El director del diario Confidencial denuncia al jefe de la policía de Nicaragua


El director del diario Confidencial denuncia al jefe de la policía de Nicaragua por allanar y decomisar bienes



El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro denunció este miércoles ante la fiscalía al jefe de la policía, Francisco Díaz, por “robo, usurpación de dominio y crimen organizado”, al allanar y decomisar bienes del diario Confidencial y otros medios críticos del gobierno de Daniel Ortega.

“Se esta produciendo una violación, usurpación del dominio privado y crimen organizado (…) y señalo como responsable a la policía y a su jefe, el director general Francisco Díaz”, dijo Chamorro tras interponer su denuncia. 

La policía allanó y posteriormente ocupó el viernes pasado las oficinas del diario digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, medios investigación dirigidos por Chamorro.

La acción policial fue calificada por Chamorro como “un robo masivo de equipos, documentos institucionales, contables y objetos personales” de él, otros periodistas y personal de apoyo.

Chamorro llegó a la ficalía acompañado de trabajadores y su esposa Desire Elizondo, quien es dueña de una empresa consultora que operaba en las mismas instalaciones. Hombres vestidos de civil filmaron a quienes interpusieron la denuncia y a los periodistas que cubrían el evento.

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También interpuso un recurso de amparo ante el tribunal de apelaciones.

Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la ocupación de Confidencial.

El sábado el propietario de Confidencial y otros periodistas fueron agredidos con lujo de violencia por antimotines, cuando llegó a la Policía a pedir explicación por la toma de sus oficinas sin orden judicial.

El allanamiento y ocupación de los bienes de las empresas periodísticas de Chamorro es parte de las acciones contra nueve organizaciones cívicas y de derechos humanos a las que el parlamento les quitó su estatus legal y les acusó de golpistas y terroristas. 

El periodista asegura que sus empresas tienen registro en la propiedad mercantil y no tienen relación con las organizaciones perseguidas, en el contexto de las protestas antigubernamentales que estallaron en abril, que dejaron más de 320 muertos, centenares de detenidos y miles de refugiados en países vecinos.

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