La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva pidió el viernes ante la justicia brasileña y ante la ONU medidas cautelares que impidan que el expresidente brasileño sea arrestado si no se presenta antes de las 17:00 (hora local) en Curitiba para empezar a cumplir una pena de más de doce años de cárcel por corrupción.
El exmandatario de izquierda, favorito de cara a las elecciones de octubre pasó la noche en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo (en el cinturón industrial de Sao Paulo), frente al cual permanecieron en vigilia decenas de simpatizantes durante toda la noche.
En varias ocasiones, Lula se asomaba a una ventana para saludarlos, levantando gritos de “¡Lula inocente, Lula presidente!”.
A media mañana, el grupo se fue incrementando, hasta llegar a unas dos mil personas, comprobó una periodista de la AFP.
“Estaremos aquí el tiempo que haga falta. Hay gente decidida a todo”, dijo Luciano Oliveira, de 24 años. “El presidente no debe entregarse, porque uno se entrega cuando hizo algo errado y él no es culpable”.
Unos metros más cerca de la entrada principal del sindicato, Renata Swiecik, una cajera desempleada de 31 años y madre de cuatro hijos, está igualmente determinada. “Estamos aquí para resistir hasta el fin. Lula no será encarcelado y volverá a ser presidente para ayudar al pueblo”.
Lula, de 72 años, fue condenado a doce años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, como propietario de un apartamento ofrecido por una constructora para obtener contratos en Petrobras.
Pero el exmandatario (2003-2010) se declara inocente y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que vuelva al poder.
El exsindicalista se encuentra ahora ante una de las disyuntivas más dramáticas de su vida, desde que el juez anticorrupción Sergio Moro emitiera la víspera una orden de detención, concediéndole, “en consideración de la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente” ante la Policía Federal de esa ciudad en un plazo de 24 horas.
Pero sus defensores presentaron al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) una medida cautelar que bloquee la orden de arresto, alegando que ésta fue emitida sin que el tribunal de apelación de Porto Alegre analizara las objeciones presentadas contra el rechazo inicial de los recursos.
También solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que intervenga ante el gobierno brasileño para impedir el encarcelamiento de Lula hasta que sus objeciones sean analizadas.
Lula estuvo 31 días detenido en 1980, cuando dirigía las grandes huelgas obreras contra la dictadura militar (1964-1985).
Movilizaciones
El Partido de los Trabajadores (PT), del exmandatario, convocó a una “movilización general” contra la detención de su líder.
El Movimiento de Trabajadores rurales Sin Tierra (MST) inició por su lado una campaña de cortes de carreteras, para expresar su “indignación contra la inminente detención del compañero Lula”.
Informes de prensa señalaron piquetes de carreteras en varios estados, como Minas Gerais o Sao Paulo.
“Lula va a tener que resistir hasta el fin. No huirá. Y este pueblo no lo entregará. Vamos a cerrar la calle, permanecer en la puerta y enfrentar a la policía. ¿Por qué no?”, dijo a la AFP Adimir José da Silva, de 57 años, miembro del sindicato ferroviario ABC.
Otros manifestantes se mostraban más prudentes.
“Lula tendrá que resistir, pero en algún momento tendrá que entregarse. Los militantes aceptaremos cualquier decisión que él tome”, afirmó Michelle Baza, una farmacéutica de 37 años, militante del PT.
¿Candidato entre rejas?
Paradójicamente, la ley brasileña permitiría que Lula hiciera precampaña desde la cárcel, ya que su postulación solo podría ser invalidada en agosto por la justicia electoral, que impide participar en comicios a personas condenadas en segunda instancia, como es su caso desde enero.
El PT podría verse forzado a cambiar de candidato a último momento.
En ese caso, quedaría por ver cuál es su capacidad de transferir votos a otros candidatos de izquierda, para unas elecciones que se anuncian como las más inciertas desde la restauración de la democracia en 1985.
