañías privadas, Facebook y Twitter deberían tener el derecho de censurar cualquier contenido que deseen. Segundo, argumentan que revocar la Sección 230 solo llevaría a más censura, ya que, sin la protección contra la responsabilidad, ellos serían renuentes a permitir que se publique en sus plataformas cualquier contenido que pudiera ser siquiera ilegal.
La primera preocupación es errónea. Nuestra sociedad ha reconocido que el derecho de los estadounidenses de participar en la sociedad tiene prioridad sobre los derechos de libre asociación de los proveedores comunes. Ese principio afianza nuestras leyes de derechos civiles y nuestras leyes de proveedores comunes, y debería ser la base de nuestras leyes que regulan la censura en las grandes plataformas de redes sociales.
La segunda preocupación es inapropiada. Hay unas cuantas propuestas serias para revocar la Sección 230 de plano. Ese enfoque, de hecho, haría que las plataformas de redes sociales censuraran más contenido. Pero reformar la Sección 230 como lo ha propuesto el Departamento de Justicia les daría a las plataformas el incentivo de adoptar términos de servicio justos, aplicar esos términos de manera consistente y pensarlo dos veces antes de prohibir usuarios por una expresión legal. Nuestro discurso político, y la salud de nuestra democracia, serán mejores gracias a ello. N
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Matthew Feeney es director del Proyecto de Tecnologías Emergentes del Instituto Cato.
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Will Chamberlain es alto consejero del Proyecto de Responsabilidad en Internet, un grupo conservador defensor sin fines de lucro.
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Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de los autores. Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
