Más de 700 niños migrantes siguen en custodia de las autoridades de Estados Unidos y no fueron reunidos con familiares antes de este jueves, como lo ordenó un juez federal.
Los menores forman parte de un segundo grupo de 2,551 niños y adolescentes de entre cinco y 18 años, de los que 1,820 salieron de los albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para ser entregados a sus padres o representantes.
El juez Dana Sabraw dispuso hace un mes un plazo para que entre 2,500 y 3,000 niños fueran entregados a sus padres: primero los menores de 5 años, y luego los de 5 a 18.
El Departamento de Justicia (DOJ) indicó el jueves, en un balance entregado a la corte, que esperaba que todos los niños “considerados elegibles para reunificación” serían entregados a sus familias antes de que terminara el plazo legal, a la medianoche en Los Ángele.
De los 1,820, 1,420 fueron reunidos con sus padres en instalaciones de la policía migratoria ICE y 378 liberados en “otras circunstancias”, como los entregados al padre u otro pariente en libertad.
“El gobierno no va a reunir a todas las familias que separó”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que introdujo la demanda en San Diego que llevó a Sabraw a fijar el plazo.
En ese informe legal, ACLU fijó posición. Destacó que “según los propios datos de la defensa, docenas de niños separados aún no han sido emparejados con un padre y cerca de 1.000 padres permanecen separados de sus hijos. Esto incluye a casi 500 padres que fueron expulsados del país, muy probablemente sin sus hijos”.
Esos indocumentados deportados (431) forman parte del grupo con el que no se pudieron reunir 711 niños “no elegibles”, que implica también que los vínculos familiares no pudieron ser confirmados, o que los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados.
Según el DOJ, los padres de 120 niños decidieron la no reunificación.
Este balance será discutido en una audiencia el viernes en San Diego y si Sabraw considera que el gobierno no cumplió con el plazo, podría declararlo en “desacato” y sancionarlo.
Las polémicas separaciones comenzaron en mayo, en el marco de la política de “cero tolerancia” de Donald Trump, cuando los migrantes que entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo, eran detenidos y procesados en masa. En consecuencia, miles de niños fueron separados de sus padres o tutores y enviados a albergues en todo el país.
Esa política levantó una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, especialmente tras la difusión de un audio -presuntamente obtenido en un albergue- en el que se escucha a niños pequeños llorando y llamando a sus padres, que en su mayoría migraron para huir de la violencia de las pandillas en América Central.
El gobierno de Trump anunció el fin de esa política tras aplicarla por seis semanas, permitiendo la reunión de cientos de familias.
“Secuestro y abuso infantil”
Entre las peticiones de ACLU, destaca la exigencia de un plazo de siete días desde la reunificación para que las familias puedan discutir su siguiente paso: si luchan por el asilo, si el adulto sale y el niño se queda, o si ambos aceptan ser deportados.
“El plan del gobierno es reunificarlos y removerlos, creemos incluso que el mismo día sin tiempo para ninguna discusión”, indicó el abogado, que denunció que muchos migrantes firmaron, sin entenderlo, un confuso permiso para renunciar a la custodia de sus hijos y ser deportados solos.
De hecho, en su informe, el DOJ acepta “la evidencia” de ACLU de que “muchos padres no entendieron que estaban firmando su derecho para reunirse con sus niños. De hecho, muchos desean ser reunificados”.
“La parte acusadora está buscando asegurarse que todos los padres que supuestamente renunciaron a la reunificación puedan hablar con abogados”.
La Asociación de abogados migratorios de Estados Unidos (AILA) exhortó por su parte al gobierno a que disponga lo necesario “para el regreso de los más de 400 padres deportados sin sus niños”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en una entrevista con Fox News que tenía “la intención de reunir a todas las familias que podamos”.
Pero ubicar a los padres que fueron deportados a México o América Central será una tarea larga y complicada. Gelernt dijo que ya comenzó un trabajo “detectivesco”.
Parlamentarios demócratas, que visitaron recientemente centros de detención cerca de la frontera, acusaron al gobierno de continuar separando familias.
“Creo que Estados Unidos está involucrado en secuestro y abuso infantil, y que alguien debe rendir cuentas por estos crímenes”, zanjó el congresista Jan Schakowsky.
Hasta la fecha, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía bajo custodia, en refugios por todo el país, a 11,500 niños clasificados como Menores Extranjeros No Acompañados (UACs, en inglés).
Esa cifra incluye niños y adolescentes que entraron ilegalmente a Estados Unidos sin compañía de un adulto. Pero también contabiliza a menores que entraron con sus familias, fueron separados y luego reclasificados como UACs al llegar a los albergues.
Hasta el 16 de julio, 44,210 migrantes adultos estaban bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos.
