Dos misiones de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron expulsadas este miércoles por el gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, que las acusó de “injerencista” y de ser parcializadas en su evaluación de la situación del país.
“Le comunico la suspensión temporal de la presencia y visita de la CIDH y del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI) hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y asuntos internos”, señala una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El gobierno también ordenó la salida “inmediata” del Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI), creado por la CIDH para evaluar la situación de derechos humanos en el país.
Los integrantes de las misiones anunciaron que abandonarán el país este jueves.
La orden fue dictada un día antes de que la GIEI presentara un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua en las primeras semanas de las protestas contra el gobierno de Ortega.
La carta, leída en presencia de los delegados del MESENI y el GIEI por el canciller, Denis Moncada, acusa a las dos entidades de “falta de imparcialidad y objetividad” y de mostrar “una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del gobierno de Estados Unidos en contra de Nicaragua”.
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La Secretaría General de la OEA emitió un comunicado en Washington, donde “rechaza en los términos más categóricos” la expulsión del MESENI y el GIEI, y advirtió que esa decisión “adentra aún más a Nicaragua en el terreno del autoritarismo”.
Esa acción “es característica de quienes pretenden que no se haga justicia y perpetuar la impunidad”, y recordó que para la OEA la protección de los derechos humanos en Nicaragua es una “prioridad absoluta” y continuará dando seguimiento y denunciando hasta que retorne la democracia y los “crímenes sean esclarecidos, en tribunales nacionales o en la jurisdicción que pueda corresponder”.
La CIDH reiteró su compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos e insistió en que seguirá monitoreando el cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales contraídas voluntariamente.
El MESENI y el GIEI se instalaron en Nicaragua el 24 de junio y el 3 de julio, respectivamente, tras acuerdos alcanzados con la Organización de Estados Americanos (OEA), y han documentado denuncias sobre violaciones a derechos humanos.
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El GIEI, cuya misión era colaborar con las autoridades en la investigación de los hechos de violencia entre el 18 de abril y 30 de mayo, actuó al margen de lo establecido en los acuerdos al realizar entrevistas directas con las víctimas, según la cancillería.
“Los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos penales son de exclusiva competencia” de la policía y la fiscalía, alegó el gobierno.
El coordinador del GIEI, el italiano Amerigo Incalcaterra, negó los señalamientos de que no colaboró con las tareas para las cuales fue invitado.
“Estamos viendo a dónde ir y organizando la salida”, dijo Incalcaterra, tras agregar que “salimos mañana (jueves) porque hoy (miércoles) no hay vuelos”.
“Se nos ha recomendado no presentar el informe” del GIEI sobre derechos humanos en Nicaragua, dijo Incalcaterra.
La representante del MESENI, Ana Maria Tello, manifestó en rueda de prensa que esa entidad va a continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua desde Washington.
“Todo este equipo está comprometido muy fuertemente con los derechos humanos, pero especialmente con la verdad, la justicia y la garantía de no repetición” de los hechos, agregó.
El gobierno de Ortega también acusó a Almagro de participar en una “escalada criminal, injerencista y de promover acciones terroristas” en contra del país, al llamar a la comunidad internacional a “asfixiar a la dictadura que se viene instalando” en Nicaragua.
Aseguró en la carta que el secretario de la OEA impulsa “una campaña irresponsable, infame y calumniosa, en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
La expulsión de las organizaciones se da en momentos en que el gobierno de Ortega canceló la personería jurídica de organismos locales de derechos humanos y allanó sus sedes y las de medios de prensa independientes.
En septiembre, el gobierno también expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), tras señalar que un informe sobre la situación de derechos humanos fue parcializado, subjetivo y se extralimitó en sus competencias.
