Entre las iniciativas que fueron presentadas, se encuentra la relacionada a buscar reformar la Ley Municipal y la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, además de otra que tiene como finalidad expedir la Ley de Amnistía del Estado de Aguascalientes.
En el apartado de Asuntos Generales, la diputada Laura Ponce Luna, presentó una iniciativa para reformar el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobierno del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados con el fin de otorgar licencias con goce de sueldo a padres que tengan hijos o personas adultas mayores con problemas renales para que los acompañen a que les realicen su diálisis o hemodiálisis.
La legisladora Ponce Luna señaló que será el Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales quien expedirá al trabajador una constancia, a fin de que el patrón o patrones respectivos tengan conocimiento de la situación, para que se otorgue la licencia correspondiente.
Enseguida, el diputado José de Jesús Altamira Acosta, propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, con la finalidad de regular la subcontratación; para quedar como a continuación se especifica:
Artículo 38.– Se podrá subcontratar cualquier parte de la obra bajo las siguientes condiciones: que no sea la parte preponderante de la obra; que sean servicios u obras complementarias que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante del contratista y dicha subcontratación se realice con personas físicas o morales que cuenten con el Registro de Prestadores de Servicios u Obras Especializadas vigente de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
En su oportunidad, el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, presentó una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo del artículo 150 y 151 de la Ley del Seguro Social.
El objeto la iniciativa consiste en incrementar de ocho a dieciséis semanas el periodo posterior a la desocupación laboral del trabajador, para que en dicho lapso conserve el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria por parte del Seguro Social.
El congresista explicó que con ello, el trabajador desempleado gozará de un periodo mayor de tiempo, en el cual contará con la atención integral médica del IMSS tanto para su salud personal como la de su cónyuge, hijos y sus ascendientes cuando sean sus dependientes económicos.