El juicio del trabajador de ayuda humanitaria Scott Warren por acusaciones de ocultar y transportar a migrantes indocumentados comenzó este miércoles en Tucson, Arizona. Warren está acusado de haber actuado para “esconder, refugiar y proteger contra su detención” a una pareja de inmigrantes que habían cruzado ilegalmente la frontera estadounidense provenientes de México, al alimentarlos y darles acceso a un refugio durante varios días.

Los activistas están furiosos debido a que el Departamento de Justicia aplica estatutos de tráfico de personas a una organización de beneficencia por dar refugio y alimentación, y existe una creciente preocupación de que este caso pudiera establecer un precedente para acusar de delitos similares a las organizaciones comunitarias de los vecindarios de origen hispano en todo Estados Unidos.

“La criminalización de las labores de ayuda humanitaria resulta muy atemorizante”, declaró a Newsweek Justine Orlovsky-Schnitzler, vocera del grupo humanitario No More Deaths (No más muertes), en el que Warren trabajaba como voluntario. “Esto tiene implicaciones muy amplias para muchos grupos de personas”.

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En años recientes, organizaciones como No More Deaths han disfrutado de una relación de cierta cooperación y beneficio mutuo con los organismos de aplicación de la ley. La organización Catholic Community Services of Southern Arizona (Servicios Comunitarios Católicos del Sur de Arizona) en Tucson, periódicamente recibe solicitudes del organismo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para alojar migrantes.

Robin Reineke, directora del Centro Colibrí para los Derechos Humanos en Tucson, señaló en una declaración jurada ante el tribunal en el caso de Warren que su organización “ha trabajado estrechamente con el organismo de Búsqueda, Traumatismos y Rescate de la Patrulla Fronteriza”, que es la división del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que realiza operaciones de rescate de emergencia.

“Durante muchos años, trabajamos estrechamente con la Patrulla Fronteriza”, escribió en la declaración. “Y sé que la Patrulla Fronteriza también trabajó en cooperación con No More Deaths”.

Sin embargo, afirmó que la “relación de cooperación” cambió en 2017, después de que la Patrulla Fronteriza realizó una incursión en el Campamento Byrd, que es una instalación médica dirigida por No More Deaths donde se proporciona atención urgente a migrantes lesionados tras realizar un viaje, generalmente peligroso, a través del desierto de Arizona.

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Orlovsky-Schnitzler declaró a Newsweek que No More Deaths continúa “tratando de establecer una relación de cooperación con las autoridades migratorias”.

La relación cada vez más discrepante entre los agentes de migración y las organizaciones sin fines de lucro en las líneas frontales de la crisis migratoria subraya no solo la incapacidad del gobierno para hacer frente al flujo de migrantes provenientes de Centroamérica, sino también, como se ve claramente en el caso de Warren, el riesgo operativo de proporcionar servicios a la comunidad de origen hispano.

“Todos los procesos legales contra los activistas de No More Deaths se relacionan con el tipo de ayuda humanitaria básica que muchas organizaciones proporcionan en todo el país”, declaró a Newsweek Katherine Franke, directora del Proyecto sobre Leyes, Derechos y Religión de la Facultad de Derecho de Columbia. “Según los términos de esas acusaciones, si alguien pone alimentos o agua o cualquier otra ayuda, se arriesga a enfrentar una acusación federal”.

Franke, que presentó un amicus curiae (opinión voluntaria) en apoyo del argumento de Warren de realizar un trabajo de ayuda humanitaria por motivos religiosos, señaló que la fiscalía envía “un mensaje perturbador” a los trabajadores religiosos como Warren “que están interesados en la santidad de la vida”.

“Scott tiene una profunda creencia espiritual sobre la tierra en la que habita”, explicó Orlovsky-Schnitzler. “Piensa que toda vida humana es sagrada y merece ser reconocida”.

Si los trabajadores de rescate no son protegidos contra acusaciones federales debido a la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, que proporciona una protección legal para los acusados que actúen en apoyo de una creencia religiosa sincera, a los defensores les preocupa la forma en que el gobierno de Trump podría expandir su uso de los procesos legales para disuadir el trabajo con los migrantes, algo que, con frecuencia, se realiza bajo los auspicios de una entidad religiosa.

“Ciertamente, hay un efecto absolutamente estremecedor para los activistas de los refugios que trabajan con No More Deaths y otras organizaciones similares”, dijo Franke. “Estaremos mirando por encima de nuestros hombros para asegurarnos de que el gobierno federal no esté vigilando el suministro de ayuda básica a las personas, a riesgo de ser acusados de apoyar o permitir la inmigración ilegal, lo cual no hacemos”.

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Para Franke, la postura del gobierno sobre los alegatos por motivos religiosos en el caso de Warren es especialmente hipócrita, teniendo en cuenta que el Departamento de Justicia “está más que feliz al ir al rescate de personas que tienen alegatos relacionados con la libertad religiosa que son marginales, cuando no enteramente fabricados”, refiriéndose a los muy publicitados casos en los que el Departamento ha intervenido para apoyar a demandantes que, entre otras cosas, se negaron a proporcionar servicios a clientes de la comunidad LGBT por motivos religiosos

Ella califica estos diferentes enfoques del Departamento de Justicia como “una contradicción en la forma en que apoyan la libertad religiosa”.

Y en cuanto al trabajo humanitario en la frontera, realizado por las organizaciones que, como No More Deaths, enfrentan ahora un futuro legal incierto, no existen planes para detenerlo en un futuro próximo.

“Francamente, el trabajo continúa porque la necesidad continua”, señaló Orlovsky-Schnitzler.

“Independientemente de la criminalización y de lo que ocurre en los tribunales, las personas siguen muriendo en el desierto. Queremos tener la oportunidad de ayudar a esas personas”.

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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek