Pablo Escobar formó durante la década de 1980 un ejército de adolescentes pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia.
Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.
El martes la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido.
Un video al que tuvo acceso la agencia de noticias AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y pantalones anchos. En un momento saca un arma y apunta; suenan disparos y Uribe cae. La multitud se dispersa en pánico. De acuerdo con la fiscalía, el implicado le propinó tres tiros.
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“Esto no es algo excepcional para Colombia”, asegura Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia.
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, indicó el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves.
Solo en 2024 cerca de 5,000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.
¿CUÁNTO PAGAN LOS GRUPOS ILEGALES A LOS MENORES POR MATAR? LA REALIDAD DE COLOMBIA
Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.
“Están buscando soluciones rápidas para obtener dinero porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica.
Un 33 por ciento de los colombianos son pobres. Y casi 4 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.
Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, señala.
Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.
Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF) dice que, en buena parte de los casos, las mafias provocan que los menores cometan delitos a partir del consumo de sustancias psicoactivas.
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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, comenta el penalista Francisco Bernate.
Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender las consecuencias de sus actos”.
“No solo en Colombia, sino en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, agrega.
La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.
En contexto, el 22 de marzo de 1990 el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años.
“Ese muchacho duró un poco más de un año detenido y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta el periodista y académico, Jorge Cardona.
El autor del libro Días de Memoria, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más: el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven de 20 años dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos. N
(Con información de AFP)
