LA COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptar medidas provisionales para proteger los derechos de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera, y sus núcleos familiares, quienes se encuentran en una situación de “extrema gravedad” y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua.
A pesar de la vigencia de medidas cautelares otorgadas a favor entre 2018 y 2019 (MC 918-18, MC 671-18 y MC 1525-18), las personas identificadas continúan en situación de riesgo que se incrementó en el contexto actual de crisis de derechos humanos en el país.
Particularmente, las personas identificadas buscan participar de las elecciones generales de noviembre de 2021 desde los espacios políticos de oposición que representan.
“En tal sentido, se destaca que las mismas son personalidades públicas, integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de la Unidad Nacional Azul y Blanco; con un rol de liderazgo y visibilidad en contra de las medidas impulsadas por el actual gobierno de Nicaragua desde abril de 2018, y se habrían manifestado en oposición a las acciones represivas estatales en contra de la población civil en el contexto de crisis de derechos humanos. Además, buscan que las elecciones generales de noviembre de 2021 sean democráticas”, informó en un comunicado la CIDH.
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La información recibida sugiere que “la privación de libertad de estas personas guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciarles mediante represalias y con ello enviar un mensaje de castigo a las personas que se manifiesten o protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual gobierno de Nicaragua en las próximas elecciones.
“Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera siguen estando en riesgo que afecta su vida e integridad personal. Al respecto, existen indicios de arbitrariedad en la detención realizada en junio de 2021 relacionada con la utilización de un marco normativo que termina criminalizando a la oposición; además, no se cuenta con información concreta sobre sus condiciones actuales de detención o paradero exacto ni de las medidas efectivas para proteger sus derechos en riesgo ni las presuntas violaciones al debido proceso en sus causas”.
La CIDH dijo que la situación resulta de especial preocupación, “sobre todo ante el hecho que actualmente se encontrarían bajo custodia del Estado, y sin información sobre las medidas concretas adoptadas por el Estado frente a los hechos alegados”.
La Comisión consideró que sus derechos se encuentran seriamente en riesgo y que las personas identificadas están expuestas a ser objeto de actos de violencia.
Del mismo modo, “se encuentran en riesgo las personas integrantes de sus núcleos de familiares en tanto pueden ser objeto de represalias por su vinculación familiar y las acciones que realicen para demandar justicia por el actuar del Estado tras las detenciones de las personas identificadas”, informó. N
