HACE UN AÑO, Chile comenzó a vivir uno de los episodios más trágicos y a la vez más transformadores de las últimas décadas. A partir del 18 de octubre de 2019, miles de personas se movilizaron en demanda de condiciones de vida dignas en un país tremendamente desigual. Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, aunque hubo actos que generaron daño a infraestructura y medios de transporte. En tanto, el gobierno del presidente Sebastián Piñera respondió decretando estado de emergencia constitucional, lo que permitió sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para gestionar el orden público junto a Carabineros, la policía chilena. Esta estrategia, lejos de calmar los ánimos, avivó las protestas.
Fue así como, de un día para otro, y pese a que las Fuerzas Armadas no tienen como rol el control público de manifestaciones, nos encontramos en las calles con su presencia intimidante que trajo consecuencias nefastas. Según Amnistía Internacional, existen antecedentes de que utilizaron munición letal en varias oportunidades, dispararon contra personas que se manifestaban e hirieron de gravedad. Indudablemente lo más duro fue conocer las muertes que dejó su feroz paso por la reciente historia del país.
En Chile, hablar de las Fuerzas Armadas implica para muchos rememorar la acción militar que dio paso a la dictadura de Augusto Pinochet, y con ello a las horrorosas violaciones a los derechos humanos que ya conocemos y que aún no olvidamos. El “nunca más” que tanto ha exigido la ciudadanía chilena, en octubre de 2019, se pisoteó con desprecio una vez más.
Para no olvidar lo que pasó en aquel octubre, lo mínimo que debemos hacer es rememorar y pedir justicia para las víctimas de las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas. Por su parte, las instituciones del país deben hacer todo lo posible por avanzar hacia la verdad, justicia, reparación, y dar garantías de no repetición a una sociedad chilena tan maltratada por todo lo sucedido.
Romario Veloz tenía 26 años y una hija de tres. Era ecuatoriano, pero vivía en Chile desde pequeño. La información sobre su nacionalidad no es trivial cuando se escucha a su madre, Mery Cortez, quien relata entre tristeza y rabia: “A mi hijo lo mataron porque era el único negro que estaba en ese momento, para su asesino fue un blanco fácil”.
El domingo 20 de octubre de 2019 se realizó una marcha en la ciudad de La Serena a la que Romario se sumó. Su madre le dijo: “No vayas, esa guerra no es tuya. Esa guerra es de los chilenos”. Pero él le respondió que iría “porque quería luchar por los derechos de su hija”. Ya desde la marcha le envió un video a su mamá enseñándole que todo estaba tranquilo. Sin embargo, esto cambió tras pasar cerca de un centro comercial que había sido saqueado momentos antes y con fuerte presencia militar. Fue en este momento cuando Romario cayó al suelo por un balazo que habría sido disparado por personal del ejército, esto incluso cuando el toque de queda aún no partía.
De inmediato, diversos videos circularon en redes sociales mostrando lo sucedido. Uno de ellos llegó a las manos de Mery, quien con profundo dolor reconoció las zapatillas rojas de su hijo en el cuerpo del hombre que yacía en el suelo.
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En esta marcha también resultaron gravemente heridos César Véliz y Rolando Robledo. De ellos poco se habla. César tenía 36 años, un hijo de diez y trabajaba de manera informal cuando sufrió el ataque, situación de vulnerabilidad que claramente ha empeorado por las secuelas que quedaron en su estado de salud. Esa tarde del 20 de octubre, mientras marchaba vio caer a un hombre herido y él se acercó para ver qué pasaba. César nos relata que mantuvo las manos en alto mientras miraba a los militares que disparaban. En cosas de segundos recibió una bala que entró por su rodilla y quedó alojada, hasta el día de hoy, en su muslo cerca de la aorta. Ningún militar lo auxilió. Estuvo hospitalizado casi un mes, luego en silla de ruedas y ahora con muletas. Su salud sigue impactada por aquel disparo inexplicable.
La persona a quien César Véliz vio en el suelo y quiso ayudar antes de ser impactado por la bala fue Rolando Robledo. Este hombre tenía 41 años y vivía en condiciones muy vulnerables. Producto del disparo sufrió graves heridas en el abdomen, lo que le provocó la pérdida del bazo, partes del intestino y otros órganos vitales; esta situación lo tuvo varios días en coma y postrado cerca de tres meses. Hoy, por las graves secuelas que le acompañan, no es autovalente y depende del cuidado de su familia incluso para sus necesidades más básicas.
