LA ALTA Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a los Estados a adoptar una estrategia “transformadora” para erradicar el racismo sistémico que “asola al mundo”.
Michelle Bachelet presentó este lunes un informe que lista una serie de violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y derechos políticos que sufren a diario las personas afrodescendientes en distintos países y jurisdicciones.
El estudio respondió a una disposición del Consejo de Derechos Humanos, que tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos, ordenó en junio del año pasado un análisis exhaustivo del racismo sistémico, las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos de los africanos y los afrodescendientes por los agentes del orden, las respuestas gubernamentales a las protestas pacíficas contra el racismo y la rendición de cuentas y las reparaciones a las víctimas.
Los resultados del informe revelaron que si bien hay un reconocimiento “largamente postergado” del racismo forzado por la movilización mundial a favor de la justicia racial, hace falta una respuesta sistémica por tratarse de un problema sistémico.
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“El status quo es insostenible. Es preciso aplicar una estrategia amplia y no un enfoque fragmentario para desmantelar sistemas basados en siglos de violencia y discriminación. Necesitamos un enfoque transformador que aborde los ámbitos interconectados que impulsan el racismo y desembocan reiteradamente en tragedias que podrían evitarse, como la muerte de George Floyd”, dijo Bachelet.
El informe, basado en consultas con más de 340 personas, la mayoría afrodescendientes; e información de los Estados, material del dominio público y consultas con expertos, resalta las desigualdades y la marcada marginación política y socioeconómica que afecta a los afrodescendientes en numerosos Estados.
Destaca que particularmente en Norte y Sudamérica y Europa, es desproporcionada la cantidad de personas que vive en la pobreza y enfrenta grandes obstáculos para ejercer sus derechos a la educación, a la salud, el empleo, la vivienda adecuada, el agua potable y la participación en la vida pública, entre otras garantías fundamentales. N