¿Y EL 28 DE OCTUBRE?
Al cumplirse un año del ataque que sufrieron estas personas, las familias siguen esperando que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Adriana Rojas, abogada que lleva los tres casos mencionados anteriormente, acusa falta de colaboración por parte del Ejército en el proceso, lo que se suma a que todavía esta entidad no ha iniciado un sumario administrativo. Sin embargo, un paso importante se dará el próximo 28 de octubre, cuando se realice la audiencia de formalización de un capitán del ejército por los delitos de violencia innecesaria, lesiones graves y homicidio. Cabe mencionar que el uniformado sigue activo en la institución.
Cerca de La Serena, en la ciudad de Coquimbo, el lunes 21 de octubre otro joven de 24 años también murió por un impacto de balines disparados a quemarropa y a muy corta distancia. Kevin Gómez era padre de una niña de dos años y trabajaba como operador de maquinaria. Aquella noche de toque de queda, cuando la ciudad estaba muy agitada y había saqueos, recibió un disparo desde una patrulla militar. De acuerdo con declaraciones de testigos y videos caseros, el militar disparó a Kevin por la espalda, sin aviso y a corta distancia a pesar de que el joven se encontraba desarmado.
“De cierta manera yo estaba de acuerdo con que los militares salieran a las calles porque la policía estaba siendo sobrepasada, pero solo era para poner orden. Orden no significa matar a la gente. ¿Por qué no lo detuvieron simplemente?”, nos relata Víctor, hermano de Kevin.
El fiscal a cargo indicó que el funcionario disparó su arma fuera de la reglamentación legal, por lo que fue imputado en noviembre de 2019 y pasó a cumplir prisión preventiva en el regimiento de La Serena. A un año de este hecho y, pese a que el militar está confeso, aún la investigación no concluye. Recientemente la defensa ha vuelto a pedir extensión del plazo para investigar, pero la familia solicitó que se proceda al cierre. Cuesta entender entonces por qué la justicia no llega en el nombre de Kevin, cuando pareciera ser que hay antecedentes suficientes sobre la mesa, al menos, para iniciar un juicio.
En el sur de Chile, en la ciudad de Talcahuano, Manuel Rebolledo, de 23 años, junto a su hermano miraban de cerca una manifestación que había en el lugar aquella tarde del 21 de octubre. Ya había partido el toque de queda, así que personal de las Fuerzas Armadas llegó al sitio. Al instante, la gente salió corriendo y se dispersó hacia diferentes direcciones. Fue en ese momento cuando un camión de Infantería de Marina salió de la calzada, subió hasta la vereda y atropelló a Manuel pasando por completo sobre su cuerpo; lo cual no podía significar otra cosa que la muerte.
El principal inculpado sería un cabo primero de la Armada, quien fue formalizado por cuasidelito de homicidio; pues curiosamente el hecho fue tratado como un accidente de tránsito. Tal como el mismo ministro de Defensa de ese momento, Alberto Espina, lo definió. Por cierto, el infante de Marina no quedó detenido y continúa en sus funciones. Tanto la familia de Manuel como el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron una querella por homicidio. El abogado de la familia Marcelo Villena considera que “la conducta sería dolosa porque, según las imágenes que existen, en ningún momento se intentó evitar arrollar a la víctima”.
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La familia de Manuel Rebolledo, quien era padre de una pequeña de un año, acusa retrasos excesivos en la investigación. De hecho, la reconstitución de escena se pospuso en varias ocasiones y tan solo se realizó a casi a un año de su muerte.
Fueron entre cinco y diez días, dependiendo de la región, en que funcionarios de las Fuerzas Armadas circularon por las calles de Chile y lo hicieron, por supuesto, con vehículos y armamento de guerra cuya finalidad es producir daño.
Romario Veloz, César Véliz, Rolando Robledo, Kevin Gómez y Manuel Rebolledo y sus familias conocieron del horror que esto significó.
A un año de estos hechos, el llamado es claro: es urgente que se investiguen y sancionen con premura e imparcialidad a quienes apretaron el gatillo como también a quienes permitieron o evitaron que esto ocurriera. Ninguna violación a los derechos humanos debe quedar impune.
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Ilsen Jara es directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile.
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Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que realiza labores de investigación, campañas e incidencia para la promoción y defensa de los derechos humanos en más de 160 países, independiente de cualquier gobierno, ideología política, interés económico y religión.
